El primer Gobierno de coalición de la democracia: más de 200 leyes pese a las tensiones entre los socios y a no tener mayoría absoluta

Ni 48 horas tardaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en llegar a un acuerdo para formar el primer gobierno de coalición de la democracia reciente. El aumento de la presencia de la extrema derecha y la pérdida de escaños de PSOE y Unidas Podemos en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 posibilitaron un pacto que no se llevó a cabo ni en 2015 ni en 2016 ni en abril de ese año.

A partir de este domingo y hasta que se vuelva a formar un nuevo gobierno a la espera del resultado de las elecciones generales, el Gobierno de coalición tendrá el apellido de “en funciones”, dejando un balance digno de un ejecutivo con mayoría absoluta, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos han estado representados en el Congreso por 155 diputados (incluso se han quedado con dos menos por el escaño sin suplir de Alberto Rodríguez y la marcha de Meri Pita al grupo mixto).

Desde que se constituyó el Ejecutivo, en enero de 2020, hasta esta parte, la coalición ha cosechado más de 200 victorias en la Cámara Baja gracias a los apoyos ofrecidos por las diferentes fuerzas del arco parlamentario, principalmente por las del bloque de la investidura, conformada por partidos como ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, el PRC o Teruel Existe.

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El balance total de la legislatura es de al menos 215 normas: cerca de 120 leyes, entre proyectos de ley y proposiciones legislativas impulsadas por los partidos del Gobierno, y 95 reales decretos-ley entre 2020 y mediados de junio de 2023, cuando la Cámara Baja convalidó la última iniciativa con rango de ley de medidas frente a la sequía. Aparte, cabe subrayar las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1.080 euros actuales.

Muchas de las negociaciones motivaron fuertes tensiones en la coalición, o entre el PSOE y el resto de fuerzas progresistas del Congreso, pero una cosa hay cierta y es que, pese al “ruido”, la unidad se ha mantenido hasta el final, en contraste con los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos.

El Gobierno puso fin a la continua prórroga de los Presupuestos de 2018 con la aprobación de las cuentas públicas de 2021. Tanto este proyecto presupuestario como los dos posteriores (2022 y 2023) han tenido unas cifras récord al quedar suspendidas las reglas fiscales por la pandemia y la crisis de Ucrania, y con la previsión de recibir los fondos europeos.

Precisamente, para hacer frente a estas contingencias, además de los decretos de estado de alarma por la pandemia, el Ejecutivo ha desplegado en ambas etapas un importante escudo social con medidas prorrogadas durante meses para proteger “a la mayoría social del país”, su principal leitmotiv. Entre ellas han destacado los ERTE, los avales ICO, la prestación extraordinaria para autónomos, la prohibición de desahucios, corte de suministros y reducción de las facturas a las familias vulnerables, el límite del precio del alquiler al 2%, el tope de la luz (conocido como solución ibérica) y rebajas de impuestos en las facturas de la luz y el gas y de los alimentos.

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Otro de los hitos, sin duda, fue la aprobación de la reforma laboral gracias al error de un diputado del Partido Popular al votar de forma telemática. La votación fue de infarto por el transfuguismo de los dos exdiputados de UPN, ahora candidatos del PP, pero la reforma del marco de las relaciones laborales salió adelante por un solo voto de diferencia.

Destaca también la reforma de las pensiones, dividida en dos patas, en la que se liga por ley la subida de las pensiones conforme al IPC y se sustituye el factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que beneficia específicamente a los jóvenes y aumenta los recursos de la hucha de las pensiones. Estas reformas, acordadas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contaron con el no del PP.

Además, el Ejecutivo capitaneado por Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante importantes normas pioneras de marcado carácter social, como la ley estatal de vivienda (limita el precio del alquiler), la ley de Memoria Democrática, la ley de cambio climático (establece el objetivo de reducir las emisiones en al menos un 23% para el 2030), la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia (amplía el plazo de prescripción de los delitos), la ley de eutanasia (para quienes sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”), la reforma del aborto (recupera la interrupción del embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento parental), la ley trans y de derechos LGTBI (permite cambiar de sexo en el registro sin necesidad de informe médico a partir de 16 años) o la ley del solo sí es sí.

Esta norma ha provocado efectos indeseados, como es la reducción de las penas e incluso la excarcelación de agresores sexuales. Su reforma motivó una de las peores fracturas en la coalición, hasta el punto de que Unidas Podemos acusó al PSOE de favorecer la vuelta al Código Penal de La Manada, al entender que elimina el consentimiento. La reforma impulsada por los socialistas en solitario salió adelante con el apoyo del PP y el rechazo de los morados y del resto de fuerzas progresistas.

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Otras iniciativas relevantes son los nuevos impuestos a la banca, empresas energéticas y grandes fortunas; la ley de bienestar animal, que casi descarrila en el Congreso por la pinza de PSOE y PP para sacar a los perros de caza del marco regulatorio de la norma de Ione Belarra; o la ley audiovisual. Por otra parte, el adelanto electoral frustró la ley de familias y en el tintero de la legislatura se quedó la reforma de la ley mordaza después de que el Gobierno y ERC y EH Bildu fracasaran en la negociación.

En lo referente al conflicto político catalán, una de las decisiones más controvertidas de Pedro Sánchez han sido los indultos parciales a los presos del procés, y la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, amparada por una amplia mayoría en el Congreso.

En el marco de esta modificación legislativa, el Gobierno trató de sortear el veto del Consejo General del Poder Judicial –cuya renovación ha bloqueado el PP durante más de cuatro años– a la renovación del Tribunal Constitucional a través de dos reformas legales. Sin embargo, el tribunal de garantías tomó una decisión inédita a la par que polémica al impedir en el Senado la votación de los preceptos que afectaban a su propia actualización.

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Otra decisión que ha marcado la acción de Pedro Sánchez es el cambio de posición con respecto al Sáhara, al reconocer la propuesta de autonomía marroquí, por la que España abandona su posición de neutralidad activa en un conflicto prolongado durante 46 años. Asimismo, la tragedia de la valla de Melilla, en la que al menos 37 personas perdieron la vida en la frontera y 76 continúan en paradero desconocido, formará parte de los tristes episodios transcurridos durante su gobierno.

El primer ejecutivo de coalición de la democracia, el que se enfrentó a una pandemia mundial, a la erupción de un volcán y a las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa, como ha venido repitiendo Pedro Sánchez a lo largo de todos estos años, estará en funciones a partir de este domingo 23 de julio. Las urnas le pondrán a prueba.

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