Aquella vez que la mafia georgiana quiso ser española de la mano de la Delegación del Gobierno de Cataluña

El Tribunal Supremo ha recuperado una historia que vincula a la mafia georgiana y al exsubdelegado del Gobierno de Cataluña, Eduard Planells, una historia que bien podría ser sacada de una película, eso sí, basada en hechos reales. Y es que, dicho Tribunal ha confirmado la condena contra el exsubdelegado por cinco años de inhabilitación y seis meses de prisión, una pena que puede ser sustituida por una multa de 2.880 euros, por firmar expedientes de extranjería ilegales de personas vinculadas con la Cosa Nostra de Georgia, así como por aleccionar a funcionarios de dicha institución para que tramitaran el mismo documento de manera favorable y preferente.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por Planells, confirmando de esta forma la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, la cual le condenó por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, para ser como comenzó la relación entre el exsubdelegado y la mafia, hay que remontarse muchos años atrás, en concreto 22 años, momento en que Planells comenzó un vínculo con Malchas Tetruashvili, relacionado con la organización criminal de origen georgiano Kutaiskaya, a través del cual se llevó a cabo toda la trama. Cabe destacar, además, que Tetruashvili era titular de todo un entramado societario así como de empresas de hostelería.

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Durante el año 2001, Planells ocupaba un puesto como coordinador de Servicios Periféricos en la Oficina de Extranjería antes de dar el salto a la Delegación de Gobierno. En ese momento, le entregó a Malchas Tetruashvili un documento firmado por él, con el fin de exhibirlo ante todas las autoridades que fuera posible, en el que se decía que Tetruashvili actuaba en nombre de la ONG OPAC y que, “de un primer análisis de las solicitudes, se deducía que respondían a una necesidad real de trabajo por parte de empresas legalmente constituidas y que venía actuando con normalidad”, detalla el informe del Tribunal Supremo. Es decir, que un documento que trasladaba a todas las instituciones la necesidad de tramitar cuanto antes las solicitudes de extranjería presentadas por dicho empresario.

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Además, según los hechos, Planells llevó a cabo conductas en beneficio del empresario hostelero, pero también para personas relacionadas con él, tanto personal como laboralmente, por lo que Tetruashvili consiguió, además, un beneficio económico que nunca pudo de determinarse. Lo que sí quedó acreditado, es que Planells dio el visto bueno a solicitudes de permisos de residencia realizadas por OPAC.

También fue probado que existió un trato de favor en hasta cinco expedientes relacionados con empresas o personas vinculadas a Tetruashvili, “bien porque él mismo adoptó resoluciones a sabiendas de su ilegalidad o bien porque influyó en los funcionarios encargados de los expedientes”, detalla el informe. De esta forma, Planells, a través de Tetruashvili, cooperaba con la mafia de Georgia tramitándole el expediente de extranjería a sus trabajadores o personas vinculadas por la Cosa Nostra. Pero, finalmente, las cosas se torcieron.

Corría el año 2007, cuando el entonces subdelegado del Gobierno en Barcelona fue detenido bajo la sospecha de haber llevado a cabo las actividades detallas. La Cosa Nostra fue desarticulada en junio de 2005, tras ello, los agentes de la Policía continuaron las investigaciones, en las que analizaron grabaciones telefónicas comprometidas y diversos expedientes y acusaron a Planells de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, una condena que ahora ha sido confirmada.

Según destacan, los testimonios de los funcionarios evidencian “la sutil manera que tenía el condenado de ejercer su influencia sobre sus subordinados, propio de una incitación directa a que otro, por razón de esa subordinación, no se apartara de las indicaciones que le daba su superior, que, aunque aisladamente las pudiera considerar inocuas cada uno de quienes las recibieran, formaban parte de la estrategia delictiva montada por el condenado”. Además, consideran que el hecho de que se concedieran esas autorizaciones, no implica que no puedan ser utilizadas.

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Y es que, el hecho de que Planells, que es un experto en materia de extranjería, las firmara cuando faltaban documentos en algunas de ellas, no deja lugar a dudas de “la arbitrariedad de tal proceder, porque siendo consciente de tan palpable ilegalidad, está dictando una resolución administrativa, como funcionario, ‘a sabiendas de su injusticia’”, especifican.

El Tribunal Supremo también ha confirmado que los hechos probados se ajustan al delito de tráfico de influencias, que no precisa que exista beneficio económico para la perfección del delito, ya que es suficiente con que se acredite la “imprescindible intención de obtenerlo”. En este sentido, explican que hay beneficio económico por la vía indirecta, que aunque no se pudo cuantificar económicamente, sí “tienen indudable valor económico y suponen además una utilidad y ventaja: su disfrute por el trabajador permite la obtención de ingresos y respecto del empleador regulariza la situación de los trabajadores que ya están trabajando en la empresa”.

Por último, también han rechazado rebajar la pena a Eduard Planells por una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. “Sin obviar la lenta tramitación de la causa”, ese dilatado periodo de tiempo no justifica una rebaja de la pena en dos grados.

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