Vox propone la derogación por sistema: fin de la eutanasia, el aborto, la ley trans y la protección a las mujeres y el colectivo LGTBI

La ultraderecha mira al pasado, no solo en su cartel electoral, en el que Abascal mira hacia atrás, sino también en sus propuestas. La columna vertebral de la hoja de ruta de los ultras pasa por la derogación de las leyes de violencia de género [aprobada en 2004 por unanimidad], de la ley del aborto, de la del cambio climático, la ley trans, la de vivienda, la de eutanasia, la ley de memoria democrática, la del ‘solo sí es sí' o la reforma laboral.

Su intención sería ir sustituyendo, de forma paulatina, las leyes que han ensanchado derechos por otras que, de facto, suponen una regresión: la legislación de violencia de género la quieren sustituir por una ley de violencia doméstica e intrafamiliar, con la del sí es sí, pretenden “aumentar las penas a violadores”. Vox quiere cambiar la normativa de memoria democrática por una de concordia y otra sobre las víctimas del terrorismo y la de eutanasia, por otra de cuidados paliativos. La ley de interrupción del embarazo pretenden suprimirla y añadir políticas “a favor de la vida”, como por ejemplo, un protocolo que permita informar a las mujeres sobre las alternativas existentes o garantizar que los padres puedan acceder a los restos biológicos del cigoto abortado. Sobre escuchar el latido del feto, una propuesta que plantearon implantar en Castilla y León, no hay rastro.

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Los ultras han presentado un programa de más de 170 hojas en el que se abordan asuntos como la inmigración, la familia, la unidad de España, la libertad de expresión o la educación. Sobre esta última materia, Vox plantea que se implante una prueba de acceso a la universidad única en toda España, la puesta en marcha de un cheque para garantizar “la libertad de elección del centro para los hijos por parte de los padres” o la introducción en el programa educativo de contenidos relacionados con la “aportación de España a la civilización y la importancia de las gestas y hazañas de héroes españoles”. Tampoco falta la propuesta de implantación del pin parental, una de sus demandas históricas, con el que pretenden garantizar “el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual e ideológico”, aunque no aclaran que se entiende la formación como “contenido ideológico”.

Más allá de la derogación de la ley de vivienda, la ultraderecha plantea centrarse en la okupación. Respecto a esto çultimo, “tolerancia cero”, dicen en el documento, a pesar de ser una problemática que año a año sigue disminuyendo en España. Además, para garantizar el acceso a la vivienda, proponen la liberalización masiva de suelo público a través de una nueva legislación.

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En línea con las derogaciones, también incluyen en esta lista al Ministerio de Igualdad, el cual quieren eliminar y crear, en su lugar, un Ministerio de Familia, desde el cual se pretende impulsar un Plan Nacional de Natalidad, una ley de protección de la familia y la modificación profunda de las leyes reproductivas. Quieren eliminar la tipificación como delito, el acoso a pacientes y clínicas que realizan abortos, un acoso que perpetran grupos de ultracatólicos por medio de gritos y rezos. Unas modificaciones que vendrían acompañadas de una ley que “garantice la objeción de conciencia” de los profesionales sanitarios, una figura a la que cientos de médicos se han acogido históricamente para evitar garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo.

Mientras mantienen como propuesta protección “máxima” legal a la simbología relacionada con el Estado, por la que prometen mayores penas por posibles”ultrajes” a estos símbolos, también dicen defender la libertad de expresión “frente a los delitos de odio”, concepto que achacan a la “ultraizquierda e ideologías totalitarias”, por eso, proponen entre sus medidas judiciales acabar con las fiscalías y órganos “ideológicos” como la Fiscalía de Delitos de Odio y la Fiscalía de Memoria Democrática.

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Entre otras propuestas judiciales pretenden suprimir el Tribunal Constitucional como órgano de garantías y que este se integre como una sala más del Tribunal Supremo, un tribunal que, de gobernar Vox, sería la máxima autoridad del derecho, por encima de las sentencias de tribunales judiciales internacionales como los de la Unión Europea: “Garantizar la supremacia del Derecho nacional al internacional”, escriben en el programa.

Uno de sus principales caladeros de voto se encuentra entre los electores de la España rural, una cuestión que mantienen presente durante todo el documento con medidas destinadas a esa parte de la población. Vox defiende la protección de la caza, aunque no especifica la derogación de la nueva ley de bienestar animal y añaden que pretenden garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, una norma a la que votaron en contra en el Congreso de los Diputados y que garantiza que los productores no puedan vender a pérdidas, es decir, por menos de lo que les ha costado producir.

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Las propuestas en materia rural se solapan con las medidas que propone la extrema derecha sobre el cambio climático. Además de derogar la ley aprobada esta legislatura por el Gobierno de coalición, su planteamiento se basa en la idea de protección y bienestar nacional por encima de la situación climática. Por eso, plantean desarrollar un Plan de Soberanía Energética, acabar con los impuestos derivados de la factura de la luz, se muestran a favor de explotar cualquier recurso natural que se encuentre en terriorio español, la supresión del cierre de las centrales nucleares espàñolas y se atreven a comprometerse con la salida de España de los Acuerdos Climáticos de París, tal y como hiciera Donald Trump cuándo llegó a La Casa Blanca.

Sobre seguridad e inmigración, la ultraderecha mantiene la importancia de expulsar de manera inmediata a todos aquellos migrantes que accedan a España de forma ilegal, también pretenden acabar con “las políticas de efecto llamada” e incluso, llegan a plantear un bloqueo naval de las costas españolas para proteger las fronteras españolas. Unas políticas migratorias y militares que amplian con la propuesta de establecer, de nuevo, el servicio militar, aunque de forma voluntaria.

Durante las 176 hojas de programa, Vox apela en diversas ocasiones al artículo 92 de la Constitución para consultar a los españoles sobre la ilegalización de partidos “que persigan la destrucción de la unidad de España” o para acabar, de facto, con el Estado de las Autonomías.

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