Máxima expectación en España ante el discurso pronunciado por el líder y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, desde Bruselas. Una vez oído, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, renunció a reunirse con Junts después de escuchar sus condiciones para negociar el apoyo de Junts a una investidura pese a que eran previsibles. A ojos de los socialistas, estas premisas pueden encajar “en el marco de la Constitución”, además de reconocer que el discurso del expresidente de la Generalitat no fue “demasiado confrontativo”.
La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, destacó que las posiciones del Gobierno “están en las antípodas”, pero también remarcó las condiciones de los de Pedro Sánchez para negociar una eventual investidura en caso de que fracase la de Feijóo: “Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo; tenemos un marco, que es la Constitución; y tenemos un objetivo, que es la convivencia. Hoy nadie puede negar, es incuestionable, que la situación en Cataluña es infinitamente mejor de lo que era hace cinco años”.
Y, dentro de estos parámetros, más allá de no desdeñar las propuestas de Junts, entre las que figuran la amnistía como principal línea roja de partida –Puigdemont relegó el referéndum a una segunda fase de la negociación–, fuentes de la parte socialista del Gobierno señalan que en la Carta Magna “cabe la convivencia” y recuerdan que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que “apuestan por la convivencia”.
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Tanto en Moncloa como en el PSOE señalan que será el tribunal de garantías el que determine si la amnistía es constitucional, pero no cierran la puerta a un acuerdo en este sentido ni niegan su encaje constitucional, aunque todavía se rechace hablar de fórmulas concretas. A diferencia de los socialistas, Sumar ya habla abiertamente de que este instrumento jurídico “tiene encaje constitucional” y, en este contexto, su portavoz, Ernest Urtasun, recomendó a los dirigentes del PSOE no ser “prisioneros del término amnistía”.
La Constitución “no suprime” la amnistía
En este sentido, fuentes jurídicas proclives a esta medida señalan a Infobae España que la Carta Magna “no suprime” la amnistía como sí prohíbe los indultos generales. Asimismo, estas voces rescatan una sentencia del Constitucional de 25 de noviembre de 1986 en la que dice que “es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa”. También, que “es el legislador el que puede precisar el régimen jurídico y determinar si la norma tiene el carácter o no de una amnistía”.
Más allá de dejar la puerta abierta, desde Moncloa trasladan optimismo de cara un acuerdo para una eventual investidura de Pedro Sánchez. La precaución es máxima y no quieren hablar de negociaciones con los grupos parlamentarios de cara a reeditar el Gobierno de coalición mientras el proceso de la investidura de Feijóo siga pendiente. “Les pido que comprendan que actuaremos con esa concreción y transparencia cuando formalmente el jefe del Estado pida al presidente en funciones que encabece la investidura”, añadió Isabel Rodríguez.
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Sin embargo, después del discurso de Puigdemont, fuentes cercanas al presiente del Gobierno en funciones ratifican las palabras de Pedro Sánchez pronunciadas este lunes, en las que dejaba claro su intención de volver a formar un gobierno progresista “sin dilación”, siempre y cuando reciba el encargo del rey. “Los números son los que son, y eso no ha cambiado”, remachan fuentes de Moncloa.
El Govern celebra la declaración de Puigdemont
El Govern catalán, liderado por Pere Aragonès, celebró la declaración de Puigdemont. A través de su portavoz, Patrícia Plaja, los republicanos entienden que “ahora sí Junts se decante por la vía de la negociación que el presidente Aragonès ha defendido desde el primer minuto de la legislatura, para avanzar hacia el fin de la represión y el fin del conflicto a través de que los ciudadanos catalanes puedan votar”.
Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez entienden que los independentistas y los nacionalistas –en el caso del PNV, el lehendakari, Iñigo Urkullu propuso una reforma del modelo territorial– “están en su derecho” de poner sus exigencias encima de la mesa, pero se reafirman: “Tendremos que hablar cuando nos toque”.