La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia: de parones intermitentes a elevar sus reclamos a Europa

Los sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido aplazar la huelga indefinida hasta después de las elecciones tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno. En concreto, han tomado esta decisión CSIF, STAJ, CCOO y UGT, mientras que SPJ-USO se ha mostrado en desacuerdo con poner fin a la huelga y ha optado por mantenerla hasta el 23-J. Y es que, esta es una cuestión viene de largo y que ha pasado del ámbito nacional al internacional. Los paros comenzaron el pasado 17 de abril después de que el 30 de marzo el Gobierno se negara a iniciar un proceso de negociación sobre la subida salarial de 430 euros brutos al mes. Hasta el momento, esta huelga ya se encuentra entre las más largas de la historia en el área de Justicia, con 78 días de paros intermitentes y huelga indefinida.

Todo comenzó el pasado 28 de marzo, después de que el Ministerio de Justicia y Hacienda llegarán a un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia que recogía un incremento salarial. Tras ello, los mismos departamentos firmaron un pacto con los jueces y fiscales por la misma cuestión. Ante esta situación los funcionarios de Justicia reclamaron también un incremento de su sueldo y reuniones con estos organismos para negociar las condiciones laborales de estos trabajadores públicos. En concreto, reclaman una subida salarial de 430 euros al mes y que se eliminen las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población.

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Ante el escaso diálogo con Justicia, los sindicatos decidieron pasar a la acción y el pasado 17 de abril comenzaron las movilizaciones. Durante esta fecha y el 25 de abril, se produjeron paros parciales de tres horas, mientras que los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo se llevaron a cabo jornadas completas de huelga. Una situación que se recrudeció el día 22 de mayo, momento en que los sindicatos convocaron la huelga indefinida. A pesar de la situación, el ministerio dirigido por Pilar Llop, prefirió dar prioridad a la huelga de jueces y fiscales tras haber solventado la de letrados, dejando de lado el conflicto planteado por el resto del personal de Justicia.

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Una situación que se agravó todavía más cuando, el pasado 6 de junio, el Secretario de Estado de Justicia abandonó la mesa de negociación sin ofrecer ninguna propuesta concreta de negociación. En ese momento, los miembros del comité de huelga decidieron encerrarse en el Ministerio de Justicia indefinidamente hasta que el Gobierno nombrara a otro interlocutor para continuar la negociación. Sin embargo, este encierro se mantuvo hasta que el departamento liderado por Pilar Llop dio la orden de no facilitar comida a los huelguistas, restringiendo, además, su movilidad y poniéndoles bajo vigilancia, detalla un documento de los sindicatos de funcionarios. Esta situación provocó problemas de salud en alguna de estas personas recluidas en el Ministerio de Justicia que tuvo que ser evacuada por los servicios de salud y, finalmente, obligó a salir al resto de miembros del comité tres días después.

Tras ese encierro, 21 de junio llegó el turno a varios juzgados y sedes de Justicia de diversas comunidad autónomas, donde los funcionarios decidieron instalarse “hasta que el ministerio no convoque al comité de huelga para negociar”. Estos encierros se produjeron en Barcelona, Madrid, Murcia y Navarra. Hasta la fecha solo se habían producido tres reuniones, cifra que actualmente no ha variado. Por este motivo, los trabajadores públicos decidieron ir paso más allá y elevar su situación a Europa.

De esta forma, los sindicatos que componen el comité de huelga han decidido enviar este 4 de julio una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para que reclame al Gobierno una “solución pactada” al conflicto laboral y la huelga. En el escrito relatan que la actitud del Ejecutivo “no es propia de un gobierno democrático”, sino que es “contraria a los valores y a los objetivos de la Unión Europea reflejados en los Tratados de los que nuestro país es parte”.

En la carta, los funcionarios relatan toda la situación que han vivido desde el pasado 28 de marzo, así como también explican sus reivindicaciones. Para concluir, solicitaban Reynders que “se interese por esta situación y reclame al Gobierno de España que se acceda, a la mayor brevedad, a negociar una solución pactada que pueda poner fin a este conflicto, restituyendo la normalidad en la actividad judicial tan pronto como sea posible”.

Este mismo día, el comité de la huelga formado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT han anunciado que han acordado por unanimidad suspender el parón indefinido hasta que haya un nuevo Gobierno, aunque han avisado que el conflicto continúa, tras 78 días de huelga. “El nuevo gobierno ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo”, advierten los sindicatos. Lo que sí han mantenido, según explica el comunicado, son dos días de huelga, el 11 y 20 de julio. Además, se mantienen también las sentadas del 7 de julio y los contactos con los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional.

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“La gran repercusión pública de las movilizaciones es prueba de que tenemos el apoyo de la sociedad, pero el calendario ha jugado a favor de los que huyen por la puerta de atrás”, han asegurado. Además, critican que el departamento de Justicia que pactara con letrados de la administración de Justicia primero y con jueces y fiscales después, pero que no haya reconocido las “funciones reales y el papel” que debe corresponderles a los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales.

Sin embargo, SPJ-USO no está de acuerdo con la decisión de poner fin a la huelga, y menos aún a las puertas del inicio de la campaña electoral y sin tener una propuesta de acuerdo por parte del Ministerio de Justicia. “Es precisamente ahora cuando más presión podemos ejercer ante el Ministerio y el Gobierno”, afirman. En este sentido, han expresado que en campaña cuando los partidos desean que no haya “ruido externo que interfiera sus mítines y pregones”.

“Muchísimos compañeros, al igual que los delegados de SPJ-USO, están indignados con esta decisión que se toma en contra de la decisión mayoritaria tomada en Asambleas de continuar con la huelga y sin que se haya consultado a esas mismas Asambleas sobre la procedencia de esta desconvocatoria a destiempo”. Por ello, han anunciado que mantendrán la convocatoria de huelga indefinida mientras haya un Gobierno formal, es decir, hasta el día de las elecciones general del próxima 23-J. SPJ-USO también manifiesta su voluntad de continuar con las movilizaciones una vez esté constituido el nuevo Gobierno que salga de estas elecciones, si es que el actual sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones.

Desde que comenzó la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, hace más de dos meses, en concreto 78 días, más de 20 millones de actuaciones procesales se han tenido que paralizar y dos millones de juicios han quedado suspendido y aplazados hasta dentro de varios meses e incluso años. Una cuestión que, según consideran desde los sindicatos, “afecta a los intereses de millones de ciudadanos y empresas”. Y es que se trata de una de las huelgas más largas que se ha producido en el área de la Justicia.

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