¿España necesita bajar o subir impuestos? Estas son las propuestas de cada partido y lo que marca Bruselas

Los cuatro partidos principales que aspiran a la presidencia del Gobierno han hecho públicos sus programas electorales esta semana: un total de 747 páginas con cientos de propuestas que plantean modelos diametralmente opuestos, aunque con algunas similitudes entre los bloques que podrían formar gobierno si les dan los números. Centrando el análisis en la fiscalidad, el partido que más propuestas ha esbozado es Sumar, que presenta 39 medidas. Le sigue Vox, con otras 26 propuestas y en tercer y cuarto lugar se sitúan el PP (con 17) y el PSOE (con 14).

Más allá de la cantidad de propuestas y de las claras diferencias en su orientación, ningún programa reconoce los límites que tiene la fiscalidad española por el elevado endeudamiento público y la vuelta a la disciplina fiscal a nivel comunitario, aunque todos hacen alguna mención genérica a la consolidación fiscal. El déficit cerró el pasado año en el 4,8% del PIB y la deuda pública se sitúa en el 113%, magnitudes muy por encima de los clásicos límites impuestos por las reglas fiscales comunitarias: alcanzar el 3% de déficit sobre el PIB y el 60% de deuda.

Las nuevas reglas fiscales están en pleno debate en el Consejo de Asuntos Económicos de la UE y se prevé que den mas autonomía a cada país en sus planes para acercarse a esos límites manteniendo políticas de inversión pública, pero España tiene ya una recomendación clara en el corto plazo que debe cumplir. La Comisión Europea pidió en mayo que el crecimiento del gasto primario neto español se sitúe por debajo del 2,6% en 2024.

El objetivo parece alcanzable según las previsiones de Bruselas en base al Programa de Estabilidad enviado por España en abril, que contemplan que el gasto se elevará solo un 1,4% el próximo año, pero esta previsión podría aumentar con las medidas de aumento de gasto público que contemplan algunos partidos y con los gastos en los que puedan incurrir las autonomías por los superávits derivados de una favorable liquidación del sistema de financiación en 2024. Pese a su importancia, ningún programa explica si las medidas propuestas son compatibles con este límite de gasto impuesto por Bruselas.

También presenta problemas bajar drásticamente los impuestos, ya que es necesario reducir el déficit al 3% en 2024 para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Rebajar la capacidad recaudatoria implicaría recortes de gasto para no aumentar el déficit ni la deuda. Deuda a la que cada vez hay que destinar más dinero público para pagar sus intereses.

Además, está pendiente de realizar la reforma fiscal comprometida en el componente 28 del Plan de Recuperación (PRTR). Según el comité de expertos que elaboraron el libro blanco previo a la reforma (también comprometido en el PRTR): “Es necesario incrementar la eficiencia y el potencial recaudatorio del sistema tributario y ofrecer alternativas para asegurar la suficiencia”. Algo que parece poco compatible con bajar impuestos.

El PP afirma en su programa que ha habido “años de constantes subidas de impuestos” y que su intención es “reducir la presión fiscal de los ciudadanos”. Vox es más contundente y promete “proteger a los españoles del infierno fiscal y burocrático”. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la presión fiscal en España se situó en 2021 en el 39% del PIB y ha crecido en los últimos años (era del 35,4% en 2018), pero está por debajo de la presión fiscal media de los países de la UE, el 41,7%, y por debajo de la eurozona (42,2%).

Las principales propuestas del PP en materia de fiscalidad consisten en deflactar el IRPF para que el Estado no recaude más de las rentas personales por la inflación y eliminar el impuesto a las grandes fortunas, pasando por una serie de deducciones y bonificaciones fiscales para determinados colectivos. Algunos de estos grupos son: nuevos residentes en España, inversores, empresas emergentes, autónomos, mujeres, jóvenes, y el mundo rural. En la otra parte, la de subidas de impuestos, solo propone una: crear una “tasa por hito” a los promotores de proyectos renovables para financiar que la administración sea más ágil en la concesión de permisos y aprobación de las instalaciones.

Vox también propone rebajar el IRPF, pero en mayor medida: estableciendo un tipo del 15% para bases imponibles por debajo de 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% a partir de esa cifra. No obstante, estos tipos se reducirían cuatro puntos por cada hijo hasta cuatro hijos, de manera que quienes tengan una base imponible menor a los 70.000 euros y 4 hijos no pagarían nada al Estado por sus rentas. Esto supone una gran bajada de impuestos, ya que el IRPF es el gravamen por el que más se recauda en España, el 42,85% de los ingresos tributarios en 2022.

