Conciliar el sueño se ha convertido en misión imposible para Vanessa Espinosa. Esta mujer de 39 años con dos hijos a su cargo apenas duerme desde que hace un año la Seguridad Social le comunicó que debe devolver los 10.000 euros que cobró del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación dirigida a personas con escasos recursos económicos. La Administración considera que superó el límite de ingresos y ella, sin embargo, asegura que no han evaluado bien su caso.
Según la Seguridad Social, esta beneficiaria incumple los requisitos por haber recibido 600 euros mensuales durante año y medio por el Ingreso Mínimo Vital además de otros 250 euros de la pensión alimenticia de su exmarido. El problema está, según relata Vanessa a Infobae España, en que “jamás” ha recibido esa asignación. “Hay una sentencia judicial de 2008 en la que consta que el padre de mis hijos debe pasarme 250 euros de pensión, pero nunca lo ha hecho y la Seguridad Social puede comprobarlo con los extractos de mi cuenta bancaria”, asegura, mientras le invade un sentimiento de “rabia e impotencia” ante la imposibilidad de abonar la cantidad que le piden: “Aunque quisiera, no puedo pagarlo”.
A pesar de que Vanessa reclamó cuando hace un año le llegó la primera carta en la que la Seguridad Social le exigía la devolución del IMV, no obtuvo respuesta. “Han sacado su conclusión basándose únicamente en esa sentencia judicial”, lamenta. Ahora, además, ya ha recibido una segunda carta en la que le dan un plazo máximo de tres meses para abonar los 10.000 euros.
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Ante el aluvión de casos como el de Vanessa, Infobae España se puso en contacto con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, donde aseguran que no ha habido errores a la hora de cruzar datos entre administraciones y que la prestación solo se retira en caso de que se dejen de cumplir los requisitos, aunque no aclaran nada en torno a estos casos donde se solicita el reembolso con carácter retroactivo. El Ministerio sostiene que retira las ayudas “normalmente porque los beneficiarios comienzan a obtener mayores ingresos provenientes del trabajo”. Es más, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá aclara que tras la revisión de los datos de 2022, “más de la mitad de las prestaciones fueron revisadas al alza o dejadas igual”.
Son tantas las personas que han recibido notificaciones para devolver el IMV -o parte de él- por “cobros indebidos” que se ha creado una plataforma de afectados para denunciar las “injustas resoluciones” que, a su juicio, está aplicando la Administración. Critican la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo, pues “no responden cuando se reclama o retiran la ayuda sin ningún tipo de explicación”.
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El IMV, una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia, ha llegado a un total de 646.084 hogares en los que viven 1.868.172 personas desde que entró en vigor en 2020, según los últimos datos del departamento que dirige José Luis Escrivá. La cuantía media mensual de esta prestación por persona beneficiaria es de 171 euros y por hogar 491 euros.
“Ni siquiera solicité la ayuda”
Vanessa trabaja actualmente unas tres horas diarias en el sector de la limpieza, por lo que su salario precario no alcanza para pagar el alquiler de 400 euros y mantener a sus dos hijos. Mucho menos para tratar de pagar esa deuda de 10.000 euros, que es prácticamente la totalidad de lo que recibió durante ese año y medio que cobró el IMV.
No puede entender cómo a una persona en situación de vulnerabilidad económica como ella le concedan una ayuda “para después tener que devolver el triple”, teniendo además en cuenta, recuerda, que ni siquiera solicitó el IMV, sino que se lo concedieron de oficio, al igual que a otras 74.000 familias en toda España. Como previamente era beneficiaria de la ayuda por hijo a cargo -por la que recibía unos 150 euros cada seis meses-, en 2021 se le concedió directamente el IMV sin necesidad de solicitarlo.
“Hubiera sido mejor haberme quedado con lo que tenía que, aunque era poco, al menos no tenía deudas. Ahora ni siquiera puedo dormir”, lamenta Vanessa.
“No puedo devolver 11.500 euros”
A Juana —nombre ficticio—, una mujer de 45 años, la ansiedad y la incertidumbre tampoco le dejan dormir últimamente. En su caso, la Tesorería General de la Seguridad Social le reclama 11.500 euros por superar también el límite de ingresos con la pensión alimenticia que recibe de su exmarido por sus dos hijas, que equivale a 480 euros. En principio le comunicaron que debía devolver 12.883 euros, pero después de varias reclamaciones, rebajaron la cantidad hasta los 11.500. “Yo no puedo pagar eso, ni siquiera tengo trabajo”, explica a este medio, al tiempo que recuerda que le concedieron el IMV de oficio.
Esta afectada asegura que la Seguridad Social “ha cruzado mal los datos con Hacienda” y defiende que no supera el baremo establecido para recibir la prestación. A Juana le llegaron a embargar la cuenta conjunta que tiene con su exmarido para pagar la hipoteca, si bien después, dice aliviada, una orden judicial lo impidió y, de momento, no está embargada. “Ni los abogados saben cómo ha podido ocurrir todo esto”, dice la mujer, que ha presentado una demanda y está esperando respuesta por parte de la Administración.
Como a partir de este año se puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital si se compagina con un trabajo, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, Juana admite que ahora hasta tiene miedo de conseguir un empleo por si se pasa en el límite de rentas. “Me da pánico encontrar un trabajo, no sea que supere el baremo en 0,1 euros”, ironiza.
“Temo que me embarguen la vivienda”
Antoni acaba de cumplir 60 años y durante mucho tiempo se dedicó a las artes escénicas, un sector ya de por sí precario. A finales de 2022 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le comunicó que dejaría de cobrar el Ingreso Mínimo Vital por exceder el límite de ingresos. Sin embargo, él asegura que la Administración “ha cruzado mal los datos”, porque no dispone de los 54.000 euros que le indican. “¿Qué clase de ayudas son estas que te dejan peor que antes de pedirlas?”, se pregunta este afectado, que cuenta con una discapacidad del 39% por enfermedad incurable.
Como ya conoce otros muchos casos de afectados, ahora teme que le llegue una segunda carta en la que le reclamen “cobros indebidos” que no puede asumir y le embarguen la vivienda o la cuenta bancaria. “Es como una losa que te puede caer en cualquier momento”, explica, si bien asegura que se ha adelantado y ya ha presentado una demanda “para ver si se puede paralizar” el proceso. “Dicen que quieren ayudar y nos dejan peor que antes. Solo faltaba que me quedara en la puta calle”, añade.
Reclamación colectiva y críticas de la AIReF
Ante los numerosos casos de afectados por el Ingreso Mínimo Vital, la ONG internacional ATD Cuarto Mundo ha iniciado una reclamación colectiva para poder presentarla en los próximos meses ante el comité Europeo de Derechos Sociales. El objetivo, explican a Infobae España, es que el comité se pronuncie ante varios “incumplimientos básicos” que tienen que ver con el tiempo que se pide de empadronamiento o el criterio de edad que impide a los menores de 23 años solicitar la prestación, salvo en determinadas circunstancias.
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“En el caso de revisión anual con rentas de periodos anteriores hay un desfase importante en la valoración de las cuantías y eso está generando problemas por cobros indebidos al calcularse de esa manera”, indica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo. También existen problemas cuando nace un nuevo miembro en la familia, pues el IMV “queda suspendido mientras se valora la situación” o incluso se elimina “por no haber continuidad en la unidad de convivencia” y eso es algo que ocurre a menudo en las familias vulnerables porque “el alojamiento es inestable”, añade Arranz.
La situación es tan compleja que el pasado mes de junio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también dio un tirón de orejas al ministerio que dirige José Luis Escrivá al señalar los “escasos avances” en el despliegue del IMV. Como las revisiones de la Seguridad Social se llevan a cabo cada año cuando dispone de los datos confirmados de renta y patrimonio del ejercicio anterior, la AIRef indicó que el retraso en la disponibilidad de esta información fiscal está perjudicando a casi la mitad de los beneficiarios.
Según las estimaciones de este organismo, cerca de 48.000 hogares tienen que devolver totalmente la prestación por no cumplir los requisitos para recibirla, mientras que casi 82.000 verán reducidas sus cuotas mensuales para devolver parte de lo cobrado.
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