Feijóo aprovecha las exigencias de Puigdemont para consagrar su ‘abrazo’ con Abascal y silenciar las críticas internas

Un año y medio ha tardado en llegar la foto del ‘abrazo’ entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Desde que Feijóo asumió la dirección del partido, todas habían sido robadas o esquivadas, a través de reuniones secretas y alejadas de los focos. Solo había una fotografía de ambos saludándose durante el desfile del Día de la Hispanidad, el 12 de Octubre de 2022. Desde entonces, no ha habido rastro gráfico de un encuentro, pero eso ha cambiado este martes.

La instantánea se ha producido el 5 de septiembre, en el Congreso de los Diputados y pasadas las 10 de la mañana. La reunión entre Feijóo y Abascal ha durado aproximadamente una hora y cuarto y la mayor novedad se ha plasmado, fundamentalmente, en imágenes: caras sonrientes y un apretón de manos. Y es que la última vez que ambos se reunieron cara a cara fue a los pocos días de que se celebrasen las elecciones del 23 de julio, lo que solo pudo constatar la prensa escrita, ya que no hubo rastro de ese encuentro hasta pasados varios días.

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Pero la fotografía no ha sido casual. Ha venido después de la irrupción de Carles Puigdemont en el tablero de juego político con la exigencia de una amnistía que, para el PP y Vox, es inaceptable. “Vivimos en un momento de excepción democrática”, aireó Santiago Abascal tras la reunión con Feijóo, en la que le aseguró el sí de sus 33 parlamentarios en su investidura, abriendo así una “etapa de entendimiento” entre ambos partidos.

El apoyo de Vox al PP es firme, según constatan fuentes del partido, que incluso bendicen la petición de Feijóo a Sánchez para que le permitiese gobernar con el apoyo de sus diputados durante dos años con la condición de repetir las elecciones transcurrido ese periodo. Y es que las exigencias de Junts se han convertido en la panacea política para los dos partidos: Vox coge aire de la mano del PP tras unos meses duros tras su desplome en las urnas y la marcha de dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros, y los populares acallan las críticas internas por abrirse a los contactos con Junts.

Además de consagrar su relación con Vox por lo que considera una buena causa, Feijóo consigue frenar el goteo de declaraciones de dirigentes de su partido que durante estos días han criticado su acercamiento con Junts. Fueron sonadas las de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, que aseveró que este partido sí era su rival, así como las de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Madrid, que en una tribuna en el diario El Mundo aseveró que ese acercamiento le parecía un “suicidio” y un “crimen” al entender que se blanquea a un prófugo como Puigdemont y se legitiman las cesiones de Sánchez.

Tampoco ha pasado desapercibida la reacción de Ayuso a las exigencias de Puigdemont. La baronesa madrileña las ha calificado como una “estafa masiva contra el Estado”, lo que contrasta con el silencio casi atronador que guardaba cuando Feijóo aún sostenía su intención de reunirse con su grupo en el Congreso.

Con la nueva postura del partido, las críticas quedan silenciadas y la decisión del líder nacional resulta aplaudida. “Feijóo cumple con su palabra en defensa de la igualdad y acierta”, concluyó Álvarez de Toledo tras conocer el nuevo modus operandi del partido, que se debe, según fuentes de la Dirección Nacional, a que Puigdemont ha endurecido sus exigencias al fijar la amnistía como una condición previa a la investidura.

Para Feijóo tanto la amnistía como el referéndum para la autodeterminación de Cataluña son “ilegales” y no caben en la Constitución, por lo que ambas exigencias resultan inasumibles tanto para su partido como para cualquier “demócrata”. De hecho, ha señalado que la única solución alternativa, si el PSOE no acepta la oferta del PP, sería la repetición electoral.

“Espero que a nadie se le ocurra aprobar leyes a sabiendas de que son ilegales”, aseveró Feijóo en declaraciones desde Canarias, donde hoy se reunirá con el presidente insular, Fernando Clavijo. De hecho, el líder del PP cree que la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, no debería de tramitar ese proyecto de ley, que en el caso de que pase por el Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, será rechazado por sus parlamentarios.