El Ministerio de Ione Belarra lleva este martes para que el Consejo de Ministros apruebe nuevas ayudas para los afectados por la talidomina, un medicamento que provocó malformaciones en recién nacidos durante la década de los 50 y 60 en España, aunque también se dieron casos en otros países y aun en la actualidad aparecen afectados.
La talidomida fue un medicamento que se prescribía a mujeres embarazadas para evitar náuseas y vómitos durante los nueve meses de gestación. Un fármaco que a priori no entrañaba demasiada complejidad, sin embargo, terminó por provocar gravísimas malformaciones en los niños y niñas. No fue hasta 1961 cuando se identificó la relación entre la talidomina y las malformaciones en los bebés.
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En España, tal y como aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales, “el franquismo silenció el asunto, optó por no actuar frente a las farmacéuticas y negó que el medicamento se hubiera utilizado en España”. La mentira se terminó por destapar y con los años se hizo público que los médicos de la época habían comercializado y prescrito el medicamento. Hay pocas certezas, pero con total seguridad, al menos entre 1959 y 1965, la talidomina fue recetada a mujeres embarazadas.
¿Qué les pasa a los afectados por la talidomina?
Entre aquellos recién nacidos, algunos nacían sin brazos, otros necesitaban sillas de ruedas para desplazarse o bien otros llegaban al mundo sin alguna pierna. Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas y reparaciones por este fatal error, gracias a una disposición incorporada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 de Jose Luis Rodríguez Zapatero.
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“Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida”, aseguran desde el Ministerio de Ione Belarra, encargado de diseñar este nuevo paquete de ayudas para llevar a cabo una reparación histórica. Esta vez, para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos. “En el proceso, genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, han diseñado un panel de genes único en el mundo”, zanjan desde Derechos Sociales, así que cada vez está más cerca enmendar un error que durante mucho tiempo ha sido silenciado.
El importe variará según el grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, la cifra ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).
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