Un alcalde paga una multa de 300€ de su bolsillo cada mes por una deuda heredada de 4,6 millones

El Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey (57.500 vecinos) tiene un problema. Un problema de 4,6 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condenó en 2022 a pagar esa cantidad en concepto de indemnización, intereses y costas por incumplir un convenio urbanístico que data de 1995. Toda una herencia envenenada que ha ido pasando de alcalde en alcalde y que ahora pone en un brete al actual regidor argandeño, Alberto Escribano, del PP.

En un brete porque el presupuesto del municipio para 2023 es de 92,3 millones de euros y como reconoce el propio Consistorio en un escrito al que ha tenido acceso Infobae España, la tesorería municipal pasa “por una difícil situación”. Esos 4,6 millones suponen el 5% de las cuentas públicas. Todo un roto en las finanzas de la localidad. Lo malo es que si el Ayuntamiento no salda su deuda, la justicia ya ha ordenado imponer al alcalde una multa de 300 euros cada mes que pase sin abonar los 4,6 millones.

Te puede interesar: Otra alcaldesa del PP que se sube el sueldo: la de Galapagar (Madrid) ganará un 22,9% más

Esta historia tiene un complejo trasfondo urbanístico. En diciembre de 1995 el Ayuntamiento de Arganda del Rey, entonces gobernado por el popular Ginés López (actualmente a la espera de juicio por corrupción en el caso Gürtel) firmó un convenio con la empresa Grupo Gestión y Desarrollo Inter. Ese convenio, a grandes rasgos, mejoraba la edificabilidad de unos terrenos de esta promotora y, a cambio, la empresa cedía al Consistorio un aparcamiento con 40 plazas y construía una glorieta.

Inter cumplió su parte de lo pactado, pero Arganda nunca mejoró la edificabilidad de los terrenos. Entre 1999 y 2003 hubo cambio de Gobierno y llegó una nueva Corporación de coalición formada por PSOE e IU. El tema se enquistó y no fue hasta julio de 2008 (Ginés López ya había recuperado la Alcaldía) cuando Arganda e Inter firmaron un nuevo convenio: la promotora recibiría “una atribución en especie” para obtener la edificabilidad que no pudo en el primer convenio en otros terrenos del municipio, en un futuro barrio conocido como Sector Sur.

Pero en 2009 se destapó el caso Gürtel, Ginés López tuvo que dejar la alcaldía por la puerta de atrás y tampoco se cumplió el nuevo convenio. Inter denunció al Ayuntamiento en 2013 y ganó. El juzgado de lo contencioso administrativo número 19 de Madrid condenó en junio 2015 al Ayuntamiento a pagar casi tres millones de euros. El Consistorio recurrió. En 2015 hubo además un nuevo cambio de Gobierno y los socialistas llegaron a la Alcaldía. El TSJM estimó los argumentos del municipio. No hacía falta pagar lo adeudado, bastaba con cumplir lo estipulado en el segundo convenio, es decir, permitir la edificabilidad pactada con la promotora.

El caso se empezaba a enredar con el paso del tiempo. En 2015, el Ayuntamiento intentó llegar a un nuevo acuerdo con la promotora, pero fue inviable. Porque el equipo de Gobierno ofreció a la empresa nuevos terrenos que no se podían monetizar ni construir sobre ellos. En definitiva, papel mojado e Inter no aceptó. “El PSOE ha estado muchos años sin intentar solucionar este asunto y los intereses han ido subiendo”, se lamenta un portavoz del actual Ayuntamiento, del PP. En julio de 2021, la justicia obligó a Arganda del Rey a pagar a la promotora Inter la indemnización de 2.953.467 euros. “No pagamos. Nuestros técnicos nos dijeron que ese convenio era ilegal y nulo”, explica Guillermo Hita, alcalde socialista entre 2015 y 2023. El Ayuntamiento volvió a recurrir y el TSJM desestimó ese recurso en junio de 2022.

La dilación en el tiempo y los recursos presentados han provocado que los tres millones de indemnización iniciales hayan aumentado hasta los 4,6 millones sumando intereses y costes. El 21 de marzo de 2023 el juzgado requirió al alcalde socialista Guillermo Hita que tenía que pagar de una vez por todas en un mes. No se pagó. “El juzgado me puso una multa de 300 euros”, confirma Hita, que en mayo perdió las elecciones municipales y el problema ha pasado ahora a su sucesor, Alberto Escribano, del PP. Porque la justicia ha dictaminado que cada mes que el Ayuntamiento no pague el regidor debe ser sancionado con una multa de 300 euros. Escribano ya ha pagado también su primera multa por ese importe. De su bolsillo.

Es más, si el Ayuntamiento sigue sin pagar, a la sexta multa que le llegue al alcalde el juzgado ha advertido la posibilidad de emprender acciones penales por desobediencia contra el regidor. Este próximo martes hay un Pleno extraordinario para tratar este delicado asunto. El Ayuntamiento ha pedido, de momento, un aplazamiento de las sanciones de 300 euros mensuales que tiene que pagar de su bolsillo el alcalde. “Luego el objetivo es llegar a un acuerdo con la promotora, porque la sentencia es firme y hay que cumplirla. Hay que estudiar todas las posibilidades: pagos a plazos u otro tipo de intercambio con la empresa, porque las cuentas del Ayuntamiento no pasan por su mejor momento. Lo importante es no prolongar esto porque los intereses siguen subiendo según pasa el tiempo”, aclaran desde el Consistorio.

Arganda del Rey, no obstante, no tira la tolla. Porque tiene un informe de la Comisión Jurídica de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que dice que el segundo convenio firmado en 2008 es nulo, por lo que ya se han emprendido otras accciones legales paralelas para intentar anular este convenio y, por ende, anular la multa en un futuro. Lo que pasa es que mientras que la justicia dictamina si el convenio es nulo o no, algo que puede tardar meses, la sentencia del pago de los 4,6 millones es firme. Este diario ha intentado hablar con la empresa Inter, sin éxito.

Seguir leyendo: