La Policía compra 500 pistolas Taser y denuncian que solo hay tres formadores para aprender a usarlas

La Policía Nacional acaba de licitar un nuevo contrato para comprar 500 inmovilizadores electrónicos T7 o pistolas Taser, como se las conoce tradicionalmente. El precio inicial de la licitación es de 867.500 euros. Es el segundo contrato de este tipo, ya que en abril de 2020 la Policía Nacional adquirió otras 1.000 pistolas por las que pagó 2.099.350 euros (IVA incluido), es decir, 2.099 euros por unidad.

Los sindicatos policiales denuncian que son pocas y que llegan tarde, puesto que las consideran un arma disuasoria imprescindible para los agentes de seguridad ciudadana que trabajan en el día a día en las calles españolas. De las 1.000 que se compraron en 2020, el primer lote de 300 se suministraron a la Policía Nacional en octubre de 2020; otras 300 llegaron en julio de 2021 y las últimas 400 en marzo de 2022.

Desde el sindicato policial Jupol creen que el número de pistolas Taser que deberían estar operativas en la Policía debería ser mucho mayor, teniendo en cuenta que el cuerpo dispone, según los últimos datos ofrecidos por el ministerio del Interior, de 74.458 efectivos en activo. “Son una herramienta muy efectiva para los compañeros de seguridad ciudadana, que se enfrentan en su trabajo diario con situaciones de enfrentamiento en las que un arma no letal como esta cumple un papel fundamental”.

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Estos dispositivos electrónicos de control (DEC), como se denominan técnicamente, suelen ser descritos como “armas no letales”. Desde los sindicatos Jupol y SUP subrayan su valor para evitar el uso de las armas de fuego reglamentarias que llevan los agentes. “La Taser aporta seguridad en intervenciones contra armas blancas, enfermos mentales, en secuestros o en multitud de situaciones en las que el uso del arma reglamentaria sería mucho más lesivo”.

El problema, señalan desde Jupol, es que “la política que se está siguiendo desde la Dirección General de la Policía está provocando un retraso en que estas pistolas lleguen a las distintas unidades”. Según Jupol, “se ha decidido centralizar la formación de las Taser para todos los agentes de España en solo tres formadores, a pesar de contar con más de 120 especialistas de armamento y tiro distribuidos en toda la geografía española”. Desde SUP añaden además no solo la falta de formadores, “también faltan cámaras asociadas que toda Taser debe llevar e incluso baterías, imprescindibles para que estas pistolas funcionen. Hay más Taser que baterías”.

Y es que el pliego del contrato de 2020 no incluía que cada una de las pistolas Taser llevase incorporada una videocámara. El adjudicatario que ganó el contrato solo incluyó 150 dispositivos de grabación como mejora en su oferta con el objetivo de tener más opciones de llevarse la licitación. Las cámaras se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, una prueba imprescindible en un hipotético proceso judicial. Y es que todas las acciones (encendido/apagado, disparos efectuados, uso del arco eléctrico, cargas de batería realizadas, etc.) quedan debidamente reseñadas en un registro interno no manipulable por el usuario del dispositivo.

El propio ministerio del Interior reconoce que las pistolas Taser son “una solución intermedia muy válida con respecto al arma de fuego, aportando seguridad a los actuantes, ya que limita potencialmente las situaciones violentas”. Además, “en la detención de sujetos violentos, el uso de estos dispositivos reduce la probabilidad de lesión por parte de los actuantes, lo que disminuye las bajas de policías. Se trata de una herramienta idónea para su utilización en lugares de grandes aglomeraciones de personas, así como transporte de viajeros, donde el uso del arma de fuego resultaría mucho más desaconsejable por los posibles daños colaterales”. A pesar de todas estas ventajas, lamentan los sindicatos, su implantación sigue siendo muy lenta.

La Taser solo puede ser utilizada por personal autorizado, tras realizar un curso “prácticoteórico” que abarca aspectos técnicos, prácticos y deontológicos. Los agentes que las porten deben superar dos módulos formativos, uno teórico y otro práctico, que suman 12 horas y durante los que efectuarán seis disparos con diferentes tipos de cartuchos, reales y de entrenamiento. Luego deben realizar un examen y superarlo. Las pistolas eléctricas lanzan dardos con electrodos, unidos al arma mediante un cable, que, al alcanzar el cuerpo, provocan una descarga que interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos e incapacita temporalmente al que recibe el impacto.

El protocolo de la Policía Nacional especifica que estas pistolas solo pueden emplearse para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que se resistan, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contempla su empleo ante tentativas de suicidio. Por el contrario, prohíbe su utilización con niños, embarazadas, ancianos y “personas débiles de salud”. También las veta en las prisiones, salvo en el caso de motines o toma de rehenes; cerca de sustancias inflamables; o cuando el objetivo se encuentre en lugares donde se pueda precipitar al vacío, ya que la descarga provoca la pérdida de capacidad motora.

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