PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas registran la ley para que se puedan usar las lenguas cooficiales en la investidura de Feijóo

PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG han registrado este miércoles la proposición de ley para permitir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso. En concreto, la iniciativa legislativa propone la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, que establece el derecho de los diputados y diputadas a usar cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos.

“En consecuencia, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicará las iniciativas en la lengua oficial en la que se hayan presentado, además de en castellano”, apostillan fuentes socialistas. Junts, que también acordó esta norma con el PSOE para apoyar a la socialista Francina Armengol en la votación de la Mesa del Congreso, no ha firmado la propuesta al entender que “no forman parte de ningún bloque”, según fuentes del partido independentista.

De cara a implementar esta norma lo antes posible, que se aprobará con lectura única el próximo 20 de septiembre, el Congreso dispondrá desde la próxima sesión de investidura de los servicios precisos de traducción e interpretación para que las intervenciones orales puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales.

Te puede interesar: Las condiciones de Junts y ERC para permitir que Francina Armengol presida la Mesa del Congreso

Asimismo, el texto legal prevé un plazo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano. “Durante este periodo, los diputados y diputadas que presenten sus escritos en una lengua oficial que no sea el castellano, deberán acompañar la traducción en dicha lengua”, añaden fuentes del grupo socialista.

También, el PSOE destaca que en el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones plenarias, la Diputación Permanente y las Comisiones, tanto en la lengua en la que se hubiesen pronunciado, como en castellano.

Los partidos firmantes han pedido la tramitación directa y con lectura única de la reforma. En este sentido, estas fuentes avanzan que la Mesa del Congreso calificará la iniciativa en su reunión de la semana próxima y se debatirá y votará en un pleno extraordinario la semana siguiente, en concreto, el 20 de septiembre.

Desde el PSOE inciden en que esta modificación del reglamento responde al compromiso anunciado por la presidenta del Congreso el día de su elección, de permitir la utilización de todas las lenguas oficiales desde esa misma sesión constitutiva. “El uso de las lenguas oficiales trae a la Cámara Baja la pluralidad lingüística y responde al mandato constitucional para que el ‘patrimonio cultural’ de las ‘lenguas españolas’ sea ‘objeto de especial respeto y protección”, remachan desde el grupo socialista.

Por su parte, ERC manifiesta que este paso “certifica” el acuerdo alcanzado entre los partidos que conforman la Mesa del Congreso, PSOE y Sumar, con los republicamos para conformar una mayoría progresista en este órgano. “Este entendimiento da salida a una reivindicación histórica y permitirá el uso del catalán, el occitano -aranés en el Aran- y el resto de lenguas oficiales en todos los trabajos y debates parlamentarios así como la publicación de los Diarios de Sesiones y el registro de todos los textos”, añaden fuentes del grupo liderado por Gabriel Rufián.

En texto legislativo sigue esta senda y se escuda en que la Constitución, desde su propio preámbulo, “proclama la voluntad de proteger las lenguas de ‘todos los españoles y pueblos de España’, y en su artículo tercero, además de reconocer que serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, establece que serán objeto ‘de especial respeto y protección’”.

Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado mediante diversas resoluciones la realidad plurilingüe y “ve en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido”. De igual forma, el Tribunal Supremo ha recordado que la regulación del régimen lingüístico incide sobre materias de considerable importancia, simbólica y afectiva, en la estructuración autonómica del Estado.