Miguel Ángel Ramírez no olvidará fácilmente el año 2023. Este conocido empresario canario ha visto como el equipo de fútbol que preside desde 2005, la Unión Deportiva Las Palmas, acaba de ascender a Primera División. Habrá que ver si podrá acompañar a su club por los mejores estadios de España la temporada que comenzará a finales de verano. Porque este martes 4 de julio se sentará en otro banquillo, el de un tribunal, acusado de defraudar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social casi 37 millones de euros. La Fiscalía pide para él 21 años y medio de cárcel y 103 millones de multa.
Quien conoce a Ramírez (54 años) sabe, no obstante, que el fútbol siempre ha sido secundario para él. Entró en el universo del deporte rey porque sabía que controlar el palco de un equipo de fútbol abre muchas puertas y posibilidades de negocios. Porque su mundo, donde hizo fortuna, siempre ha sido el sector de la seguridad privada.
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Ramírez creó hace años la empresa Seguridad Integral Canaria y empezó a ser conocido en el sector como ‘el rey de la seguridad” por los muchos contratos que empezó a llevarse de las Administraciones públicas. Entre sus clientes estaban el Ministerio de Defensa, Correos, Patrimonio Nacional, Radio Televisión Española, Metro de Madrid o incluso la propia Seguridad Social. Su fórmula de éxito era sencilla: tirar los precios a costa de pagar poco a los vigilantes a los que daba empleo.
Hacienda llegó a plasmar en un informe que Ramírez sometía a su plantilla a “condiciones leoninas” y que “vulneraba las garantías” del Estatuto de los Trabajadores. Triplicaba los turnos y duplicaba la jornada de sus empleados todo el año, cuando por ley solo es posible durante 15 días. Llegó a tener casi 5.000 trabajadores. “Es un tipo que dice que se ha hecho a sí mismo, con grandes habilidades comerciales y de relaciones con el poder, pero a la hora de respetar los derechos laborales... llegó a despedir a seis miembros del comité de empresa porque se negaron a firmar el convenio colectivo”, señala Basilio Alberto Febles, responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, organización que está personada como acusación particular bajo la dirección del letrado Ismael Franco.
Lo que es un hombre hecho a sí mismo lo ha contado él en algunas entrevistas. Ramírez se crió en un barrio humilde de Las Palmas. No acabó los estudios y empezó a trabajar lavando los coches de los jugadores del equipo local de baloncesto. Incluso se encargaba de secar el parqué de la pista donde entrenaban. En esos primeros años de juventud hizo de todo: vender fruta, trabajar de chófer y ser ayudante de algún detective de Las Palmas. De hecho, hoy tiene el título de detective privado. En 1991, con 22 años, crea su primera empresa, Canarimundi, que se dedicaba al transporte de mercancías. Tres años después diversifica los negocios y abre una charcutería y una tienda de mascotas.
En 1995 crea Seguridad Integral Canaria (SIC), el germen del que será su imperio empresarial con el paso de los años. Luego llegaría el salto a Madrid cuando en 2003 constituye el Grupo Ralons (de sus apellidos, Ramírez Alonso) para ampliar los servicios que ofrece: de la seguridad pasa a la limpieza, los residuos, las residencias, las guarderías, las lavanderías... llegó a gestionar más de 30 empresas y a acumular un importante patrimonio inmobiliario. Pronto le llegan los reconocimientos públicos (es mecenas de la Universidad de Las Palmas, piloto honorario del Ejército del Aire, es Legionario de Honor y tiene la medalla al Mérito Militar) y sus primeros problemas con la Justicia.
Delitos urbanísticos
El primero, por ampliar sin licencia una casa de lujo que se compró en Las Palmas, a la que bautizó ‘El Capricho’. Construyó una pajarera, dos aparcamientos e incluso un estanque. Cuando la Guardia Civil le precintó el proyecto, él decidió seguir con las obras “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según la sentencia que en mayo de 2010 le condenó a tres años de cárcel por delito urbanístico. En 2012, Ramírez pidió el indulto y evitó entrar en prisión. Indulto que el Gobierno del PP le concedió después. Se trató de una medida de gracia parcial, ya que le rebajó la pena a dos años justo para que no entrara en la cárcel. El Supremo luego anuló este indulto por defectos de forma, aunque Ramírez nunca pisó la cárcel.
En 2013 el sindicato USO le denunció por fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. La empresa de seguridad de Ramírez abonaba parte del salario de la plantilla en dietas y kilometraje, conceptos exentos de tributar. “A fin de reducir su partida de gastos y con la intención de menoscabar así los ingresos correspondientes al erario público, durante los años 2009 a 2013 el acusado recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas, lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores. Se ahorraba, por tanto, el abono de las retenciones por el IRPF de sus trabajadores y de las cotizaciones de los mismos”, señala el escrito de la Fiscalía. El ministerio público le acusa de cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.
Ramírez también era un experto en laminar la negociación con los trabajadores. Creó un falso comité de empresa que permitió a Ramírez aprobar dos nuevos convenios que reducían el sueldo de los empleados, les aumentaban la jornada laboral y suprimían conceptos como los pluses de nocturnidad, de festividad o las horas extra. Los convenios, que se descolgaban del nacional del sector, fueron anulados por el Tribunal Supremo.
En el juicio que comienza este martes y que está previsto que dure un mes, la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez recurrió de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados con la excusa de superar la crisis económica iniciada en 2008. Cuando en realidad lo que buscaba el empresario era multiplicar sus beneficios a costa de “perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores”. No ha sido un camino judicial fácil. La instrucción comenzó en 2014, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces, de los que dos terminaron imputados y uno acabó condenado.
La Fiscalía también pide otros 14 años de cárcel y 79 millones de euros de sanción para su socio Héctor de Armas, al que considera el títere de Ramírez. De Armas sustituyó al propietario de la compañía en el cargo de administrador único en 2011. La realidad, sin embargo, fue que Ramírez (que ostentaba el 91,4% de las acciones de la empresa) continuó ejerciendo como director de orquesta a pesar de haber abandonado el puesto.
El rey de la seguridad ya no está en el negocio ni dirigiendo ninguna orquesta. Muchas de sus empresas han desaparecido. De hecho, Seguridad Integral Canaria, que se disolvió en 2017, es hoy una de las 150 empresas españolas que tienen prohibido ser contratadas por alguna Administración pública, según un reciente reportaje del diario Público. Sigue teniendo, eso sí, un concesionario de coches en Las Palmas. El mismo que inauguró en noviembre de 2013 su entonces amigo el ministro José Manuel Soria, que le definió como “el más puro emprendedor que yo conozco”.
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