Las 13 familias desahuciadas de sus casas y ahora denunciadas por dormir en la calle: “Nos quitan las tiendas y dormimos en el suelo”

Un acuerdo con el jardinero de la plaza es el único hilo de humanidad que han recibido desde su desahucio. El trabajador hace la vista gorda y desactiva los aspersores para que no se empape el precario campamento instalado en el parque Cuartel Huertas, frente a los juzgados de Móstoles. “Ahora estamos esperando a que termine de regar”, relata una de las mujeres desahuciadas en el municipio de la Comunidad de Madrid.

Allí instalados aún resisten los remanentes de las 18 familias que fueron forzadas a abandonar sus hogares a mediados de julio. El bloque llevaba años abandonado y tras varias compraventas, el nuevo propietario activó el protocolo para expulsarlos sin negociación u oferta de alquileres mediante. La gran mayoría de los afectados no tenía alternativa habitacional, contexto que no cambió la decisión de la Justicia ni varió la hoja de ruta del ayuntamiento de Móstoles, que despachó a las familias sin garantías. El campamento improvisado ha sufrido ya varios intentos de desalojo por parte de la Policía.

Algunos han logrado apañarse tras el desahucio, pero todavía hay 13 familias sin casa. Las duras olas de calor que ha sufrido España entre julio y agosto han apaciguado un poco el drama y las noches no han sido tan violentas, aunque de madrugada el frío asomaba durante unas horas y ha sido una inclemencia más a tener en cuenta: “Con el frío es peor. Por las mañanas nos quitan las tiendas y dormimos en el suelo. Hemos llegado a un acuerdo con el jardinero para que no nos ponga los aspersores automáticos y nos moje y el acuerdo es que por la mañana quitemos todo, lo pongamos en otro lado para que pueda regar y luego lo volvemos a poner”, relata una de las mujeres que malvive allí.

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Estos vecinos eran residentes del edificio La Dignidad, denominado así durante años, cuando albergó muchas familias sin recursos y elegido porque estaba abandonado por sus propietarios. Un espacio ocupado que varias familias aprovecharon para, desde ahí, reorganizar sus vidas y poder reincorporarse al sistema. Todos los inquilinos dejaron claro que su intención no era ocupar casas, sino pagar alquileres dignos, pero quedaron imposibilitados a asumir precios como los que ahora impone el mercado inmobiliario. La cuestión de la vivienda está tan tensionada que en España se producen 100 desahucios al día.

Muchos de ellos denuncian además que han sido multados por la policía municipal y “amenazados” con ir detenidos si no abandonan el lugar que habitan desde que ya no tienen casas. “De momento somos seis multados... y amenazan con más multas”. El Ayuntamiento de Móstoles asegura a Infobae España que “las multas, al tratarse de una ocupación en vía pública sin permiso” consisten en que la Policía Municipal levanta acta. Sin embargo, si se incoa expediente sancionador, al apuntarse en las denuncias que han recibido los desahuciados que se trata de una sanción leve, la cuantía económica oscilaría entre los 100 y los 600 euros. Multado por no tener dónde ir, la broma macabra.

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“Nos han llegado a decir que si continuamos nos multarán por desobediencia”, aseguran desde el campamento improvisado. Sin embargo, ellos no se mueven a pesar de los intentos por echarlos, también ahora, del pequeño jardín público donde pasan las noches. Una multa por desobediencia sí es una sanción grave y tendría un coste de, al menos, 600 euros. Desde el Ayuntamiento declaran que estas familias no se dejan ayudar y que no quieren reunirse con servicios sociales: “El Ayuntamiento sigue abierto a buscar fórmulas para poder ayudar a estas familias”, aseguran.

La situación no ha sido agradable para los vecinos de Móstoles acampados, que denuncian presiones y un ambiente estresante para que abandonen el lugar. “Nos encienden las luces para que no durmamos durante toda la noche”, aseguran los afectados. La Justicia fue clara cuando denunciaron el “abandono institucional”: lejos de dar soluciones, recomendaron que los menores de las familias desahuciadas pasaran a disposición de la Comunidad de Madrid.

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