“Los CIE son cárceles racistas”: piden la liberación de un migrante con trombosis cuya vida peligra

H.F. es un hombre peruano de 33 años que padece trombosis venosa profunda, una afección que puede causar una embolia pulmonar, un infarto o un derrame. Desde hace ocho días permanece internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia tras ser detenido en Madrid por estar en situación irregular y, aunque recibe tratamiento médico, las condiciones estructurales y sanitarias del recinto “distan mucho de ser adecuadas”.

Así lo denuncia la plataforma CIEs No, que pide la liberación de este interno para que pueda tener “un control y tratamiento dignos”. “Su condición sanitaria es grave. En el CIE le están dando tratamiento, pero no es un lugar adecuado por las condiciones del propio centro, donde hay multitud de personas internadas, y por la propia logística y estructura del lugar”, indica a Infobae España la activista Claudia Parreño, portavoz de la campaña CIEs No en Valencia, que advierte que “cualquier golpe puede causarle una embolia”.

La plataforma considera que si la condición sanitaria de H.F. empeora a consecuencia del internamiento o de la expulsión del país, “el Estado es responsable”.

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El tiempo máximo que los migrantes en situación irregular pueden permanecer en un CIE son 60 días, un periodo de tiempo en el que normalmente los internos “son deportados” a sus países de origen. En el caso de H.F., además, la deportación también “supone un riesgo para su vida” al tratarse de un vuelo de más de diez horas, indica Parreño.

La activista asegura que “no hay necesidad” de que este migrante peruano esté internado en el CIE, ya que se puede recurrir a otro tipo de medidas cautelares como la retirada del pasaporte o que se persone en comisaria cada 15 días. Las actuales condiciones de internamiento, añade, “vulneran aún más sus derechos”.

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Los CIE, que se crearon para controlar los flujos migratorios y agilizar las devoluciones, son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial —dependientes del Ministerio del Interior— donde permanecen internadas personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. En España actualmente hay siete CIEs repartidos en Algeciras, Barcelona, Fuerteventura Madrid, Algeciras, Las Palmas y Valencia.

Según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, elaborado en base a datos del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo, en 2022 fueron 2.082 las personas extranjeras internadas en los CIEs, una cifra superior a las 1.841 de 2021, si bien antes de la pandemia, en 2019, hubo muchas más: 6.473.

Parreño considera que estos centros “son cárceles racistas donde se priva de libertad forzosamente a gente que está en situación administrativa irregular”, o que habiendo estado regularizada ha perdido esa condición de manera sobrevenid. “Son una pieza más del ciclo represor al colectivo migrante y racializado en el territorio español y europeo, espacios de vulneración de derechos fundamentales y de gestión opaca”, por lo que cuesta denunciar lo que sucede dentro, critica la representante de la plataforma.

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La activista también se muestra preocupada por el endurecimiento de la política migratoria europea y por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana pues, asegura, “supone un agravante” en materia de migración en cuanto a “posibles perfilamientos raciales y redadas”.

En ese sentido recuerda que el punto 48 del pacto entre ambos partidos hace referencia a que la Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, “pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, lo que supone, según la activista, “toda una declaración de intenciones”.

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