El ERE de Podemos frente a la ‘hucha’ de 12 millones de Ciudadanos: así afrontan los partidos su mengua en el Congreso

Aunque la formación de Albert Rivera se dejó 47 diputados en 2019, en esos momentos conservaba una importante parte del poder institucional

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, participa junto a la número dos del partido, Irene Montero, y la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge en un Consejo Ciudadano estatal. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Podemos se ha visto obligado a la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) después de la importante pérdida de representación institucional en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio. Y es que, las dos últimas citas con las urnas asestaron un doble golpe al partido morado en menos de dos meses.

Esta decisión, de la que han trascendido pocos detalles ante el hermetismo en la formación de Ione Belarra, contrasta con la situación de Ciudadanos después de la debacle del 10 de noviembre de 2019, que pudo evitar tirar de esta herramienta a pesar de que la pérdida de escaños fue aún mayor.

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Podemos alude a la reducción de escaños en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales como justificación de una “profunda reorganización del partido en todos los ámbitos” para adecuarse “al descenso de recursos que esto supone”. En esta línea, dicha pérdida de peso político conlleva una importante reducción de ingresos.

Teniendo en cuenta las cifras de 2021, el último balance disponible, el partido llegó a acumular hasta 20.267.283 euros de patrimonio neto, aunque los morados se jactan de financiarse de donaciones por transferencia, crowdfunding, colaboraciones periódicas y microcréditos para campañas electorales. Todo ello para no endeudarse con los bancos. No obstante, según los ingresos de 2021 esbozados en la web de Podemos, el 60,36% fue procedente de subvenciones y un 23,43% de aportaciones Grupos Parlamentarios.

Importante pérdida de poder institucional

Tal como se comunicó en la misiva remitida a sus trabajadores con fecha del día 24 de julio, Podemos recoge que una “valoración inicial” de la situación sitúa las pérdidas en un 70% a nivel estatal y en un 90% en los territorios. Por ende, este ERE podría conllevar al cierre de nueve de sus delegaciones territoriales y el despido de al menos la mitad de su plantilla (45 trabajadores). También afectará a los empleados a nivel estatal, el 57,55% del total de su plantilla, según estos datos.

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Cabe recordar que, tras el 28-M, Podemos se quedó sin representación en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias, además de retroceder en casi todos los parlamentos autonómicos a excepción de Navarra, que aumentó, y se quedó en tablas con respecto a 2019 en Extremadura, Murcia y La Rioja. Además, el partido, coaligado con IU, perdió cinco de sus seis gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Aragón, La Rioja).

Diferencias con la situación de Ciudadanos

Este escenario dejó a la fuerza morada tocada de cara a la posterior negociación con Sumar. Finalmente, Podemos se presentó el 23 de julio bajo este paraguas, obteniendo solo cinco representantes de los 23 que logró en 2019. Sin embargo, esta última reducción no fue tan notable como la que sufrió el partido capitaneado hace cuatro años por Albert Rivera.

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Estos pasaron de los 57 escaños de abril de 2019 a sólo 10 en apenas siete meses, suponiendo una pérdida de 3,56 millones de euros en subvenciones del Ministerio del Interior. Sin embargo, a diferencia de Podemos, los naranjas no perdieron la mayor parte de su poder institucional de golpe, ya que en esos momentos ocupaban los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia, además del Ayuntamiento de Madrid y una fuerte presencia en el Parlamento catalán, donde era la primera fuerza (37 diputados).

Inés Arrimadas y Edmundo Bal en el Congreso de los Diputados. (Alberto Ortega/Europa Press)

Por otro lado, en esos momentos, el partido naranja contaba con una hucha de 12.274.381 euros, según las cuentas anuales de 2019, lo que evitó la apertura de un ERE. Si bien, se vio obligado a prescindir de unos 40 trabajadores, entre asesores y personal administrativo, del Congreso y el Senado, ya que las directrices de ambas cámara fijan un número máximo de empleados por grupo parlamentario.

No obstante, las sucesivas debacles de Ciudadanos en los posteriores comicios, sumado a la hecatombe del pasado 28 de mayo, conllevará una importante reducción de los ingresos del partido (el patrimonio neto de 2022 superó a los 10 millones), así como de la mayor parte de su personal. Todo ello a la espera de que el partido decida si se presenta a las europeas de 2024.

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