También plantea bajar los tipos del IVA volviendo a los anteriores a 2012, reducir el Impuesto de Sociedades, suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el de Plusvalías municipales y reducir el de Actos Jurídicos Documentados, entre diversas medidas de bonificación a familias y por el consumo de productos nacionales y locales. Como subida de impuestos sugiere que las tecnológicas coticen los por datos digitales que “cosechan en España” y paguen un “peaje” a los particulares de los que obtengan los datos. Además de imponer aranceles a los productos agrícolas que vengan de Marruecos.

El director del Centro de Políticas Económicas de Esade, Toni Roldan, considera, a preguntas de este medio, que en España “no hay demasiado espacio para bajar impuestos” teniendo en cuenta todos los compromisos de gasto adquiridos: pensiones, defensa, IMV, y el que se derivará por el envejecimiento progresivo de la población. Añade que “hemos tenido episodios recientes en Reino Unido que recomiendan una política fiscal prudente”, por lo que cree que hay que empezar a “acotar” las ayudas a los colectivos más vulnerables.

Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, considera que sí hay margen para bajar impuestos “siempre que se recorte el gasto y se respete el equilibrio”. En su opinión, otra baza que podría dar más margen a la rebaja fiscal pueden ser los fondos Next Generation, que al entrar en el Estado “computan como ingresos” y también cree que es posible reducir el gasto recortando ministerios y otras partidas de los PGE.

Por su parte, Josep Comajuncosa, profesor de Esade, recuerda que España forma parte de la unión monetaria y que “la evolución de nuestra deuda pública y déficit afecta a otros países y hay una serie de compromisos”. Por lo que considera que “bajar los impuestos no es algo que pueda hacer unilateralmente la economía española o cualquier otra economía europea” sino que habría que tenerlo en cuenta dentro de los compromisos de reducción de deuda en Europa. A esto añade, coincidiendo con Pedraza, que “cualquier decisión que afecte a impuestos debe venir acompañada de decisiones de gasto”.

En la izquierda, Sumar plantea un elevado volumen de nuevos impuestos, aunque también nuevos gastos. Las imposiciones van dirigidas a gravar más a las grandes fortunas y patrimonios, a las empresas y actividades contaminantes y a los sectores con beneficios extraordinarios. Propone reformar el Impuesto de Sociedades para eliminar bonificaciones, hacer permanentes los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas y penalizar con un recargo el alquiler de viviendas por encima de unos precios de referencia que se establecerían.

También plantea fijar un mínimo para todas las CCAA en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentar el IRPF a las rentas de más de 120.000 euros, crear impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, una tasa al plástico, otra al turismo, y toda una batería de gravámenes a la industria fósil, a los bienes y servicios de lujo, a las grandes empresas contaminantes y al combustible de la aviación, entre muchos otros. Por la parte de bajadas de impuestos plantea algunas bonificaciones menores en cuanto a impacto fiscal, siendo la más relevante una ayuda de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años en forma de deducción fiscal (o prestación).

El PSOE es el partido más continuista en sus propuestas y dedica gran parte de los 272 folios de su programa a explicar los logros del gobierno de coalición. No plantea grandes cambios en materia impositiva, más allá de la extensión de algunas bonificaciones, como la desgravación por hijo a cargo en el IRPF, avanzar en la fiscalidad verde, poner un IVA superreducido a dietas celiacas y crear una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda que no tributará al IRPF. Se compromete además a “evaluar” la prórroga de los gravámenes temporales a banca, energéticas y grandes fortunas, aunque la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí ha expresado en público su intención de hacerlos permanentes.

Algunas de las propuestas de gasto más llamativas, como la herencia universal de Sumar, sí mencionan al menos su coste (10.000 millones de euros al año, el 0,8% del PIB), pero ninguno de los programas incluye una memoria económica. Por la otra parte, la de la reducción del gasto, tampoco se detallan cuantías que justifiquen las bajadas de impuestos.

El PP promete reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores y bajar el gasto “burocrático e improductivo”, además de hacer contrataciones centralizadas en la administración para ahorrar costes. Vox va mucho más allá y plantea suprimir todo el gasto relacionado con los ODS y la Agenda 2030, recentralizar quitando todas las competencias de educación, sanidad y justicia a las autonomías, eliminar subvenciones a los agentes sociales y partidos, eliminar teles públicas autonómicas, agencias meteorológicas y tributarias autonómicas, además de ministerios, secretarías de estado y direcciones generales que sean “propaganda ideológica del Gobierno”.

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