El Gobierno ha aprobado este martes en el penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 23 de julio la mayor oferta de empleo público (OEP) de la historia con un total de 39.574 plazas, un 15,8% más de las 34.151 que se registraron en la OEP de 2022, según ha detallado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
La oferta cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT y CSIF, pero no con el de CCOO, por falta de datos para conocer si realmente se está creando o no empleo público al convocar más puestos de los que se han dado de baja en 2022. Según Montero, esta OEP sí “crea empleo neto” y supera “la reposición de efectivos”. En concreto, la tasa de reposición general “se consolida” en el 110% y llega al 120% en sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y al 125% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (125%).
El reparto de las plazas por sectores es 29.818 para la Administración General del Estado (AGE), de las que 19.900 son de nuevo ingreso. Otras 1.907 plazas para la Administración de Justicia, 2.833 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 2.875 plazas para la Guardia Civil. A estas se suman otras 2.141 plazas que ya se aprobaron para las Fuerzas Armadas.
Dentro del total de plazas, el Ejecutivo también incluye 1.525 correspondientes a la “tasa adicional”, de las que 1.025 van destinadas a la Seguridad Social para gestionar el Ingreso Mínimo Vital y otras 500 son de la escala de funcionarios de habilitación de carácter nacional y están dirigidas a los Entes Locales. También se incluyen 2.500 plazas para las oficinas de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con las que se impulsará la atención directa al ciudadano.
Convocatorias y procesos con fecha límite
La OEP de 2023 tiene ciertas condiciones, todas las convocatorias de las plazas tienen que estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2023 y los procesos, incluyendo la finalización del plazo de alegaciones, tienen que estar culminados antes de que transcurran dos años desde la fecha de aprobación de la oferta. “Tratamos de corregir los retrasos excesivos”, ha asegurado Montero, de manera que los opositores puedan saber si han aprobado un examen de una plaza antes de presentarse a otra convocatoria.
Montero ha justificado esta OEP en la necesidad de “fortalecer plantillas por recortes y tasas de reposición cero de gobiernos anteriores”, lo cual deterioró los servicios públicos. Según los datos del Ejecutivo, entre 2012 y 2018 se perdieron “más de 124.000″ empleos públicos, mientras que entre 2018 y 2022 se han creado “más de 169.700″.
Retirada de medallas a franquistas y Mecanismo Red
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la retirada de medallas de mérito al Trabajo al dictador Franco y a otros responsables de la represión dictatorial que tuvieron participación activa tras el Golpe de Estado de 1936. Este acuerdo ha sido anunciado por la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha detallado otras ocho personas a las que se les ha retirado dicha condecoración: Enrique Pla y Deniel; José León de Carranza; José Luis de Arrese Magra; José María Fernández Ladreda; José Solís Ruiz; Juan Yagüe Blanco; Jesús Romero Gorría y José Antonio Girón de Velasco.
Por otra parte, Díaz ha anunciado la aprobación de un decreto ley para el desarrollo reglamentario del Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, aprobado ya en la reforma laboral de 2021 y diseñado para evitar despidos en momentos de crisis cíclicas o sectoriales. Esta medida, heredera de los ERTE de la pandemia, se consolida como estructural a través de la creación de un fondo “colectivo”, una cuenta en el Banco de España, alimentada con tres vías. La primera, una dotación presupuestaria de los PGE; la segunda y de manera “singular” con el superávit que haya en las cuotas de cotización por desempleo de los trabajadores y, la tercera, con 3.000 millones de euros que el Ejecutivo va a “reubicar” de los Fondos Next Generation, según ha explicado la ministra de Trabajo.
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