La pensión de invalidez es un subsidio que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando ve reducida o anulada su capacidad laboral por enfermedad o accidente. Los ciudadanos también se pueden acoger a esta prestación si tienen alguna patología que pueda poner en apuros el desarrollo de su actividad profesional. No obstante, en ambos casos, los potenciales beneficiarios tienen que cumplir con una serie de requisitos para tener acceso al subsidio.
La Seguridad Social cuenta con hasta cuatro grados de incapacidad permanente: total, parcial, absoluta y gran invalidez. El organismo encargado de determinar la prestación reconocida es el Equipo de Valoración de Incapacidades, también conocido como Tribunal Médico. Las pensiones contributivas por invalidez están pensadas para dotar de cierto poder adquisitivo a las personas de entre 18 y 65 años que padecen alguna de las enfermedades contempladas o tienen un grado de discapacidad por encima del 65%.
Muchas veces, para cobrar una de estas prestaciones, los beneficiarios deben acreditar un nivel de cotizaciones que, de no cumplirse, los aboca a buscar otras alternativas. No existe un mínimo de años específico, puesto que cada caso tiene sus particularidades. En este contexto, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) prevé una asignación económica, además de asistencia médica y servicios complementarios gratuitos, para los trabajadores que no hayan cotizado el tiempo suficiente como para tener acceso a una pensión contributiva.
Las pensiones no contributivas del Imserso
Los trabajadores, para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, tienen que tener más de 18 años y menos de 65. Además, deben residir en territorio español, como mínimo, desde los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Los potenciales beneficiarios también tendrán que acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. El objetivo de estos subsidios no es otro que mitigar la pérdida de ingresos de las familias y cubrir sus necesidades básicas de vida.
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La solicitud de las pensiones no contributivas se formaliza a través de las oficinas de los Servicios Sociales de cada una de las comunidades autónomas, del Imserso o de la Seguridad Social. Las tareas de gestión y reconocimiento corren a cargo de las propias autonomías, que tienen transferidas estas competencias. En el caso de Ceuta y Melilla, esta función la asume directamente el personal del Imserso. El importe de estos subsidios asciende hasta los 484,61 euros mensuales, aunque la cuantía puede aumentar cuando el beneficiario tiene responsabilidades familiares.
Otro de los requisitos fundamentales para acceder a esta prestación es cumplir con la carencia de rentas, es decir, los ingresos personales del solicitante, en el cómputo anual para 2023, no pueden superar los 6.784,54 euros anuales. El Imserso considera unidad económica de convivencia a estos efectos la que integran el beneficiario y otras personas unidas por matrimonio, lazos de adopción o parentesco de consanguinidad (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos). Los pensionistas con un grado de discapacidad superior al 75% pueden recibir además un complemento del 50% de la pensión si acreditan la necesidad de un tercero para realizar las actividades vitales más básicas.