Escaso efecto de la reforma laboral en la educación: las bajas de afiliación para no pagar las vacaciones se mantienen

La educación siempre ha sido un sector marcado por la estacionalidad: se contrata a partir de septiembre y se prescinde de distintos tipos de trabajadores desde junio para evitar pagar las vacaciones de verano. Hasta la llegada de la reforma laboral de 2021 este flujo se producía a través de los contratos de obra y servicio y con su desaparición el fenómeno se ha replicado en los contratos fijos discontinuos.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, en junio se registraron 51.722 afiliados medios menos en educación en el régimen general en comparación con el mes anterior. Esto supone una caída mensual en la afiliación del 4,6% y es prácticamente la misma que se registró en los meses de junio de años anteriores: -4,42% en 2022; -3,37% en 2021; -4,84% en 2020 y -5,46% en 2019, por citar solo algunos años.

La educación es el sector que peor se ha comportado en junio en términos de empleo de los 99 sectores con datos desglosados a dos dígitos del CNAE. Desagregando por tipos de contrato, las bajas en la afiliación se han concentrado mayoritariamente en aquellas personas con contratos fijos discontinuos, ya que solo esta modalidad registra el 84,61% del descenso con 43.762 afiliados menos. Le sigue a mucha distancia el descenso en la modalidad temporal a tiempo parcial (-5.430) y en los indefinidos a tiempo parcial (-1.760). Al contrario, los afiliados indefinidos a tiempo completo en la educación aumentan un 0,29% respecto a mayo.

El problema reside en que los docentes de enseñanzas regladas no pueden tener un contrato fijo discontinuo, independientemente de si trabajan en un centro público, concertado o privado, porque la docencia no es una actividad estacional, según una sentencia de la Audiencia Nacional conocida en el mes de febrero de este año. Algo que incluso recogía ya el undécimo convenio colectivo de centros de enseñanza privada y que también estableció el Tribunal Supremo en una sentencia de 1994. De esta manera, todos los docentes deben tener un contrato indefinido ordinario, salvo que estén cubriendo una sustitución.

Preguntado por este asunto el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que se da “un uso al menos no comprensible en algunas modalidades” del contrato fijo discontinuo en la educación porque “lo que no tiene sentido es que haya trabajadores que hagan exactamente lo mismo y unos sean fijos ordinarios y otros fijos discontinuos”. Según ha detallado el número dos del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo ha enviado “más de 54.000″ cartas en la campaña de este año para detectar irregularidades en la contratación de fijos discontinuos y se ha procedido a la “regularización de buena parte de fijos discontinuos en fijos ordinarios”, aunque el ministerio no detalla cifras.

No obstante, el fenómeno de bajas de afiliación en la educación se ha reproducido en la misma intensidad en junio de 2023 que en los mismos meses de años anteriores a tenor de los datos mencionados. Habrá que esperar a conocer las cifras de julio, agosto y septiembre para observar si se completa la tendencia, meses para los que Pérez Rey ha comprometido una “exhaustiva indagación” por parte del ministerio en este asunto.

Las cartas de la Inspección de Trabajo de la campaña de los fijos discontinuos se han dirigido al sector privado y concertado de la educación según confirman a Infobae España fuentes del organismo. Sobre todo, el foco está puesto en los docentes de este tipo de centros que aún mantienen contratos fijos discontinuos pese a la jurisprudencia. Aunque la reforma laboral no ha eliminado esta práctica, sí ha hecho más fácil a la inspección detectarla, aseguran, ya que las opciones de contratación temporal son mucho menores y tienen que estar más justificadas.

El secretario de educación privada de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Ocaña, coincide en que el problema sigue existiendo, especialmente en la enseñanza privada sin concierto. “Cuando llegan estas fechas hay una parte de docentes, sobre todo en centros privados, que se van al paro junto a personas que están haciendo sustituciones”, explica. Este último caso es “una práctica muy habitual” en la enseñanza concertada y busca evitar el pago de las vacaciones a los docentes sustitutos, ya que la administración deja de pagar la sustitución en el periodo estival.

Más allá de estos dos escenarios con irregularidades, Ocaña señala otros dos casos que sí podrían estar justificados en un contrato fijo discontinuo con periodo de inactividad durante el verano. Se trata de los monitores de comedores o actividades extraescolares y de los docentes de enseñanza no reglada. En su opinión, estos casos explicarían el grueso del descenso de la afiliación en el sector de la educación en el mes de junio.

El sindicato de funcionarios CSIF va más allá y apunta a que la irregularidad también se comete en los centros públicos. En un comunicado, el sindicato afirma que gran parte de los empleos de la educación “que se destruyen en verano corresponden a personal interino al que se le da de baja para, posteriormente, volverles a contratar en el mes de septiembre”. Las personas que sufren esta práctica pierden retribuciones durante los meses de verano y antigüedad de cara a futuros procesos selectivos, por ello, CSIF exige retomar el acuerdo firmado en 1990 y derogado en 2012 por el cual se mantenía tanto el salario como la antigüedad a este personal.

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