Las vacaciones se han convertido en un terreno abonado en el que germinan los abusos a los consumidores. Aerolíneas que cobran por el equipaje de mano, restaurantes y bares que inflan el precio de sus cartas o fraudes en el alquiler de viviendas vacacionales son las prácticas abusivas más frecuentes a las que se enfrentan los consumidores durante el verano, según señala la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
Para poner coto a las malas prácticas de las aerolíneas, el Ministerio de Consumo ha expedientado este verano a una serie de compañías de bajo coste por cobrar por el equipaje de mano en los aviones, algo que según Asufin, “no se puede hacer”. No obstante, aquellos que se hayan visto obligados a pagar este suplemento ilegal pueden recuperar su dinero y para ello deben guardar esos recibos y reclamar.
También pueden reclamar los daños y pérdidas de equipaje, para lo que Asufin aconseja “no salir del aeropuerto sin hacer el parte por pérdida, rotura del equipaje o retraso del vuelo”. Para tramitar el parte hay que acudir a los mostradores de la compañía aérea, dado que, para reclamaciones posteriores, algunas aerolíneas obligan a presentar este documento.
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También los viajeros están protegidos con una compensación adicional cuando se produzcan cancelaciones y demoras en los vuelos. En estos casos, además de tener derecho al reembolso del billete y al traslado al destino en el transporte alternativo más rápido posible o en la fecha que el cliente decida, el pasajero puede reclamar una compensación adicional en función de los kilómetros que medien entre lugar de salida y lugar de destino final, que van desde los 250 euros por pasajero, para distancias hasta 1.500 kilómetros, hasta los 600 euros, para vuelos intercontinentales de más de 3.500 kilómetros.
Alquiler vacacional
Otro foco de conflicto durante las vacaciones es el alquiler de alojamiento. Para evitar estos problemas, Asufin aconseja “desconfiar si el propietario nos pide un pago fuera de la plataforma de internet en la que figura el establecimiento o si lo exige de manera inmediata”.
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Como recomendaciones básicas señalan que conviene comparar precios y condiciones a través de diferentes plataformas y para eso resultan útiles las valoraciones de otros usuarios: “Hay que pensar que las fotografías expuestas no son completamente fiables en todos los casos”, señalan.
Advierten de que si se trata de imágenes que uno mismo subiría a la web, “podemos empezar a confiar en su fiabilidad, si, por el contrario, presentan marcas de agua u otro tipo de señales como recortes, podemos estar ante un anuncio fraudulento”.
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Huir del “precio de mercado”
La hotelería es otro de los sectores que más quejas reciben de los consumidores por sus precios desorbitados. Para esquivar estos fraudes, Asufin aconseja conocer de antemano todos los cargos que vendrán reflejados en la cuenta final. Sobre todo preguntar antes de elegir un producto que se ofrece “según precio de mercado”, en el que no se concreta su coste, algo que está prohibido.
Tampoco se puede cobrar por suplementos que no consten debidamente en la carta, como el de terraza o de pan, así como por el agua del grifo que se sirve en jarras. “Es habitual que por el aperitivo no cobren un cargo adicional, pero si lo hacen, debe estar igualmente reflejado en el listado de precios”, indican desde Asufin.
Si el restaurante garantiza las reservas exigiendo el pago de un importe previo. Esa cantidad de dinero debe ser descontada de la factura final y nunca reflejada como cargo adicional.
Pagos con tarjeta
Otra fuente de conflictos es el pago con tarjeta de crédito. Los establecimientos pueden exigir un importe mínimo para pagar con ellas. Eso sí, siempre y cuando esté indicado de forma adecuada, de modo que el consumidor pueda tener conocimiento de ello. Por otro lado, los establecimientos no están obligados a aceptar el pago con tarjeta. A lo que no pueden negarse es al pago en efectivo.
Ante el fraude, reclamar
Cuando el consumidor sospeche que no le han prestado los servicios adecuados, que se le ha cobrado de más o no se trata del producto que ha contratado debe exigir una hoja de reclamaciones, que por imperativo legal deben tener a disposición todos los establecimientos.
Este es el primer paso para emprender otro tipo de acciones, como reclamaciones ante las administraciones de consumo competentes, como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) locales o la Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma, indican desde Asufin.
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