El Gobierno invierte 1.100 millones en la mejora de carreteras a las puertas del 23-J: lo mismo que recauda en peajes en un año

El mantenimiento de las carreteras en España es uno de los principales argumentos de las empresas privadas –como es el caso de Abertis, la principal empresa operadora de autopistas– para pedir la implantación de peajes. A poco menos de un mes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio, el Gobierno comenzó a realizar fuertes inversiones para el mantenimiento de estas vías, movilizando más de 1.100 millones de euros para conservar y mejorar un total de 5.586 kilómetros de carreteras. Una cifra que resulta familiar, ya que es el mismo importe que ingresaron las arcas públicas por la recaudación de los peajes.

Concretamente, en los últimos tres Consejos de Ministros se dio luz verde a varios contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, entre ellas todas las de peaje quebradas, que pasaron a ser gestionadas por el Estado. El pasado 27 de junio, el Ejecutivo aprobó una inversión de 293 millones de euros para conservar 2.017 kilómetros de carreteras –de los cuales 693 km eran de autovía– en Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz.

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En el siguiente Consejo, el 4 de julio, el Gobierno aprobó la licitación de siete contratos de conservación y explotación en 1.354 kilómetros de carretera –660 de ellos de autovía– en las provincias de Zamora, Toledo, Valencia y Galicia por 245 millones de euros. Sin embargo, la mayor inversión ejecutada por el Ejecutivo se ha realizado esta misma semana con la movilización de 571 millones.

Esta inversión se reparte en dos: por un lado, el Consejo de Ministros aprobó la licitación, por 414,7 millones, de tres contratos de servicios para el mantenimiento preventivo y la mejora de 1.515 km de carreteras convencionales en 13 comunidades autónomas; y por otro, autorizó la licitación de un contrato de conservación y explotación para 700 km de las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado, por un total de 157,5 millones de euros.

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Así, en menos de un mes, el Gobierno ha regado las carreteras y autovías del Estado con más de 1.100 millones de euros, el mismo importe que recauda por los peajes. En 2021 -últimos datos disponibles- se registraron más de 302 millones de pagos en cabinas de peaje, más de la mitad gestionados a través del sistema de telepeaje. Al cierre de ese ejercicio, la recaudación superó ligeramente los 1.100 millones de euros.

Las polémicas declaraciones del director de la Dirección General de Tráfico (DGT) han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de los peajes. El Gobierno ha negado de manera rotunda que se vaya a implantar el pago por uso de estas vías e incluso la propia DGT señalaba que no dispone de “ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse” sobre esta cuestión.

Sin embargo, el debate ha llegado a la ciudadanía, que no dudaría en cambiar sus hábitos de trasporte en caso de que el pago por autovías se convirtiese en una realidad. Concretamente, según un estudio elaborado por Alphabet, el 68% de los españoles recurriría a las carreteras secundarias para evitar pagar, a pesar de que el riesgo de siniestralidad de estas vías es mayor.

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La cuestión de los peajes viene de largo, aunque recientemente, el propio Gobierno reabrió este debate al incluir un estudio de un sistema de pago en las autovías en el marco de la solicitud de los fondos europeos con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19. Esta medida se alinea con los modelos de otros países europeos como Francia, Italia o Portugal, y contribuiría a rebajar el déficit de 9.000 millones de euros que existe actualmente en la conservación de carreteras y hacerlas más seguras.

En cualquier caso, el Ejecutivo ha trasladado en varias ocasiones que en los próximos años se presentarán las conclusiones de ese estudio, pudiendo incluir desde un pago simbólico hasta el uso de viñetas, pudiendo excluir del pago a transportistas o plantear bonificaciones en función de la renta o incluso ser gratis para personas que se desplazan por motivos de trabajo o estudios.

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