Las inmobiliarias siguen burlando la Ley de Vivienda dos meses después de su entrada en vigor. El nuevo texto, que se aprobó a mediados de mayo, puso sobre la mesa una serie de cambios con el objetivo de, supuestamente, proteger los intereses de los inquilinos. Entre las medidas impulsadas, se acordó que los propietarios se encargarían de pagar los honorarios de las agencias, una cuota que, hasta entonces, afrontaban los arrendatarios. Las empresas y los caseros no tardaron en dar con una fórmula para derivar ese gasto a los inquilinos y mantener su nivel de ingresos: saltarse la norma.
La asociación de consumidores Facua ha publicado un informe en el que denuncia que el 41% de las inmobiliarias sigue cobrando a los inquilinos una serie de gastos ilegales. Las compañías se excusan en los “gastos de gestión”, las “comisiones” o el ”asesoramiento jurídico” para sostener estos pagos. La plataforma ha realizado un muestreo entre más de 100 agencias de once capitales de provincia españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, que son tres de las ciudades más tensionadas del país.
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La Ley de Vivienda introdujo una modificación en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que databa de 1994, para matizar que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Sin embargo, las agencias todavía reclaman a los inquilinos estas cantidades, aunque las camuflan y tratan de venderlas como servicios de otro tipo.
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El informe de Facua, desglosado por ciudades, sostiene que tres de cada diez inmobiliarias incumplen el reglamento en Barcelona. En Madrid, por ejemplo, son tres de cada cuatro las empresas que ignoran la normativa. La asociación de consumidores ha avanzado que pretende ampliar las denuncias presentadas contra las agencias por este tipo de comportamientos. El pasado mes de junio, la plataforma se querelló contra 31 de los negocios.
El Sindicato de Inquilinos no ha ocultado su indignación con todas estas prácticas y asegura haber recibido multitud de quejas desde que entró en vigor la nueva ley. Los potenciales arrendatarios se ven obligados a pagar estos gastos, normalmente equivalentes a una mensualidad, para no perder el piso que desean alquilar. Las agencias, por su parte, echan balones fuera y utilizan como escudo el desconocimiento de la norma.
Cómo actuar si las inmobiliarias vulneran la ley
Facua ha publicado una serie de recomendaciones para los usuarios que tengan que lidiar con las agencias y sus triquiñuelas. La organización cree que lo mejor, para no perder la oportunidad de alquilar el inmueble, es pagar por el concepto exigido y pedir acto seguido una factura independiente que refleje la transferencia. Una vez firmado el contrato de alquiler, los clientes pueden acudir a la inmobiliaria para solicitar el reembolso del importe. Los afectados, si no consiguen solucionar el conflicto, pueden denunciar la situación ante las autoridades de consumo autonómicas e incluso recurrir a la vía judicial.
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