El Gobierno valenciano ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá terminar en la Comunidad Valenciana con el llamado “impuesto a la muerte” derivado del pago por sucesiones y donaciones. A este cambio regulatorio se suma también Canarias, que ha aprobado un decreto ley para bonificar al 99,9% eses mismo gravamen.
“Vamos a aprobar algo muy importante, un compromiso muy especial que es la aprobación del proyecto de ley por el que vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Se acaba el impuesto a la muerte para los hijos, para los cónyuges, para los padres, en la Comunidad Valenciana”, ha explicado el presidente de la región, Carlos Mazón.
El gobierno valenciano aprobó en anteriores plenos esa decisión de acabar con el impuesto a la muerte. Desde el Ejecutivo rechazan que los ciudadanos de la Comunidad tengan que seguir pagando impuestos en un momento tan complicado como la muerte de un familiar y pagar por duplicado, por hacerse cargo de bienes que de los que sus familiares ya han pagado impuestos durante toda su vida.
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Solo en Castellón, serán aproximadamente unas 2.000 personas, más todas sus familias, las que se verán beneficiadas por esta modificación llevada a cabo, al tiempo que ha apuntado que supondrá aproximadamente un montante de 24 millones de euros que se quedarán en los bolsillos de todas esas familias para hacer con ellos lo que libremente quieran. Una medida que responde a que en la Comunidad Valenciana eran 5.000 las personas que al año tenían que renunciar a sus herencias por no poderse hacer cargo de ese impuesto de sucesiones o donaciones.
Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto-ley para bonificar al 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones por lo que dejará de ingresar unos 18 millones de euros anuales, medida que afectará básicamente al tramo familiar —hijos, cónyuges, tíos y sobrinos mientras que en donaciones se deja fuera a los familiares de tercer o cuarto grado y los externos—.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha justificado la medida afirmando que los ciudadanos ya pagan una “sobreimposición” a través del IRPF, el impuesto de patrimonio, la plusvalía y el impuesto sobre el valor de los terrenos. Asimismo, ha advertido de que hay un “elevado” coste de asesoramiento porque muchas familias dejan prescribir el impuesto y después acuden a asesorías para su tramitación lo que supone “costes añadidos muy gravosos”, especialmente en rentas medias y bajas.
Ha dicho también que hasta 2.000 canarios renunciaron el año pasado a su herencia por no poder hacerle frente y las bases liquidables declaradas en el impuesto el año pasado tienen una media de 35.000 en sucesiones y 40.000 en donaciones, datos similares en lo que va de año, lo que demuestra que no se elimina un impuesto a las clases de mayor poder adquisitivo.