Madrid ratifica la ilegalidad de miles de pisos turísticos con una norma creada por Carmena: “Esto será como la ley seca”

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes las nuevas normas urbanísticas que modifican el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Entre otras medidas, ratifica lo que ya se venía aplicando sobre uno de los nuevos fenómenos residenciales que más polémica genera en las grandes ciudades, las viviendas de uso turístico (VUT). Siguen sin ser legales aquellos pisos destinados al alquiler turístico que no tengan un acceso independiente desde la vía pública, es decir, la gran mayoría.

“Más del 98% de estas viviendas no tienen ese acceso, por lo que siguen siendo ilegales. Lo que se ha aprobado este lunes es absurdo y el PP lo ha tenido que aprobar para sacar adelante el resto de normativa que afecta a otras cuestiones. Pero antes no se aplicaba y se seguirá sin aplicar. Es que no se puede aplicar. Hay que desarrollar una nueva regulación, si no esto va a ser como la ‘ley seca’”, explica a Infobae España Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, asociación mayoritaria del sector residencial urbano.

Te puede interesar: Fotogalería | Los rostros de un desahucio: 18 familias desalojadas en Móstoles

Para entender lo que está pasando hay que remontarse a 2019, cuando el Consistorio, entonces gobernado por Manuela Carmena, aprobó el Plan Especial de Hospedaje, una normativa que pretendía poner freno a la conversión de viviendas en pisos turísticos. Este plan solo permite que un piso se convierta en VUT si tiene acceso directo a la calle, lo que prácticamente limitaba la actividad a plantas bajas o locales reconvertidos en viviendas. Además, las VUT debían formalizar una declaración responsable y una licencia municipal.

Pero todo ha sido papel mojado. Al terminar 2022 había casi 13.000 viviendas turísticas en la capital, según datos de la Comunidad de Madrid, “y solo cerca de 300 pueden cumplir esta normativa”, señala Meras, que asegura que “la presión del sector hotelero y la falta de comunicación por parte del suyo” han provocado que se demonicen a estas viviendas, “cuando solo buscamos la convivencia y dar solución a una demanda turística que existe”. Según la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) a 31 de marzo de 2023 había 19.406 anuncios de viviendas de uso turístico en Madrid, un 30% más que un año antes. Las cifras son dispares, pero todas las estimaciones hablan de entre 13.000 y 15.000 VUT en la capital.

Desde Madrid Aloja ponen un ejemplo. En los tres últimos meses de 2022 hubo en la capital 140.000 pernoctaciones en viviendas turísticas, de las que solo 14 acabaron en fiestas que molestaran a los vecinos y la Policía solo intervino en dos. “No hay un problema con las VUT. Y esta normativa aboca a una ilegalidad que va a seguir. Hay que sentarse y hablar”, sentencia Adolfo Meras.

Para Pedro Barrero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la modificación de las normas urbanísticas aprobadas este lunes en referente a las VUT son un sinsentido. “El plan de hospedaje no se ha aplicado en el primer mandato del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. No hay disciplina urbanística. Hemos pasado de 22 a 11 inspectores, así es imposible controlar nada. Los datos que nosotros manejamos es que solo se han puesto 75 multas por viviendas turísticas ilegales, en un mercado que supera las 13.000 unidades. No hay voluntad política. Madrid se ha convertido en una oficina administrativa para favorecer a la iniciativa privada”, afirma.

Las nuevas normas se han aprobado en una sesión extraordinaria del Pleno con los votos en contra del PSOE y Más Madrid y la abstención de Vox. Los cambios entrarán en vigor cuando ahora obtengan el visto bueno la Comunidad de Madrid, que tiene un plazo de cuatro meses para hacerlo.

Esta no ha sido la única medida aprobada. También se regulan las polémicas cocinas industriales o ‘fantasma’, cuya concesión de licencias se encuentra paralizada por una moratoria que finaliza el próximo 16 de agosto. Al final, la nueva regulación permite que estas cocinas estén en zonas residenciales y ocupen un máximo de 350 metros cuadrados. Además, las nuevas viviendas en la capital no podrán ser inferiores a 40 metros cuadrados (hasta ahora el tamaño mínimo era de 25).

Seguir leyendo: