Las familias españolas destinan el 45% de sus rentas a financiar la hipoteca, según las últimas conclusiones de un estudio publicado por OBS Business School sobre la situación actual del mercado inmobiliario. Los hogares, cuando solicitan algún préstamo bancario, deben tener en cuenta que la operación lleva implícitos una serie de gastos e impuestos específicos. Los tipos de interés no dejan de subir y el euríbor continúa batiendo récords, de forma que, para muchos clientes, la liquidación de una hipoteca se hace más cuesta arriba de lo esperado.
La inflación generalizada que atraviesa Europa ha impactado de lleno en los bolsillos de la población española. La cesta de la compra, los suministros y el precio de la vivienda han tocado techo en los últimos meses. Las hipotecas variables llevan desde el año pasado siguiendo una tendencia al alza y en el mercado no reina precisamente la estabilidad. Los consumidores, ante este escenario, buscan subvenciones y ayudas con las que reducir los gastos mensuales y sobrellevar las tasas de interés hipotecario.
El euríbor ha cerrado julio con un promedio del 4,15% y las perspectivas para agosto apuntan a un nuevo incremento. Es la primera vez que este indicador supera la barrera del 4% desde la crisis financiera de 2008. Por lo general, casi todas las hipotecas variables que se comercializan en España utilizan el euríbor como serie de referencia, de modo que su escalada se traduce en alzas de unos 250 euros mensuales. ¿Qué soluciones tienen las familias para hacer frente al engrosamiento de las cuotas?
Medidas de refuerzo para los deudores hipotecarios
Los hogares con una situación económica desfavorable tienen la opción de solicitar una serie de prestaciones para hacer más llevaderos sus gastos hipotecarios. La solución más rápida es el código de buenas prácticas bancarias, recogido en un real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo. Las entidades que han optado por adherirse a este convenio ofrecen una serie de propuestas para tender la mano a los deudores hipotecarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren el riesgo de perder su vivienda habitual. Las familias no pueden superar los 29.400 euros de ingresos anuales y tienen que demostrar que su carga hipotecaria ha aumentado más del 20% o, en su defecto, supone el 30% de sus ingresos netos.
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Los clientes hipotecados cuyos ingresos estén por debajo de los 25.200 euros también pueden acceder a este paquete de ayudas, que tiene en cuenta las condiciones del préstamo y solo aplica para viviendas principales. La carga hipotecaria no puede superar los 300.000 euros. Los bancos ofrecen la posibilidad de ampliar el plazo de amortización, reducir los tipos de interés durante un máximo de cinco años o incluso fijar una quita sobra la suma total de la deuda.
Las familias con una hipoteca de más del 30% y cuyo préstamo haya subido por encima del 20% podrán optar a la congelación de la cuota mensual durante un año, manteniéndola al nivel de los valores existentes en junio del año pasado. Los clientes también podrán adherirse a la reducción de los tipos de interés y extender el plazo de amortización por siete años, siempre que no se superen los 40 en total. Los nuevos hipotecados, además, tienen derecho a un nuevo subsidio para facilitar el acceso a la vivienda de las personas de menos de 35 años que no cuentan con los ahorros suficientes para pagar una entrada.
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