Tener un ‘chivato’ en plantilla ayuda a las empresas a evitar crisis financieras, legales y reputacionales

Recoger denuncias sobre ilegalidades que se cometan en las empresas relacionadas con el incumplimiento de la ley o con la corrupción es el objetivo del nuevo buzón interno que las compañías de más de 50 trabajadores tienen que implantar antes del 1 de diciembre de este año. La creación de este canal está recogida en la ley reguladora de protección de informantes que traspone la Directiva Whistleblowing.

Las empresas no son las únicas obligadas por la ley, también los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones deben instalar el buzón y crear un sistema de gestión y protección de los informantes que saquen a la luz los ‘trapos sucios’ de estas organizaciones.

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Los trabajadores pueden chivarse de forma anónima de acciones u omisiones que constituyan infracciones penales o administrativas graves o muy graves, y la ley les protege de posibles represalias como despidos, que no se les renueve el contrato, que sufran medidas disciplinarias, que les degraden o que les impidan ascender. También pueden utilizar el buzón los accionistas de las compañías, los directivos e, incluso, extrabajadores.

El canal debe facilitar que el empleado se sienta protegido, por lo que es fundamental que el procedimiento sea, “además de fiable y confidencial, accesible y tenga un uso sencillo”, señala Alba Rodríguez, abogada del despacho Círculo Legal Madrid.

Los buzones están funcionando desde junio de este año en 4.720 empresas con más de 250 trabajadores, que la ley las colocó como la avanzadilla del nuevo sistema, y ahora les toca mover ficha a sus ‘hermanas pequeñas’ con menos de 50 empleados.

Los expertos están convencidos de que el canal de denuncias beneficiará a las organizaciones, ya que “detectar rápidamente una conducta irregular les permite una mayor capacidad de reacción, logrando evitar una crisis legal, financiera o reputacional”, señala Alba Rodríguez.

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Por ello, prevén que su implantación sea mayoritaria, ya que a las entidades que no la lleven a cabo o que no gestionen adecuadamente las denuncias les puede costar muy caro. La norma prevé multas de hasta un millón de euros. Además, aquellas que tomen medidas contra los denunciantes no podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años, ni contratar con el sector público durante tres años, señalan fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. (CNMC).

Un factor fundamental para que el sistema funcione y sea útil, según los expertos, es que el encargado de gestionarlo realice esta función con autonomía, aunque deba reportar a la empresa.

El procedimiento se inicia con la denuncia y a partir de ahí la empresa debe actuar. Tiene siete días para confirmar su recepción y después se abre un periodo de instrucción de tres meses que pueden aumentar hasta seis en casos de que el proceso se complique. Un plazo que a Alba Rodríguez se le queda corto, ya que “este periodo se prolonga, a veces, más de un año, por lo que esta limitación resulta muy optimista en teoría, pero nada realista en la práctica”.

Considera que una denuncia que implique a varias personas o departamentos “dilata mucho los tiempos”, sobre todo en las fases de recogida de pruebas y de las entrevistas personales. También echa en falta que la ley no haya puesto el foco en los procedimientos que rigen las investigaciones dentro del seno de la empresa, un aspecto que “podría impactar en la validez del proceso”.

Los nuevos canales de informadores son similares a los que ya existen en la Agencia Tributaria para informar sobre fraudes fiscales y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según datos facilitados el mes pasado por el supervisor, en 2022 recibió 756 comunicaciones de posibles infracciones o ‘whistleblowing’, un 33% más que en 2021.

Las investigaciones realizadas sobre estas entidades después de recibir las denuncias dieron lugar a la publicación 83 nuevas advertencias de “chiringuitos financieros” y se abrieron cinco expedientes sancionadores.

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