Un juez de Bilbao autoriza a un preso a que tenga un vis a vis con su perro, que va a ser sacrificado

No es nada normal. De hecho, asociaciones de funcionarios de prisiones aseguran que es el primer caso que conocen. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 del País Vasco, con sede en Bilbao, ha concedido a un preso del Centro Penitenciario de Martutene (en Guipúzcoa) la posibilidad de poder ver a su mascota, un perro que va a ser sacrificado por su mal estado de salud, en un vis a vis que este recluso va a mantener con sus familiares.

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Infobae España, el juez ha decidido tomar esta decisión después de que el interno hiciera esta solicitud a mediados de junio tras conocer que su perro iba a ser sacrificado. Quería verlo por última vez. El juez consultó entonces con el psicólogo de la prisión para que le ayudara a argumentar una decisión al respecto. Tras esas consultas y los informes favorables, el magistrado autorizó el pasado 1 de agosto el vis a vis, pero con ciertas condiciones.

El animal debe ser llevado a la prisión por un familiar al que se le haya concedido también la comunicación vis a vis, y acreditar con certificado que el animal estaba a punto de ser sacrificado. Además, “el trayecto desde la entrada del Centro Penitenciario hasta la dependencia de vis a vis debe ser con bozal y atado con correa”. Por último, en caso de que el animal ensucie la zona de encuentro, “el interno limpiará las dependencias”, según la resolución judicial.

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Aunque esta decisión se puede encuadrar como un gesto de compasión que el juez ha tomado para que el recluso se puede despedir de su perro, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) asegura que se muestran “perplejos” ante la deriva de “declive imparable” que están tomando las prisiones españolas. Los funcionarios inciden en dos aspectos. En primer lugar, que un centro penitenciario es un espacio especial con unas normas muy específicas. “Quieren que los delincuentes tengan los mismos derechos que en libertad, pero olvidan la seguridad que debe imperar en un centro penitenciario. Y lo más importante, no hay ninguna regulación para episodios como este. Quién tiene la responsabilidad sobre el animal si, por ejemplo, muerde a alguien: ¿el juez, la administración, el recluso o el funcionario”?, se pregunta Rafael Paniza, portavoz de la APFP.

En segundo lugar, Paniza asegura que “quieren vender progresismo a toda costa, pero están distorsionando lo que es una prisión, olvidando lo más relevante, las mejoras laborales y de seguridad en el trabajo de los empleados de los centros penitenciarios. Hay agresiones diarias a funcionarios, pero de eso no quieren saber nada, no se ocupan de mejorar nuestras condiciones, de darnos protección legal e institucional a la hora de trabajar. Así, aumentan las faltas de respeto, los insultos, las amenazas y las agresiones y cada vez nos resulta más difícil mantener la autoridad y el buen orden”.

A principios de agosto se hizo pública otra decisión polémica. En este caso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Pamplona autorizó a una presa a usar un ‘satisfyer’, el conocido juguete erótico femenino, después de que el centro penitenciario donde cumple condena se lo prohibiese al considerarlo un artículo peligroso, según adelantó el digital ‘The Objective’. La dirección de la prisión se lo requisó porque el “uso compartido” podría “propagar enfermedades entre internos” y ser “un riesgo para los funcionarios que tenían que inspeccionarlo por exponerles de manera innecesaria a patógenos y bacterias”. La reclusa recurrió ante el juez y la justicia le dio la razón. Podrá usarlo, pero con condiciones: no podrá compartirlo y podrá usarlo de noche durante un tiempo limitado.

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