El Gobierno aprobará una oferta de empleo público de unas 30.000 plazas apoyada por UGT y CSIF y rechazada por CCOO

El Gobierno aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes la oferta de empleo público (OEP) para 2023 acordada con los sindicatos UGT y CSIF este lunes, pese al rechazo de CCOO. Según fuentes de este sindicato, la decisión negativa se ha producido por considerar que carecen de datos para conocer si está habiendo o no un aumento real de efectivos con los números que ha avanzado el Ejecutivo.

Durante la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) con los sindicatos, el Gobierno ha detallado que la OEP de 2023 será “al menos” un 20% mayor que la del año pasado, es decir, que estará en torno a las 29.520 plazas. De ellas, 2.500 irán destinadas a la Seguridad Social para agilizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según el borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Infobae España.

Desde CSIF consideran que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública permitirá realizar “una oferta de empleo público sin precedentes en la AGE”, con “miles de plazas para reforzar los servicios públicos gravemente tensionados, como consecuencia de las políticas de recorte de las últimas décadas”. Aunque reconocen que el Ejecutivo “aún no ha concretado las cifras” porque lo hará durante el Consejo de Ministros. De las plazas ofertadas, un 7% se reservarán para personas con discapacidad, de las cuales un 2% estarán reservadas para personas con discapacidad intelectual.

El sindicato afirma que se creará “empleo neto” por encima de las jubilaciones, pero CCOO no está de acuerdo con este análisis. Según el representante de CCOO en la mesa, Javier Martínez, el documento que presenta el Gobierno “no garantiza el servicio público a la ciudadanía”. “Las bajas han sido unas 11.749″, afirma Martínez, aunque el Ejecutivo no les ha dado los datos oficiales. Según sus cálculos, las bajas habrían experimentado un crecimiento de un 20% en 2022 respecto al año anterior, la misma cifra que el aumento de la oferta, por lo que CCOO no ve “el incremento real de empleo público”.

“No paran de anunciarse las ofertas más grandes de la historia, cuando los datos demuestran que seguimos perdiendo personal en la AGE”, continúa Martínez, por lo que CCOO ha decidido que “sin documentación de verdad sobre las bajas y sus causas y el número de plazas ofertadas y su distribución, no podemos ni valorar de verdad con datos”.

Desde CSIF también perciben la pérdida de personal. Según el sindicato, pese a las ofertas de empleo público de 2021 y 2022 “únicamente se han creado 7.504 plazas netas”, lo que contrasta con los más de 54.000 empleos perdidos desde 2010. Además, se da la circunstancia de que “más del 60% de la plantilla se jubilará previsiblemente en los próximos 10 años”, lo que supone la pérdida de 136.000 empleos adicionales, calculan.

En el borrador del acuerdo se reconoce la necesidad de “impulsar procesos que ayuden a consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre de 2024″, un objetivo comprometido en la ley de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en este ámbito. En este sentido, la oferta de empleo público de 2023 deberá incluir plazas para “dotar de permanencia” al programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital “que ha devenido estructural con el transcurso del tiempo”.

El documento también reconoce que la Seguridad Social ha visto incrementado su trabajo, además de por el IMV, por la “potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones y prestaciones”, por lo que se incluyen 2.000 plazas de “necesaria y urgente cobertura” autorizadas para su desempeño por personal funcionario interino a finales de 2022. Además, dichas plazas se incrementarán en un 25% más por los nuevos servicios encomendados, lo que asciende a 2.500.

Otros ámbitos que se marcan como prioritarios son la administración de justicia, superando las plazas de nuevo ingreso dela oferta anterior para “hacer frente a los retos de modernización de la justicia”. En concreto, se fija que la promoción interna se fije en “al menos el 50% de las plazas ofertadas de turno libre”. En cuanto a la administración local, simplemente se refiere a que es necesario ofertar suficientes plazas de nuevo ingreso para este colectivo.

La OEP incluirá tanto las plazas de acceso por turno libre como de promoción interna, que en la OEP de 2022 se distribuyeron en 12.339 de turno libre y 9.261 de promoción, un total de 24.600 plazas. En cuanto a la promoción interna, el borrador del acuerdo señala que la OEP de 2023 debe destinar “al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre”, pero no detalla datos concretos. Por otra parte, se detalla que las plazas de promoción interna no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2023, incluidas las que ya hubieran sido publicadas.

Seguir leyendo: