El 25 de abril de 1998, la presa minera propiedad de la empresa sueca Boliden en Aznalcóllar, un municipio de la provincia de Sevilla, desató un desastre medioambiental que pudo haberse evitado y que, ahora, un cuarto de siglo después, entra en juicio.
Años antes del vertido, que tuvo un impacto contaminante cien veces superior al del hundimiento del Prestige, según un estudio del (CSIC), ya había advertencias del mal estado de la presa, pero tanto las autoridades como la empresa hicieron caso omiso. Ecologistas en Acción denunció entonces el estado de los muros de contención, pero también hubo dos informes previos al desastre, el de la Estación Biológica de Doñana de febrero de 1980 y el de Anglada-Badrinas, en diciembre de 1982, ya alertaban del peligro de contaminación. Además de numerosas denuncias sobre el estado de las aguas por parte de investigadores, que aseguraban que debía haber filtraciones. Sin embargo, nadie hizo nada.
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Primero sonó un estruendo, después, un muro de contención de una balsa de decantación de la presa reventó y dejando escapar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas con cadmio, zinc, plomo y azufre, entre otros tóxicos. Casi dos millones de metros cúbicos de aguas ácidas fueron a parar a las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar. Se formó un río de lodo que recorrió 62 kilómetros contaminando un total de 4.600 hectáreas a su paso.
La mezcla tóxica llegó hasta las puertas del parque nacional de Doñana, sin embargo, no llegó a penetrar en el interior. Tras el estallido de la presa, la Junta de Andalucía y Boliden llenaron rio el Guadiamar de diques para evitar que el lodo tóxico llegase al parque natural.
Durante los meses posteriores al vertido, que supuso uno de los mayores desastres medioambientales de Europa, cientos de voluntarios colaborar en las tareas de limpieza y de rescate de especies en extinción. Además, las aguas contaminadas fueron depuradas y se recogieron los residuos de la superficie afectada. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción denuncian que la restauración fue “insuficiente” y está “inacabada”.
El cara a cara entre la empresa y la Junta
El pasado martes dio comienzo en Sevilla el juicio por el que la Junta de Andalucía reclama 89,8 millones de euros a la empresa que explotaba la mina por los costes afrontados por la Junta para la restauración medioambiental de la zona.
La disputa se había tratado de forma privada durante los últimos años, como ha dado a entender Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden: “Hemos tenido discusiones con la Junta y durante muchos años, no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise los argumentos”.
En el juicio celebrado tras no llegar a un acuerdo, la Junta, por un lado, pelea para que Boliden asuma el precio de la limpieza por la contaminación que provocó la rotura de su balsa minera. Por otro, la multinacional sueca alega que ya se gastó 100 millones en la reparación ambiental y asegura que dejó los terrenos “en buen estado”. Sin embargo, la Junta explica que la reparación se prolongó hasta 2006 con un “altísimo nivel de inversión” y que, por lo tanto, han de asumir el coste.
El responsable de minería de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, ha dicho a los periodistas que esperan que los letrados de la Junta hagan “todo el esfuerzo necesario” para demostrar que el responsable fue Boliden y que espera que tras el juicio salga “una condena” para la empresa sueca para pagar “los daños que hizo”.
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