España apuesta por suavizar los objetivos de reducción de deuda a nivel europeo para priorizar la inversión social

Las reuniones del Consejo informal de Ministros de Empleo y Política Social de la Unión Europea (EPSCO) celebradas durante este jueves y viernes en Madrid en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE han finalizado con varios frentes de trabajo abiertos, siendo el más relevante para España la propuesta planteada por la Comisión Europea de flexibilizar los objetivos de reducción de deuda en aquellos estados miembros que lleven a cabo una serie de inversiones en políticas sociales marcadas como prioritarias.

Este debate es clave en un momento de reconfiguración de la disciplina fiscal y vuelta a unas reglas fiscales que fueron suspendidas en 2020 para poder paliar con más gasto público el sock de la pandemia, pero que volverán a partir de 2024. El nuevo marco de gobernanza fiscal está también en plenas negociaciones en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN).

Los ministros han abordado este viernes las cuestiones iniciales para materializar la referencia que el Ejecutivo comunitario plasmó en el anexo seis de su propuesta legislativa sobre las reglas fiscales del pasado 26 de abril. Según ha explicado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ministros están debatiendo para construir un marco de referencia en el que se fijen qué inversiones se incluyen, cuáles son las métricas y cómo se evalúa su rentabilidad.

No obstante, ha asegurado que “hay una posición mayoritaria de todos los países de que hay que moverse en esta dirección de reforzar un modelo de crecimiento inclusivo” y ha defendido que “la cohesión y las políticas de protección social no van en contra, sino que se refuerzan, desde el punto de vista de la prosperidad económica”.

Este es un paradigma contrario al que se aplicó tras la crisis financiera de 2008 y una “mayor flexibilidad”, como ha descrito Escrivá, de los objetivos de deuda daría más margen a España para cumplir con las nuevas reglas fiscales, ya que nuestro país cerró con un déficit del 4,8% del PIB en 2022 y la deuda pública se sitúa en el 113%, magnitudes muy por encima de los clásicos límites impuestos: alcanzar el 3% de déficit sobre el PIB y el 60% de deuda. Por el momento, la única recomendación clara sobre la mesa es que España no incremente su gasto primario neto más de un 2,6% en 2024.

No se conocen demasiados detalles de qué políticas sociales se verían reforzadas, aunque fuentes ministeriales detallan que están enfocadas a la inversión en capital humano, concretándose en la infancia, en políticas activas de empleo y en la mejora del alcance de las rentas mínimas (como el Ingreso Mínimo Vital en España) y de la inclusión de sus beneficiarios en el mundo laboral. Los siguientes pasos para concretar la propuesta se darán en una reunión de alto nivel en Aranjuez en otoño donde se presentarán las conclusiones del grupo de trabajo liderado por España y Bélgica, país que ostentará la próxima presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y finalizarán con una reunión conjunta del EPSCO y del ECOFIN a finales de 2023.

Otro asunto tratado en las reuniones ha sido dar mayor protagonismo al diálogo social a nivel comunitario. Según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz hay dos acuerdos en el marco del diálogo social europeo en materia de teletrabajo y desconexión digital que deberían cerrarse en los próximos meses y también se está negociando la directa de los trabajadores de plataformas.

Según el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, esta última normativa se encuentra aún en una fase de consultas, pero la intención de la Comisión Europea es que se aseguren salarios y buenas condiciones laborales a todos los trabajadores independientemente de si trabajan en la nueva economía digital o en áreas con mayor regulación. España ya aprobó la conocida como Ley Rider en 2021 en este sentido. Otro asunto que se está tratando y que en el que España también ha legislado recientemente es dotar de mayor protección social a los autónomos para equipararlos con los trabajadores asalariados.

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