Evolución de la lucha contra el fraude: sube la vigilancia en grandes patrimonios y multinacionales y baja en la economía sumergida

La lucha contra el fraude fiscal ha experimentado cambios en los últimos años por el impacto de la pandemia y el cambio de gobierno en 2018. Desde que Pedro Sánchez entró en La Moncloa, la vigilancia sobre los fraudes fiscales en grandes patrimonios y multinacionales se ha disparado, al menos en número de actuaciones, mientras que han descendido las acciones contra la economía sumergida.

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria (AEAT) en sus informes anuales, el gestor del sistema tributario ha realizado 29.394 actuaciones en “grandes empresas, multinacionales y grupos” en 2022, máximo histórico, y un 58,5% más que en 2018. También han aumentado un 22,87% las actuaciones de análisis patrimonial y societario en comparación con el primer año de Gobierno de Sánchez, de 2.418 a 2.971.

Estas cifras contrastan con el descenso de las actuaciones contra la economía sumergida, calificadas así por la AEAT, que pasan de ser 3.000 en 2018 a 2.312 en 2022, una reducción del 22,93%. Esto ha conllevado una reducción de la recaudación por descubrimiento de ventas ocultas, que tuvieron un importe de 719 millones en 2018 y solo ascendieron a 435 millones en 2022 (un 8,75% más que en 2021).

Aunque el cambio metodológico de los informes de control tributario impide comparar todas las variables con los años del gobierno anterior, sí se evidencia un menor número de entradas y registros con Unidades de Auditoría Informática (UAI) desde la llegada de la pandemia. Estas unidades facilitan el descubrimiento de rentas ocultas mediante el análisis del software de doble uso y han caído un 18,85% en comparación con 2018 y un 20,06% en comparación con 2017. De la misma manera, ha descendido la recaudación, incluidas las sanciones, de los 374 millones de 2017 a los 122 del pasado año.

Que haya un menor número de actuaciones no significa que la magnitud de la economía sumergida haya aumentado en España, además, esto es algo que se desconoce porque no hay ningún informe oficial al respecto. Según recuerda el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, la ley de lucha contra el fraude de 2021 obliga a la elaboración de un informe sobre la economía sumergida que debería haber sido presentado en el Congreso de los Diputados para su fiscalización por los grupos. La legislatura que dio luz verde a la norma ha terminado sin cumplir esta parte de la ley.

El único dato oficial disponible de economía sumergida es el recogido en un informe de la AEAT de diciembre de 2022 en el que se compara la evolución de las bases imponibles agregadas con la de las magnitudes macroeconómicas de referencia. Según este análisis, desde la aprobación de la citada ley en 2021 las bases imponibles habrían crecido un 5,7% hasta el segundo trimestre de 2022 por afloramiento de economía sumergida.

La AEAT está enfocando más sus actividades de control hacia patrimonios elevados y los grupos multinacionales, actuaciones que, según reconoce en un comunicado, “consumen una elevada cantidad de recursos” de “alta cualificación”. En este sentido, destacan que se ha conseguido regularizar bases imponibles de grandes empresas multinacionales por un importe de 3.409 millones de euros en 2022. Esta cifra es menor a la de otros años, como consecuencia de que hubo expedientes extraordinarios que permitieron elevar la recaudación en 2021 a 5.578 millones y en 2018 a 4.200 millones.

En cuanto al control de los grandes patrimonios, la AEAT ha encontrado a 97 contribuyentes localizados artificialmente en otros países en 2022, para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España. Un caso conocido de esto es el de Shakira, que cometió presunto fraude fiscal entre 2012 y 2014 por simular que no vivía en España y ocultar ingresos en paraísos fiscales.

Por las actuaciones de detección de residencias falsas, la AEAT ha conseguido un importe liquidado de 28,2 millones de euros y, en general por actuaciones de control de grandes patrimonios, 546 millones, un 56,89% más que en 2018, cuando se puso en marcha una nueva unidad para controlar a los patrimonios relevantes.

Los datos de 2022 dejan un descenso del 1,3% de la recaudación por control de fraude fiscal, ya que se ingresaron 16.675 millones en comparación con los 16.896 del año anterior o los 17.274 de 2020. No obstante, si se comparan los resultados en términos homogéneos (descontando actuaciones extraordinarias) los ingresos crecerían un 2,7% respecto a 2021.

Según Mollinedo, la AEAT destaca “cada año lo que le conviene”: “si se diera un informe conforme a un modelo similar todos los años, no habría una mejora de los resultados de la actuación”, considera en declaraciones a Infobae España. Esto se debe, según Gestha, a que la plantilla es “prácticamente la misma” que en el año 2021 porque las nuevas incorporaciones compensan las bajas, pese al aumento de efectivos que establece la ley contra el fraude de 2021. Esto estaría limitando lograr mejores recaudaciones pese al avance de las herramientas para detectar el fraude.

Por otra parte, la asociación critica que las actuaciones sean parciales y no generales porque “se prefiere el número a la intensidad”. Esto es uno de los factores responsables de la caída de un 82% (dato de 2021) de las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, ya que las actuaciones generales son las que dan lugar al descubrimiento de grandes deudas. No obstante, también generan deudas impagables que aumentan la resistencia al pago, algo que ha disminuido en los últimos años.

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