Una vida marcada por un medicamento que tomó su madre durante el embarazo: “Le dieron talidomida cuando ya se sabía que provocaba malformaciones”

Ana Isabel Castillo tiene 49 años y es víctima de la talidomida, un fármaco que se vendió a partir de los años 50 para aliviar las náuseas durante el embarazo y que provocó graves malformaciones en los recién nacidos

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Ana Isabel, de 49 años, es una de las víctimas más jóvenes de la talidomida. Supuestamente, en España, este medicamento dejo de comercializarse en 1965, nueve años antes de que naciera Ana Isabel

No hay mañana en la que Ana Isabel Castillo no sienta dolor al levantarse. Esta mujer de 49 años nació sin la pierna izquierda, el brazo derecho más corto y malformaciones en los dedos derivadas de la talidomida, un fármaco que se utilizó hace varias décadas en 50 países para prevenir las náuseas del embarazo y terminó provocando graves consecuencias para el desarrollo de los fetos. Se trata de una de las víctimas más jóvenes afectadas por este medicamento, ya que la mayoría de casos ocurrió en la década de los 50 y 60 y este tuvo lugar en 1974, muchos años después de que se prohibiera el medicamento.

“Mi madre tomó las pastillas bajo receta médica en 1974. Que se siguiera comercializando cuando ya se sabía lo que causaba tiene aún más delito. Es incomprensible y doloroso”, dice a Infobae España esta afectada, que tiene reconocido un 86% de discapacidad. A finales de los años 50, la talidomida se comercializó inicialmente como sedante en Europa y después se autorizó su venta para aliviar las náuseas y vómitos durante el embarazo, pero no fue hasta 1961 cuando se identificó la relación entre el fármaco y las malformaciones de los bebés. Supuestamente en España el fármaco se retiró en 1965, nueve años antes de que naciera Ana Isabel.

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Pese a los dolores que sufre y el esfuerzo diario, la mujer asegura que ha podido llevar una vida “bastante normal”. Ha trabajado durante años como teleoperadora en el servicio de Emergencias 112 y está casada, aunque no se ha atrevido a tener hijos. “Con la discapacidad los cuidados son más complicados, ni siquiera podría levantarme por la noche cuando el bebé llorase”. Pero desde hace tres años ya no puede trabajar. A Ana Isabel se le rompieron varios tendones del brazo que tiene afectado y, al no poder manejar bien el teclado en su puesto de trabajo, le otorgaron la incapacidad permanente.

Lo que no ha cambiado con la edad, asegura, es la discriminación porque aún sigue sintiendo “cómo las miradas se clavan” en ella cuando pasea por la calle. “La discriminación la sigo sintiendo igual, no importa la edad, y aunque fases especialmente duras como la adolescencia, cada una tiene lo suyo y también lo siento ahora en la edad adulta”.

Deuda de España con las víctimas

España es el único país europeo donde las víctimas de la talidomida aún no han sido indemnizadas, aunque la situación cambiará a partir de este martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe un decreto de ayudas económicas para 130 afectados. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 señala que el decreto “busca hacer justicia con los afectados” y reconoce que España es uno de los países que “más ha tardado en prestarles apoyo”.

Ana Isabel Castillo junto al presidente y el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, José Riquelme y Rafael Basterrechea. (Cedida)
Ana Isabel Castillo junto al presidente y el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, José Riquelme y Rafael Basterrechea. (Cedida)

Después de tantos años esperando justicia y un reconocimiento por parte del Estado, la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) -que se creó en 2003- celebra que lleguen las ayudas económicas, aunque asegura que aún “hay que esperar a ver la letra pequeña” cuando el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado, pues desconocen si se ha tenido en cuenta algunas de las alegaciones que realizaron al Consejo de Estado. Entre otras propuestas, la asociación pide que las víctimas no tengan que devolver “casi la mitad de la indemnización en impuestos” y que se les tenga en la misma consideración que otros colectivos.

El Instituto Carlos III de Madrid, una entidad sanitaria pública, ha sido el encargado de evaluar a los afectados y hacer el censo y protocolo para las ayudas, que son en un pago único y cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento.

Para Ana Isabel también es un momento muy esperado, ya que su madre finalmente podrá ver ese reconocimiento a las víctimas. “Al menos que mi madre sea testigo de que llegan las ayudas, porque mi padre falleció y no ha podido ver cómo se repara el daño”, concluye.

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