El Tribunal de Cuentas ha publicado este jueves un informe en el que constata que el 83% de las entidades locales, 170 ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos, aprobaron un plan de lucha contra el fraude (PMA) para recibir los fondos Next Generation, pero muy pocas terminaron aplicando efectivamente sus medidas.
La fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas revela, a partir del análisis de las 214 entidades locales adjudicatarias de los fondos, que hay una “escasa implantación” de las medidas antifraude, al menos entre el periodo analizado, del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.
En concreto, solo el 13% de las entidades que aprobaron estos planes, un total de 22, desarrollaron la totalidad de las medidas antifraude a las que dieron luz verde a fecha de cierre del estudio. Entre ellas se encuentran algunas grandes administraciones: los ayuntamientos de Alicante, Ávila, Bilbao, Castellón, San Sebastián, Gijón, Girona, Tarragona, Valencia, Valladolid y Vitoria. Además de las diputaciones provinciales de Burgos, Cádiz, Palencia, Pontevedra y Valladolid.
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Además, solo el 20% de las entidades analizadas contaba con todas las medidas de prevención del fraude y menos de la mitad, el 41%, tenía todas las medidas de detección. No obstante, el Tribunal de Cuentas no ha identificado en el comunicado emitido a las entidades que no aprobaron un plan antifraude, obligatorio desde la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Hacienda de 2021.
Por otra parte, el Tribunal constata que la mayor parte de los planes fueron elaborados internamente, de manera que solo se gastaron 750.000 euros en contrataciones para cumplir las obligaciones en materia antifraude. Las entidades fiscalizadas han cumplido, en general, con su deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, si bien el Ayuntamiento de Cuenca no aportó su PMA durante los trabajos y únicamente informó de su existencia durante el trámite de alegaciones, sin aportarlo, “por lo que no ha podido ser examinado”.
Sin una fuente “completa” de información de los fondos europeos
El órgano fiscalizador achaca en parte estas deficiencias a “la premura con la que las entidades tuvieron que aprobar los planes” para absorber el dinero asociado al Plan de Recuperación. A lo que se suma que tuvieron “dificultades iniciales a la hora de considerarse o no entidades ejecutoras de los fondos” por retrasos del Ministerio de Hacienda.
“La normativa se fue clarificando durante el año 2022 hasta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en marzo de 2023 en su web la obligatoriedad de aprobar un PMA para todas aquellas entidades locales beneficiarias de alguna subvención financiada con el MRR”, explica el informe.
Otra de las críticas del informe es que, a fecha de septiembre de 2022, no existía una “fuente completa de información” que incluyera la totalidad de las ayudas y subvenciones financiadas con cargo a los fondos NexGen, así como las entidades beneficiarias y los recursos asignados. Dado que no ha habido cambios en este sentido, se entiende que esta falta sigue vigente.
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