El Congreso vive la quinta legislatura de la marmota con un nuevo intento para desempolvar los secretos oficiales

Nueva legislatura, nuevo intento para desempolvar los secretos oficiales. El PNV ha vuelto a la carga al presentar por quinta vez desde 2016 su proposición de ley para reformar la norma promulgada por Francisco Franco en abril de 1968. La última legislatura era una gran oportunidad para acometer este mandato, pero se quedó en un cajón ante la intención del Gobierno de impulsar la suya propia.

La norma vigente franquista entiende por materias clasificadas “aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la nación y que constituyen los verdaderos secretos oficiales”.

En octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, la iniciativa se modificó parcialmente para acotar los responsables de determinar esta clasificación. Y, desde entonces, sólo el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, y el Consejo de Jefes de Estado Mayor son quienes deciden sobre si una información es calificada como secreta o reservada (según el grado de protección).

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Esta reforma legal “trajo aparejada sucesivas Resoluciones de la Presidencia del Congreso de los Diputados, sobre secretos oficiales, a fin de establecer, al amparo del artículo 72 de la Constitución, el procedimiento para el ejercicio de la facultad constitucional de la Cámara de recabar información al Gobierno ex artículo 109 de la Constitución española”, recuerda el partido liderado por Aitor Esteban en el Congreso.

En esencia, el texto legislativo de la formación vasca pretende incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

“Procede ahora abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad”, explican los jeltzales en la propuesta registrada en el Congreso el pasado 29 de agosto.

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Cabe destacar que esta desclasificación de información oficial ha sido reclamada por historiadores e investigadores, pues permitiría levantar el velo de las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la Transición, el golpe de Estado fallido del 23-F, la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976 o los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González, entre otras cuestiones históricas.

Pero en la reciente legislatura, la norma se volvió a ver postergada en el trámite parlamentario, sumida en una continua ampliación del plazo de enmiendas en la Comisión Constitucional. Esta situación continuó hasta el final de la legislatura, cuya duración se acortó unos meses por el adelanto electoral. No obstante, la pelota estaba antes de eso en el tejado del Gobierno.

Y es que, en el marco de las negociaciones del PSOE para destensar sus relaciones con ERC y otros socios a raíz del estallido del caso Pegasus, el Ministerio liderado por Félix Bolaños impulsó el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que aprobó el Consejo de Ministros en primera vuelta en agosto de 2022. No sin críticas de la oposición, pues la norma del actual Ejecutivo en funciones incorpora cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información, llegando a fijar un mínimo de 50 años para guardar los “altos secretos” de Estado.

Aunque la sombra de la incertidumbre se posa sobre la actual legislatura, el nuevo periodo parlamentario abre otra vez esta ventana de oportunidad, con PNV volviendo a ser relevante para la formación de un nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez, toda vez que se constate el fracaso de la investidura de Feijóo