Eva lleva 23 años con un auricular colgado de una oreja. Es teleoperadora del 061, teléfono de atención del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, y su jornada consiste en derivar a médicos, enfermeros o ambulancias aquellos pacientes que se ponen en contacto y solicitan atención sanitaria. “Algunas veces te llaman por una gripe, pero a veces, a la persona que te llama le está dando un infarto y tú lo estás escuchando”, relata la mujer.
Como Eva, otros cien trabajadores del servicio telefónico, dependiente de la Comunidad de Madrid, pero externalizado a una empresa privada, se declararon en pie de guerra hace ahora seis meses. A la precariedad y al estrés se le sumó un desplazamiento de las oficinas al que se han negado en rotundo. El pasado febrero pasaron las oficinas de un centro de Legazpi al Hospital Isabel Zendal. “He salido de allí a las 15.00 y he llegado a casa a las 16.30, antes no era así”, se lamenta Eva, que a sus 49 años ve cómo de pronto tiene que cruzarse Madrid. Los trabajadores aseguran que la mudanza se debe al “único propósito de justificar la existencia del Zendal, para capricho de Ayuso”.
Esa jugada de la Consejería de Sanidad fue la definitiva para que todo el servicio de atención de llamadas del 112 decidiera organizar una huelga que ya dura más de cinco meses para exigir mejoras salariales y la rectificación del traslado del lugar de trabajo. Han pasado 200 días desde aquello y la Consejería de Sanidad remite como responsable a la empresa, Servitelco, y esta devuelve el balón al tejado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es la que fija un presupuesto para que una entidad privada gestione el departamento. La partida destinada es en torno a 3 millones de euros para este servicio, que, según estima SUMMA112, realiza un total de 1,2 millones de servicios al año.
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“Cobro 1.100 euros después de 23 años en el puesto, y eso porque tengo las pagas prorrateadas. Un día normal atiendo 200, lo normal es no parar en toda la jornada”, sostiene Eva. Además, la teleoperadora sostiene que tienen “mucha responsabilidad” y que “las llamadas son muy fuertes”. Atender, en muchos casos, conversaciones que pueden ser de vida o muerte, es un estrés añadido al puesto de trabajo. En total, el equipo atiende entre 3.000 y 6.000 llamadas en un solo día.
Jornada máxima de 1.550 horas y salario base de 1.450 euros
Las demandas que solicitan los trabajadores son, básicamente, reducir la jornada máxima anual a 1.550 horas (al ser un trabajo estresante, esta reducción supondría 200 horas al año menos para compensar la carga emocional), un salario base de 1.450 euros al mes, pluses ocasionales y uno por trienios y que la empresa disponga de un autobús que traslade a los empleados hasta el Zendal, muy alejado respecto al anterior puesto en el céntrico barrio madrileño de Legazpi.
Vladimir, del comité de huelga, ha comprobado de primera mano que las demandas caen en saco roto a pesar de su medio año de lucha: “Se las hacemos a la empresa, que es la que nos contrata. Las negociaciones empezaron con ella, pero la empresa se lava las manos porque dice que depende del contrato de externalización”. Infobae España no ha podido hablar con la empresa.
Por su parte, la Consejería de Sanidad sostiene que “ha habido varías reuniones como gesto de diálogo”, pero que “es a su empresa a la que deben dirigirle las demandas de mejoras de condiciones laborales, tanto en lo referente a jornada, como mejoras salariales”.
Los trabajadores, además, reclaman que la huelga convocada ha sido boicoteada por la Consejería, ya que ha designado al 100% del personal como servicios mínimos. “Hemos denunciado a la Comunidad de Madrid por servicios mínimos abusivos”, asegura el Comité de Huelga. Han pasado seis meses y nadie sabe nada de mejoras, con las renuncias que el malestar ha provocado.