Cataluña es la comunidad más endeudada con el Estado y Valencia la más perjudicada: así funciona el sistema de financiación autonómica

El sistema de financiación autonómica (SFA) surgió a raíz de que las comunidades autónomas fueran adquiriendo ciertas competencias que antes ejercía el Estado central, como la sanidad, la educación y otras políticas sociales. Para que las regiones pudieran costear estas nuevas funciones se fueron aprobando varios mecanismos por los que el Estado transfiere dinero a las regiones. Actualmente está vigente el de 2009.

La reforma del mecanismo ha vuelto a primera línea del debate político para negociar la posible investidura de Pedro Sánchez. ERC y Junts piden acabar con la infrafinanciación que en su opinión tiene el Estado con Cataluña en el actual modelo y también reclaman la condonación de la deuda contraída por esta región con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Lo que piden los partidos catalanes son dos cuestiones distintas englobadas bajo una misma problemática. Según los datos del Banco de España, Cataluña es la comunidad más endeudada con el FLA, fondo del Estado que desde 2012 ofrece financiación más ventajosa a las regiones para que no tengan que financiar su deuda con mayor coste en el mercado.

Sin embargo, hay comunidades más perjudicadas en el sistema de financiación autonómica que Cataluña porque año tras año reciben menos dinero que la media. La principal es la Comunidad Valencia, aunque la Región de Murcia experimenta una situación muy similar, según los datos del Observatorio de Información Económico-Financiera de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Según explica la AIReF en su metodología, su indicador mide la financiación anual proporcionada por el SFA para cada comunidad en euros por habitante ajustado y en términos de competencias homogéneas. Para calcular este indicador tiene en cuenta las entregas a cuenta, las liquidaciones y la recaudación de los tributos cedidos, entre otras variables.

Las cifras resultantes, que abarcan de 2012 a 2022, exponen que la Comunidad Valenciana ha sido durante siete años de la última década la que ha tenido menor financiación de las 15 autonomías del régimen común (País Vasco y Navarra tienen regímenes propios). La Región de Murcia ocupa los cuatro años restantes y es la que menos dinero ha recibido en los dos últimos años. No obstante, hay otras comunidades que casi siempre han estado por debajo de la media en la última década: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y, por poco, Cataluña.

Las diferencias varían cada año, pero su brecha se mantiene: la región más financiada en 2012 (Cantabria), con 2.839 euros per cápita ajustado, superó en 816 euros a la menos financiada, Valencia, con 2.023 euros. En 2022, la más beneficiada sigue siendo Cantabria (3.660 euros) y tiene una diferencia de 963 euros con la menos financiada, Murcia (2.697). Las conclusiones que se extraen de los datos de la AIReF coinciden prácticamente con el trabajo del economista Ángel de la Fuente en Fedea, aunque este solo abarca hasta 2020.

Elaborar este ranking no es nada fácil porque hay numerosas fuentes de ingresos dentro del sistema de financiación autonómica, lo que da lugar a las polémicas políticas y a distintos cálculos. La pieza central del sistema son las transferencias que realiza el Estado a través del Fondo de Garantía, cuyo objetivo es asegurar que cada CCAA recibe los mismos recursos por población ajustada (o unidad de necesidad) para financiar los servicios públicos fundamentales.

Su cuantía proviene al 75% de los impuestos recaudados en las comunidades y el resto lo aporta el Estado. Se reparte según una ponderación distinta para cada una de estas variables: población, superficie, dispersión, insularidad, población mayor de 65, población entre 0 y 16 y población protegida. Sin embargo, las desigualdades surgen a raíz de los pagos a través de otros fondos, como el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Convergencia, algo que permite el propio sistema porque no establece que todas las CCAA tengan que percibir el mismo importe de recursos per cápita.

Además, en los criterios de reparto de estos fondos prevalece la cláusula del statu quo, es decir, que las regiones no pueden recibir menos recursos de los que percibían con modelos anteriores al de 2009, de manera que se han terminado replicando desigualdades ya existentes con anterioridad. Una de las quejas habituales de los gobiernos catalanes es que es la tercera región que más aporta al SFA por capacidad tributaria, pero de las que menos recibe. Cataluña aporta más de lo que recibe, pero esto también le sucede a Madrid y a las Islas Baleares, según los cuadros de liquidación de 2021.

Las regiones que menos reciben del SFA argumentan que tienen más deuda porque no logran financiar los servicios públicos con la asignación autonómica. Todas las regiones del régimen común han acudido en algún momento a financiarse al FLA, pero a fecha de marzo de 2023, últimos datos disponibles, el ranking va de los 71.852 millones de euros que debe Cataluña y los 46.274 que debe la Comunidad Valenciana a los cero que debe Madrid.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano formado por el Gobierno y por todas las comunidades autónomas, se acordó que el modelo de financiación autonómica tendría que ser revisado cada cinco años, a partir del 1 de enero de 2014. Pero los datos definitivos de la financiación se conocen con dos años de retraso, por lo que habría que esperar hasta 2015, fecha de la que ya hace ocho años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó una propuesta de reforma en 2021 que planteaba modificar el criterio de población ajustada y la comisión de expertos emitió un informe en 2017, pero los intereses cruzados de las distintas regiones han hecho imposible un acuerdo. Ahora se ha convertido en moneda de cambio por parte de los partidos catalanes para que Pedro Sánchez renueve en el cargo.

Según declaró en una entrevista en TVE la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la reforma del sistema de financiación autonómica pasa ahora a ser “una urgencia”, pero el Gobierno no habla todavía de una posible condonación de la deuda catalana ni de aumentar los recursos que se destinan a este territorio.

Días después, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lanzó la idea de que la reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir ligada de la actualización del modelo de financiación de las entidades locales, como ha reclamado el Gobierno en varias ocasiones. Esto es algo que ya defendió José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social, durante su etapa de presidencia de la AIReF. Según expuso en 2016, hay “poco margen” para corregir el problema de “insuficiencia financiera estructural” de las CCAA desde el lado de más gasto por parte del Estado, por lo que propuso como posible solución “abordar conjuntamente la financiación de las CCAA y las Corporaciones Locales”.

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