El Gobierno crea un fondo para impedir despidos en crisis que podrán evitar los próximos ejecutivos

Antes de que se celebren las elecciones del 23 de julio y el Gobierno pase a estar en funciones, ha dejado más atada una de las principales novedades que introdujo la reforma laboral de 2021, el Mecanismo RED, mediante la aprobación en un real decreto ley del fondo colectivo que lo financia.

Se trata de una herramienta para evitar que las empresas recurran a despidos masivos en momentos de crisis reproduciendo lo puesto en marcha durante la pandemia, pero su activación y parte de su dotación dependerán del Ejecutivo de turno y la otra parte de su financiación está sujeta a que la Comisión Europea conceda un préstamo a España que posteriormente habrá que devolver con intereses.

“En tiempos de crisis no hay que despedir a nadie”, ha defendido con rotundidad la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo y ha contrapuesto este modelo ideado por los dos partidos del Ejecutivo al de “la derecha”, que propone “fondos individuales como la mochila austriaca”, herramienta que el PP detalla en el punto 26 de su programa para el 23J. “La salida de la derecha es sálvese quien pueda (...) y que los trabajadores sufraguen el despido del que sean víctimas”, ha añadido.

Planean varias incertidumbres en torno a este mecanismo. Las empresas tienen que solicitar acogerse a él en situación de crisis cíclica o sectorial previo pronunciamiento de la Inspección de Trabajo y el Consejo de Ministros lo tiene que aprobar. Durante una jornada organizada recientemente por Fedea sobre la reforma laboral, la directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, opinó que el Mecanismo RED “tiene problemas de implementación” porque su activación “puede tener carácter discrecional” al depender del Ejecutivo.

Algo en lo que coincidió Juan Ramón García, economista de BBVA Research, afirmando que “existe un riesgo de arbitrariedad política” al no establecerse unos “mecanismos o métricas objetivas” que orienten sobre cuando es recomendable activarlo o no, más allá de lo que considere la Inspección de Trabajo. Por el momento, las agencias de viajes ya han hecho uso de este fondo en 2022 al estar contemplado en la reforma laboral.

Otro elemento de incertidumbre es la financiación de esta herramienta. Según ha explicado Díaz y contempla ya la propia reforma laboral, estará sustentada en tres vías. “Singularmente”, según ha detallado la vicepresidenta, con el superávit que se tenga de las cotizaciones sociales por desempleo, que actualmente está en torno a los 4.000 millones de euros. A esto se sumarán dotaciones anuales en los Presupuestos Generales del Estado y la financiación que aporte la Unión Europea. Esta última se articulará a través de 3.000 millones de euros en forma de préstamo que el Ejecutivo solicitó en junio a la Comisión Europea en la adenda al Plan de Recuperación. Bruselas tiene hasta agosto para decidir sobre la adenda, aunque lo puede dilatar otro mes más.

Gordo percibió un problema en el aspecto financiero, ya que el sistema de desempleo tendrá excedentes en “momentos buenos”, pero será “difícil” que eso ocurra en momentos de crisis “como las que hemos tenido estos últimos años”. La postura del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que la buena marcha del mercado laboral se mantendrá y el superávit del Servicio Público de Empleo Estatal será posible. “Es tan novedoso y nos encontramos en una fase expansiva que es muy difícil evaluar cómo va a funcionar” reconoció García, que considera que sus verdaderos efectos no se verán hasta la llegada de una nueva crisis.

También en dicha jornada, Juan Francisco Jimeno, asesor en el Banco de España, consideró que este mecanismo no “va a resolver grandes problemas y va a ser una fuente de pérdida de recursos del sistema de prestaciones por desempleo”.

El desarrollo reglamentario del Mecanismo RED contempla beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, reducciones de jornada y suspensión de contratos de trabajo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. Estos beneficios están condicionados a acciones formativas y al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del mecanismo u el incumplimiento dará lugar al reintegro del importe de las cotizaciones exoneradas, recargo e intereses de demora.

En la modalidad cíclica las empresas se podrán beneficiar de una exoneración del 60% en las cuotas; del 30% entre el quinto y el octavo mes y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial serán del 40% y estarán condicionadas a la realización de actividades de formación.

Las personas trabajadoras afectadas por un Mecanismo RED percibirán el 70% de la base reguladora durante todo el periodo (hasta un máximo del 225% del IPREM) y tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo. Durante la aplicación del Mecanismo RED no podrán realizarse horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de la actividad, ni nuevas contrataciones, directas o indirectas.

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