El ‘marrón’ del próximo gobierno: tendrá que decidir sobre el pago de las autovías

Él próximo gobierno que salga elegido tras las elecciones del 23 de julio tendrá que decidir cómo aborda el mecanismo de pago por utilización de las autovías, un requisito comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Transformación y Resiliencia. Esta medida, implantada en la mayoría de países de la Unión Europea (en Italia, Francia o Portugal se aplican peajes de forma generalizada), es una de las reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con la Comisión Europea en 2021 para recibir los fondos europeos, una cuantía que se eleva hasta los 163.800 millones.

El vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, alertó este miércoles de esta disposición. Si bien, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, elevó esta advertencia en El Hormiguero a un “plan oculto”. Pero de oculto no tiene nada: es un tema que se ha tratado públicamente por parte del Gobierno y se ha recogido en la adenda remitida por el Ejecutivo a Bruselas.

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En concreto, tanto en el primer acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno para ejecutar la primera fase del Plan de Recuperación (el Operational Arrangements, de noviembre de 2021) como en la segunda parte del plan (la adenda), aprobada a principios de junio, se recoge esta idea. “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”, rezaba en el borrador del Gobierno remitido a Bruselas en abril de 2021.

En la adenda, este asunto vuelve a abordarse en el “Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”. En concreto, en el apartado de reformas, se recoge la Ley de Movilidad Sostenible, “que regulará actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, la mejora de la transparencia y rendición de cuentas”.

Tras conocerse el plan enviado a Bruselas, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, puso sobre la mesa el pago por uso de las autovías, pero dado el revuelo político y mediático, el dirigente socialista descartó esta idea para poder llegar a un consenso con los diferentes grupos políticos, pues esta medida “estructural e importante” tiene que pasar por el Congreso en forma de proyecto de ley.

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En el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, presentado en marzo de 2022 por la actual titular del ramo, Raquel Sánchez, la Disposición adicional 13 establecía la “necesidad del presentar un estudio de alternativas que analice las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado”. En todo caso, rezaba el texto, “la implantación de este mecanismo de financiación sólo sería viable si se logra un consenso social y político suficiente”.

No obstante, en el texto definitivo saliente del Consejo de Ministros, en diciembre del año pasado, esta referencia no llegó a incluirse. Si bien, una formación trató de incluir esta disposición en el proyecto de ley. Fue EH Bildu mediante una enmienda al articulado, pero con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, la tramitación de esta norma, como el resto, ha caído en saco roto.

En cualquier caso, en agosto del año pasado, Transportes encargó a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras. Meses antes, Raquel Sánchez decidió retrasar este debate con el sector dado el contexto de las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania.

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Asimismo, a comienzos de año, el Gobierno acordó con Bruselas volver a posponerlo al reiterar que no se daban las “condiciones necesarias”, tanto económicas como políticas (por la cercanía de las pasadas elecciones locales y autonómicas del 28-M). Si bien este asunto ha estado en el debate público en varias ocasiones, todavía no se ha llegado a una conclusión sobre ello y, si no hay más contratiempos, el próximo ejecutivo tendrá que hacer frente a esta patata caliente.

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