En medio de una crisis energética, el proyecto que cada partido pone sobre la mesa para mitigarla es de vital importancia. El líder del PP lanzó la semana pasada la suya: alargar la vida de las centrales nucleares en España. Sin embargo, las empresas energéticas y el gobierno ya llegaron a un acuerdo para establecer el calendario de cierre: El apagón nuclear está previsto para 2035.
España es la segunda potencia nuclear europea y la duodécima del mundo, por delante de Bélgica. Además, la principal fuente de energía del país era la nuclear, hasta que en 2021 fue adelantada por la eólica. Precisamente, las renovables están marcando el futuro energético y necesitarán almacenamiento si el objetivo del país es que la producción de energía sea 100% renovable, lo que a día de hoy todavía no es posible.
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Por otro lado, la energía renovable no es constante, depende de picos. Si estos picos no se compensan con energía nuclear, el plan B sería el gas natural, con la desventaja de que produce CO2, no como la energía nuclear, explica el supervisor en la central nuclear de Ascó y divulgador sobre tecnología nuclear, Alfredo García.
“El 35% de la producción de bajas emisiones es nuclear. Hay que tener en cuenta que cuando no tengamos centrales nucleares se quemará más gas natural”, advierte. Sobre la alternativa de almacenar esta energía, García señala que está “lejos de conseguirse”.
García defiende, por lo tanto, alargar la vida útil de las centrales nucleares. La conocida frontera de los 40 años se refiere a la vida de diseño, un tiempo mínimo desde su puesta en funcionamiento que coincide con su amortización. Cumplir las cuatro décadas no implica que la central nuclear no pueda seguir operando, de hecho, casi la mitad de las centrales nucleares del mundo tienen autorizaciones para operar 50, 60, 70 e incluso 80 años.
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Es decir, alargar la vida útil de las centrales nucleares supondría, por un lado, asegurar el 20,26% de la energía actual, pero, por otro lado, los expertos hablan de que en 2030 el 80% de energía será renovable, lo que indica que en muchos momentos del año alcanzará el 100%. En este sentido, haría falta más almacenamiento de la electricidad generada si la nuclear sigue funcionando, argumenta el doctor de Ingeniería Química de la URJC, Eloy Sanz, a Infobae España. Explica que la solución para que no haya energía sobrante no es parar la producción, porque esto saldría más caro.
“Si se mantiene el acuerdo, esa electricidad que no se genera con la nuclear, vamos a ir compensándola, paulatinamente, con las renovables. Y esas empresas viejas cerrarán poco a poco para que entren las renovables”, defiende Sanz.
Desde Greenpeace España apuntan hacia la misma dirección, empieza a haber exceso de energía de forma puntual, algo que irá a más teniendo en cuenta el calendario de las renovables. Su portavoz, José Luis García, asegura, además, que alargar la vida “a una tecnología que es tan peligrosa” implica aumentar el riesgo para los ciudadanos y el medioambiente, y más cuando ya hay otra sobre la mesa: las renovables.
El escenario es complejo. El gobierno defiende su pacto de cierre con las eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) a partir de 2027. “El cierre nuclear no ha sido una decisión del Gobierno, ha sido un acuerdo del Gobierno con los operadores”, señaló en una intervención en Executive Fórum Europa el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que rechaza que esta tecnología se califique como “verde”.
En este sentido, habla de los residuos, y señala que por razones de seguridad, se ha procurado que no generasen alarma en la ciudadanía, que no conoce “el alcance de lo que supone la gestión de los residuos nucleares” ni tampoco el del coste de la gestión de los mismos. “Parece que hablamos de una energía absolutamente inocua y no lo es”, señala el responsable de Medio Ambiente.
La pata económica
En lo económico, el gobierno también señala que ni a los ciudadanos ni a las empresas les interesa revertir el cierre atómico, salvo que se les ofrezca algún incentivo, como una rebaja fiscal o una ayuda.
Según los expertos, como Eloy Sanz, las empresas aceptaron este calendario de cierre porque sus cuentas de resultados son deficitarias y han dado pérdidas hasta el año 2021. Opina que la mayoría están de acuerdo con el desmantelamiento, y las que se abren a alargar la vida útil de las centrales nucleares lo hacen “con condiciones”. Sanz explica que hasta 2021 el precio rondaba los 40 euros el megavatio, hasta que en 2021 se llegaron a los picos de 100, 200 y hasta 300 euros.
Comenta, como ejemplo, que en un hipotético acuerdo para alargar la vida de las centrales, las empresas podrían ofrecer generar a un precio menor al de los picos, como a 60 o 70 euros, pero con la condición de firmar no por un año, sino por una década. En conclusión, señala que si el precio de la electricidad es más caro, compensaría dicho acuerdo, pero no si es más bajo, y “lo que marca la lógica es que el acuerdo sería más beneficioso para las empresas que para la población”.
El supervisor nuclear y divulgador, Alfredo García, no comparte su opinión. A su juicio, las empresas firmaron ese acuerdo porque el precio de la electricidad estaba muy bajo y tienen una “excesiva carga fiscal”. Asegura que Endesa quiere seguir operando ahora que el precio de la electricidad ha subido, porque las nucleares vuelven a ser competitivas. “Están proponiendo negociar que los impuestos sean correctos”, afirma.
Para García, el mix acertado sería el de energía renovable y nuclear y no el de renovables y gas, “que es lo que sugiere el gobierno”. En este sentido, critica su plan y asegura que cuando no estén las nucleares aumentará el precio del gas natural, además de las emisiones de CO2. “Es una tapadera lo de respaldar las renovables”, asevera.
En otra posición está Greenpeace, que apunta a que la única forma de alargar la vida de las nucleares sería aumentar la seguridad, lo que también subiría el precio de la electricidad. “No tiene sentido ni para las propias compañías eléctricas, o alguien le ha vendido la moto al PP, o se sustenta en una cuestión ideológica sin fundamento técnico. No hay ninguna razón objetiva para alargar la vida de las nucleares”, apunta José Luis García.
De hecho, Greenpeace plantea adelantar el calendario de cierre porque según va entrando más energía renovable se necesita ir gestionando con más flexibilidad el fin de la energía nuclear.
Las empresas se sentarán con el gobierno de turno
El sector nuclear recuerda que el calendario de cierre acordado en 2019 sigue siendo el escenario con el que trabajan actualmente las empresas, aunque reconocen que la situación energética en aquel momento era “distinta a la actual”. En este sentido, se abren a reconsiderar el calendario “teniendo en cuenta que es esencial garantizar la viabilidad del parque nuclear español durante todo el tiempo que esté operativo”, apunta en un comunicado el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce.
Eso sí, en el comunicado Araluce apunta a la presión fiscal que soporta la tecnología nuclear, por lo que, de replantear ese calendario, las empresas energéticas también pondrían condiciones económicas sobre la mesa.
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