Hablamos con el abogado de la familia de Edwin Arrieta: “Pedir la pena de muerte para Daniel Sancho sería pagar ojo por ojo”

El letrado atiende a ‘Infobae España’ y explica por qué los familiares de la víctima piden que el presunto asesino sea juzgado en Tailandia

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La familia de Edwin Arrieta, asesinado presuntamente por Daniel Sancho, ha contratado el bufete de abogados de Miguel González Sánchez para ser representados legalmente. El letrado atiende a Infobae España para contar en qué punto se encuentra la investigación

La familia de Edwin Arrieta está sufriendo un auténtico calvario tras el asesinato del cirujano en Tailandia a manos, presuntamente, del español Daniel Sancho. Al dolor por la cruel muerte del joven se suma ahora el tratamiento incorrecto que algunos medios están haciendo del caso y las acusaciones que se están vertiendo sobre la víctima, cuyo cuerpo todavía ni siquiera ha podido ser repatriado a Colombia y enterrado.

Ante la repercusión mediática del caso y para evitar que la bola se siga agrandando, los familiares de Edwin contrataron al bufete de abogados de Miguel González Sánchez para ser representados legalmente. Así, el despacho emitió un comunicado en el que pedía respeto hacia la figura del fallecido y su familia.

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Tras enviar esa misiva, el letrado ha atendido a Infobae España para contar en qué punto está la investigación del asesinato del doctor colombiano y cómo se encuentra la familia en medio del revuelo. “Ya estamos haciendo a través de la cancillería unos requerimientos para que se designe un abogado en Bangkok que represente los intereses de la familia”, explica.

Miguel González Sánchez, abogado de
Miguel González Sánchez, abogado de la familia Arrieta.

Además, la representación letrada de los Arrieta solicita que “una vez termine la investigación de la policía tailandesa pueda repatriarse el cuerpo”, siempre que ello no suponga “que se vea perjudicada la recolección de pruebas”.

Uno de los reclamos de la familia ha sido tener un mayor respaldo por parte de las instituciones colombianas, algo que se ha logrado gracias a la intervención de González y su equipo. “Nosotros intervenimos con la finalidad de que el tema tuviera mayor solidez y celeridad. Hoy ya nos han asignado un cónsul para este caso y la cancillería ha designado a un miembro de su equipo que está en contacto permanente con nosotros”, explica a este medio.

“Queremos que haya una condena ejemplar”

En medio del ruido, el abogado relata que ha intentado “no desviar la atención en lo importante, que es que hay una víctima que fue asesinada de forma atroz”. Por ello, recalca que “quien lo hizo debe pagar, independientemente de cualquier aspecto que haya alrededor”. Y añade: “La intención era generar una claridad y que no se tergiverse el tema, que la víctima no acabe siendo considerada victimario. Queremos que se respeten los derechos de quien realmente es la víctima”.

Daniel Sancho es escoltado por
Daniel Sancho es escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados. (EFE/Somkeat Ruksaman)

“Hay un asesino confeso y lo que queremos es que en una ecuación justa se genere una condena ejemplar”, expresa el letrado, que no pedirá la pena capital para el hijo del actor Rodolfo Sancho. “Pedir la pena de muerte sería pagar ojo por ojo y va en contra de las convicciones de la familia”, comenta.

“Hay un asesino confeso y lo que queremos es que en una ecuación justa se genere una condena ejemplar”

Miguel González reconoce que el caso ha resultado “bastante complejo para ambos lados”, pero incide en que los familiares de Edwin están “muy golpeados” tras su asesinato. “Él era quien velaba por ellos, quien los amaba y quien se encargaba de sustentar a su padre, a su hermana... El hecho de que ya no esté va a ser muy complicado”, agrega.

Sobre el motivo por el que la familia solicita que se juzgue a Daniel Sancho en Tailandia y no en España, el letrado es contundente: “Los hechos ocurrieron en Tailandia, la información fue recolectada allí y todos los elementos que rodean el caso competen a ese país. Si se traslada a España, creemos que podría complicarse la investigación. No dudamos de la justicia española, pero sería alargar un proceso de manera innecesaria”, sentencia.

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