El Partido Popular y Vox han firmado este viernes un acuerdo de gobierno en Aragón. El PP cede a Vox dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y varios puntos del acuerdo programático que encauzará las políticas del Ejecutivo de coalición. Sin embargo, el que será presidente del Ejecutivo aragonés no ha acudido a la rúbrica: lo ha hecho la diputada en las Cortes Ana Alós, que ha estampado su firma junto con la del líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. El PP, de hecho, ha quitado importancia a la ausencia de Jorge Azcón. “Son los portavoces parlamentarios los que firman en representación de los partidos”, han indicado fuentes del PP regional, mientras que Alós ha indicado en una rueda de prensa que esto ya se ha hecho en otras comunidades como Baleares, y que el líder del PP “por supuesto” que respalda el acuerdo.
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El documento incluye una serie de puntos que coinciden con el argumentario de la extrema derecha: el pin parental para actividades extracurriculares y el refuerzo de la inspección educativa para sacar la “ideología de las aulas”; la reforma de la ley trans de Aragón; la derogación de la ley de memoria histórica, y también plasman un tira y afloja respecto a la violencia machista en el documento. Hablan de violencia intrafamiliar, pero también de erradicar discursos machistas.
La diputada del PP no ha aclarado si habrá una consejería específica de Igualdad, pero ha asegurado que tendrá un papel “fundamental”. “Se aplicarán todas las medidas necesarias para la protección de la mujer, y se defenderán también las nacionales, que no son pocas”, ha declarado. “Promoveremos políticas que persigan erradicar la violencia doméstica o intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres, ancianos y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”, recoge el texto.
Además, se eliminarán organismos como los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, dentro del gabinete de Presidencia.
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En materia fiscal, el Gobierno aragonés apuesta por rebajar medio punto el IRPF de rentas de hasta 50.000 euros, “para que la tributación de las familias aragonesas con ingresos medios y bajos se sitúe en la media española”. También incorpora una modificación de la normativa para posibilitar desalojos exprés en 24 horas “de quienes ocupen ilegalmente una vivienda”.
En cuanto a la política lingüística, el acuerdo incluye varios puntos contra la protección del aragonés. Entre ellos, la supresión de la Dirección general de Política Lingüística, la eliminación de las ayudas a entidades en materia de política lingüística, o la revisión de la ley para la protección de las lenguas propias de Aragón para prevenir “interpretaciones interesadas que perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”.
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