El timing de los Presupuestos y de Europa da una sola oportunidad al PP para aplicar su política económica antes de 2025

El resultado de las elecciones generales del 23 de julio deja un panorama de dos bloques que no alcanzan la mayoría absoluta de 176 escaños y da lugar a varios escenarios más o menos probables según discurran las negociaciones entre los partidos. Sin embargo, hay algunas fechas claves para la política económica que quiera desarrollar el próximo Gobierno y el calendario no favorece al PP, ganador de las elecciones con 136 escaños.

La primera cuestión son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Las cuentas públicas son la gran ley de política económica de cualquier gobierno, gran parte de las decisiones estructurales en esta materia, como modificar impuestos y partidas de gastos, pasan por ella. El escollo reside en que, según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno debe presentar ante el Congreso los PGE del próximo ejercicio al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Si bien la fecha tope de presentación de las cuentas públicas (el mes de septiembre) se ha incumplido en reiteradas ocasiones sin impedir la aprobación final de las mismas, la fecha definitiva es el primer día del siguiente año, el 1 de enero de 2024 en este caso. Si antes de ese día no se han aprobado unos nuevos PGE, se prorrogarán automáticamente los de 2023 del gobierno de coalición.

Esto deja al PP de Alberto Núñez Feijóo con una única opción de poder llevar a cabo su política económica: formar gobierno en septiembre, ya que una hipotética repetición electoral en diciembre no dejaría días para elaborar unos nuevos PGE teniendo en cuenta los tiempos que se necesitan para constituir las cámaras y los grupos parlamentarios, en torno a un mes, más los días para la sesión de investidura y la formación del nuevo Gobierno.

No obstante, la opción de que Feijóo consiga ser investido con la actual composición del parlamento es poco probable, ya que solo suma 169 escaños con Vox y 170 con UPN (Coalición Canaria ha rechazado el apoyo). No llegaría a la mayoría absoluta en una primera votación y es complicado que reúna más votos a favor que en contra en una segunda, lo necesario para una mayoría simple, ya que el PNV ha afirmado que no apoyará un Gobierno con Vox, además de la cercanía de las elecciones autonómicas vascas y del buen resultado de Bildu.

Más probable es que el actual presidente del Gobierno reedite mandato, aunque Pedro Sánchez tampoco tiene garantizada la mayoría absoluta ni la simple, ya que haría falta el voto a favor de ERC y la abstención de Junts. En caso de que hubiera un segundo gobierno de coalición de izquierdas en septiembre, podría haber margen para aprobar unos nuevos PGE.

En una entrevista en la Cadena SER el pasado 30 de mayo, un día después de la convocatoria electoral, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que ya estaba “preparando el proyecto de presupuestos porque estoy convencida de que vamos a gobernar”. Desde el Ministerio de Hacienda ni confirman ni desmienten estos trabajos y recalcan que lo primero es la formación de Gobierno.

Otro obstáculo para el PP es el timing del Plan de Recuperación. Su programa electoral proponía transformar las subvenciones a fondo perdido y los préstamos que no estuvieran comprometidos en bonificaciones fiscales. El problema es que los fondos Next Generation avanzan en su adjudicación y la calificada como segunda parte del plan, la Adenda, está en Bruselas desde junio. La Comisión emitirá su opinión al respecto en agosto o en septiembre, por lo que un hipotético gobierno del PP en 2024 se encontraría con un Plan de Recuperación más difícil de renegociar si la Adenda obtiene el visto bueno del Ejecutivo comunitario en los próximos meses.

El profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, Josep Comajuncosa, reconoce a Infobae España que tener un escenario de bloqueo político durante los meses en los que se elaboran los PGE “siempre es un problema”. Sin embargo, considera que “la prórroga no es, en sí misma, algo terrible” porque las partidas presupuestarias más abultadas no experimentan grandes variaciones de un año a otro.

La problemática de no tener nuevos PGE en 2024 tendría más que ver con la situación económica y con la necesaria reducción de la deuda y el déficit. “En un momento en que el crecimiento económico es débil y dificultoso en los países desarrollados y, especialmente, en la Zona Euro, poder contar con algo de margen de maniobra en la política fiscal resultaría ventajoso”, opina el economista.

A esto se suma la vuelta a la disciplina fiscal en 2024, lo que significa hacer más sostenible el endeudamiento público y requerirá de “esfuerzos” con “implicaciones claras para el bienestar”. Comajuncosa opina además que serán necesarias negociaciones a nivel político y con los distintos grupos sociales y que estas “también resultan más complicadas en un entorno de prórroga presupuestaria”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha manifestado su preocupación ante la falta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de una tasa de referencia en la regla de gasto por la convocatoria electoral, ya que un Gobierno en funciones no puede aprobar nuevos PGE. Por ello, recomendó al Ministerio de Hacienda que establezca una tasa de referencia del crecimiento del gasto primario neto para CCAA y Ayuntamientos, de manera que sus cuentas públicas sean compatibles con el mandato que ya tiene España de Bruselas del limitar al 2,6% dicho crecimiento del gasto en 2024.

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