El botín de Vox en Aragón, lo que espera en Murcia y el peligro para Feijóo de una investidura a la defensiva

Vox está en franca caída pero atesora el mayor número de gobiernos autonómicos y municipales de su breve camino. Es la situación de desplome -engañosa, según expertos- la que seguramente le lleva a exigir como no hizo antes. Combinan que necesita presencia, focos, con un PP que no suma sin la extrema derecha. Son los casos de Aragón, donde el partido de Santiago Abascal ha logrado el gran botín en cuanto a compromisos programáticos, y la Región de Murcia, donde tiene en su mano unas nuevas elecciones allí sí con un PP fuerte, los lugares para fijar la atención ya conocida la experiencia de Castilla y León. El añadido es que si Vox ya hizo daño a las aspiraciones de Alberto Núñez Feijóo -errores no forzados aparte- el 23-J, el que puede hacerle de cara a una hipotética sesión de investidura es todavía incalculable. El calendario lo carga el diablo.

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Que se lo digan a María Guardiola, líder del PP en Extremadura, que en días pasó de afirmar que Vox nunca entraría en su gobierno a abrirle las puertas. “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”, se defendió tras entregar la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a negacionistas del cambio climático. Todo fue por apartar de los periódicos la controversia, por despejar la campaña electoral, por dejar de mostrar a un partido dividido en materia de pactos. El caso de Murcia fue distinto. Allí el PP necesita dos votos de Vox, ni uno más. Fernando López Miras ganó con holgura, pero solo acarició la mayoría absoluta. Bastaba con la abstención de los de Abascal, pero piden puestos o será que no. Y votaron ‘no’ y para Núñez Feijóo no fue tan negativo: pudo sostener que su partido no se amilana y resiste a las presiones y exigencias de Vox. El problema viene ahora.

El todavía presidente en funciones de la Región de Murcia tiene hasta el 7 de septiembre para lograr un gobierno en solitario o ceder y hacerlo en coalición. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, nuevas elecciones y la completa incertidumbre de qué podría ocurrir. Esto puede coincidir en el tiempo con una investidura de Núñez Feijóo, o con un intento de investidura, siendo más precisos. Y la que sería primera vez del gallego en el estrado del Congreso de los Diputados, su mejor oportunidad para exponer un programa y, con suerte para él, tomar impulso hacia una repetición del 23-J, puede convertirse en largas e incómodas horas de debate a la defensiva. Sin haber fechas exactas -previo proceso de consultas en Zarzuela-, lo más factible es una sesión de investidura la primera semana de septiembre. Aragón también contará.

Y es que en esta comunidad autónoma, PP y Vox han firmado 80 medidas entre las que se incluyen algunas de las banderas de los segundos (también de los primeros, como rebajas fiscales o el impulso a la sanidad privada). En Aragón, hasta ‘hace dos días’ socialista, el gobierno regional se compromete a implantar el ‘pin parental’ en el contenido de las actividades extracurriculares en la educación, como pueden ser charlas sobre sexualidad, para la tolerancia o para la seguridad vial. También, a reformar la ley trans aragonesa, aprobada en 2018 con el voto favorable del propio PP. Más: la “violencia machista” existe -y así queda constancia por escrito- pero también la denominación de “intrafamiliar”. Otro gol de Vox. Uno más difuso sobre su autoría es el relativo a la “racionalización” de las subvenciones a ONG y la solidaridad en general, eliminándose los comisionados de Agenda 2030, Infancia y Despoblación. Para terminar, golpe a la pluralidad de lenguas y ninguna referencia al cambio climático.

Los ayuntamientos llevan más tiempo constituidos desde que se votó el 28-M. En los últimos días se han conocido notables medidas con claro origen, amparadas todas por el PP además de la eliminación de concejalías de Igualdad, el aval a la apertura de más casas de apuestas, a la eliminación de banderas y hasta bancos con los colores arcoíris o de los carriles bici. Son batallas ganadas por Vox, pero ya no exclusivas de ellos. Maracena, en Granada, con más de 22.000 habitantes, acaba de eliminar como criterio evaluable en su bolsa social de empleo ser víctima de violencia de género, manteniendo el resto de factores -número de hijos, discapacidad o vulnerabilidad económica- que aumentan la puntuación. Allí gobierna el PP gracias a Vox. En La Solana, en Ciudad Real (15.000 habitantes), la alcaldesa se ha cargado los minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista. A diferencia que en Maracena, Vox no tiene un solo concejal en La Solana.

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El PP necesita a Vox para alcanzar sus objetivos pero también anularlo para dejar de depender, preferiblemente sin asumir sus postulados, como en La Solana, para no perder los dos pies del centro. Por lo pronto, Vox ha empezado a mandar y en su siguiente e inminente oportunidad de trascender puede desbaratar a su habitual socio en la Asamblea Regional de Murcia, pero también y sobre todo, si esto no está ocurriendo ya, en el Congreso de los Diputados en la que sería primera bala de Núñez Feijóo en caso finalmente de repetición electoral y la última si Pedro Sánchez ata los apoyos necesarios para continuar en La Moncloa. Un Sánchez que tampoco frena estos pactos, que casan con su relato. El PP lo llama “reacción táctica”. Como en Ceuta, donde el PSOE podría evitar que la extrema derecha agrande su patrimonio territorial, como en tantos otros lugares. “Con Feijóo es imposible”, zanja.

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