El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional el recuento del voto exterior que le restó un diputado por Madrid

El PSOE sigue batallando por el diputado que perdió en Madrid. Tras perder cualquier opción de recontar los votos nulos de Madrid, para intentar volver a arrebatar el diputado que perdió el PSOE en favor del PP gracias al voto exterior, el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El Partido Socialista, tras perder el diputado por Madrid, decidió recurrir a la Junta Electoral Central (JEC), el árbitro electoral desestimó la petición de los socialistas que solicitaban el recuento de los votos nulos, después de apreciar un importante número de ellos, más de 30.000. Tras la negativa de la JEC, el partido de Pedro Sánchez decidió seguir dando la batalla legal y acudió al Tribunal Supremo.

El alto tribunal, siguiendo el criterio marcado por la Junta Electoral Central, también desestimó la solicitud de los socialistas. El Tribunal Supremo, en aquella ocasión, explicó que no se podía acceder a la revisión “de forma preventiva” de los 30.000 votos nulos “por si acaso pudiera apreciarse alguna errónea apreciación del voto nulo favorable” al PSOE. “Se trata de una mera opción que no responde al principio de seguridad jurídica y de conservación de los actos que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”.

Ahora, tras acabar todos los caminos judiciales abiertos por el PSOE sobre la verificación de los votos nulos, los socialistas recurren ante el Tribunal de Garantías para intentar impugnar el voto exterior. El recurso presentado por los socialistas explica que “la determinación de si realmente el resultado electoral confirma que esta formación ha obtenido 121 o 122 escaños, es público y notorio, porque puede afectar a la correlación de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados”. Por tanto, explican desde el PSOE, “que las mayorías necesarias tanto para la tramitación legislativa, como para la conformación del Gobierno”.

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En el documento, el equipo jurídico del PSOE, señala que es “una cuestión de absoluta relevancia y de consecuencias políticas generales”, ya que “afecta a la configuración de nuestro sistema democrático, a las garantías del proceso electoral, a la configuración de la soberanía popular, y, las funciones de los propios partidos políticos, como expresión del pluralismo político, que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.

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