Las pifias del caso ‘Sálvame’: desde confundir a una redactora hasta olvidarse de Terelu Campos

El pasado 24 de abril de 2017, un total de 1.809.000 espectadores vieron Sálvame, uno de los programas estrellas de Telecinco. Entre ellos debía estar algún agente del Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, porque le chocó que una de las colaboradoras del espacio, Mila Ximénez (ya fallecida), contara en directo cómo el hijo del torero Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado había agredido a un policía dando además datos muy precisos del atestado policial que se había levantado tras el suceso.

No era normal. ¿Cómo había obtenido la colaboradora de Sálvame información tan detallada de ese atestado? Debía haber algún topo en el cuerpo. Asuntos Internos abrió una discreta investigación y enseguida llegó al policía que había consultado ese documento reservado, intervino sus teléfonos y comprobó que tenía hilo directo y muy asiduo con uno de los periodistas del programa del corazón. Empezaba así el ‘caso Sálvame’, que tras un año de investigación por parte de Asuntos Internos derivaba en abril de 2018 en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid.

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Más de cinco años después, esa instrucción judicial encara esta semana su recta final (la prórroga ya ha concluido) con una veintena de imputados, entre los que se incluye la ‘Fábrica de la Tele’, productora del programa. Aunque los principales señalados son el policía que filtraba los datos, ya jubilado; y Gustavo González, periodista y colaborador del programa que tenía una gran amistad con el agente y al que recurría de vez en cuando para obtener información. Sin embargo, la investigación policial y judicial deja un reguero de pifias y anomalías muy curiosas y pintorescas que definen una instrucción algo extraña. Estas son algunas de ellas.

En noviembre de 2021 el juzgado citaba en calidad de investigados a siete trabajadores del programa. Era habitual, que conociendo los contactos que tenía el colaborador Gustavo González, redactores de Sálvame le pidieran con cierta frecuencia información sobre algún famoso. Ahí aparece una tal Miriam, redactora de Sálvame, que en agosto de 2018 preguntaba a González si podía enterarse si el exnovio del humorista y actor Ángel Caro estaba en prisión.

“El poli no lo puede mirar”, respondía González al día siguiente. El problema es que la Miriam que el juzgado citó como investigada en 2021 no era la Miriam que había preguntado. En el programa trabajaban dos chicas con el mismo nombre. El juzgado tardó unos meses en darse cuenta del error y llamó en febrero de 2022 como investigada a la segunda Miriam, la que realmente había hecho la consulta. A pesar de ello, las dos siguen investigadas.

“En su precipitación y probablemente en la voluntad de sacar conclusiones al margen de un análisis sosegado y objetivo de los datos que se pudieran estar manejando”, señala la defensa de ambas trabajadoras con el mismo nombre, los informes policiales “han adjudicado responsabilidades en el programa ‘Sálvame’ a personas que no las tienen y se haya concedido la condición de investigado a personas que no sólo no han tenido ninguna relación con el Sr. Fernández Hita [el policía filtrador], sino ni siquiera con el Sr. González [el periodista colaborador de ‘Sálvame’]”.

Llama la atención que el juez Marcelino Sexmero citara a declarar como investigada el 4 de octubre de 2018 a Terelu Campos, una de las colaboradoras más famosas del programa, y que cinco años después esta no haya pisado el juzgado. El magistrado tomó esa decisión en 2018 porque, según los pinchazos telefónicos, Terelu pudo también ayudarse de los contactos del policía para obtener información de otros famosos. El problema es que pasaron los años y Terelu nunca fue a declarar. Se olvidaron de ella.

Hasta que en mayo de 2022 uno de los perjudicados en el procedimiento (hay muchos famosos supuestamente espiados en la causa) solicitó la declaración de Terelu. “No ha lugar llamar como investigada a Teresa Lourdes Borrego”, respondió el juez sin dar más explicaciones.

Según fuentes jurídicas del caso, el juez no hace alusión a uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho a la información, para motivar algunos de sus autos de solicitud de diligencias, como el registro y acceso a dispositivos. “Se ha transgredido o cuanto menos se ha sido muy poco respetuoso con el secreto profesional, que no es cualquier cosa. El artículo 20.1 (d) de la Constitución Española no sólo contempla el derecho a comunicar y recibir información veraz. También reconoce y protege el secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información”, señala la defensa de muchos de los imputados que han pedido el archivo del caso.

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Es decir, que el juez “debería haber motivado mejor por qué ha sacrificado un derecho tan importante como es el de la información” y “se han efectuado seguimientos a periodistas y se han incautado ordenadores personales y teléfonos móviles para revisar y extraer, entre otras cosas, las comunicaciones que un periodista mantenía con su fuente o con otros periodistas respecto a hechos de carácter noticioso”.

No se aprecia, además, en ninguna de las resoluciones adoptadas en la causa, incide la defensa, “ninguna referencia o alusión al impacto que tales medidas de investigación podrían presentar en el derecho fundamental a la información al que se refiere el artículo 20.1 (d) de la Constitución Española y el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.

Las pesquisas judiciales se centraron en supuestos delitos de cohecho y de revelación de secretos. Pero tras no encontrar pruebas de que el policía cobraba por pasar datos al resto de implicados, el juez acotó ahora la causa a la revelación de secretos. De hecho, durante la instrucción la Policía creyó que 12.000 euros que Gustavo González había cobrado del programa como caché para hablar de su relación con una actriz porno se trataba de un pago encubierto para pagar a supuestos confidentes. Una conclusión a la que llegó sin pruebas y que el periodista desmontó tras aportar todas sus nóminas.

La Policía Nacional suele poner un alias a las investigaciones que realiza. En este caso parecía sencillo haber bautizado a este caso como ‘caso Sálvame’, pero alguien decidió ponerle ‘caso Deluxe’. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. ‘Sálvame’ se emitía entre semana por la tarde y tenía como colaborador habitual a uno de los investigados, Gustavo González. ‘Deluxe’ era otro programa con el mismo formato que se emitía los fines de semana por la noche y que no tenía como colaborador a González.

Así que las dos marcas se vieron afectadas reputacionalmente tras estallar el caso. Tanto, que según ha podido saber Infobae España, altos directivos de Mediaset llamaron al ministerio del Interior para que esta inexactitud se corrigiera. Finalmente se renombró como ‘caso Luna’, el logo de ‘Deluxe’.

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