La patronal que agrupa a las constructoras y concesionarias de infraestructuras más importantes, Seopan, ha insistido en activar, de nuevo, la tramitación parlamentaria del proyeco de Ley de Movilidad Sostenible y la implantación del pago por uso de vías de gran capacidad, tal y como se comprometió el Ejecutivo con las instituciones europeas, en concreto con la Comisión Europea.
Julián Núñez, el presidente de la patronal ha reclamado también mecanismos para la estabilización de precios en los contratos de obras y servicios públicos, lo que implica recuperar las fórmulas de revisión de precios en los pliegos. En esta línea, Núñez ha pedido que esta revisión de precios esté la fecha final de presentación de ofertas, en vez de en la formalización del contrato o en un máximo de tres meses. Un plazo que ya recoge la legislación actual. También ha pedido que se reduzca la carencia de 1 año a 6 meses, a contar desde el último día disponible para presentar ofertas.
El presidente de SEOPAN ha explicado que en la revisión de las cuantías se debería incrementar el límite del precio de los contratos del 20% al 30%, en lo que representa a contratos de obras públicas y que, en el caso de los contratos de servicios, se añada una revisión sobre los costes de mano de obra. Unos costes que, actualmente, se encuentran excluidos.
Sobre el impulso de la colaboración del sector público y el privado, la patronal ha pedido impulsar la modificación de la fórmula que determina el plazo de las condiciones, modificando la tasa de descuento que, según la legalidad, debe referenciarse a la tasa de mercado y estar públicado en una guía técnica sobre la transferencia razonable de riesgos operativos.
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También ha abogado por adaptar la actual Ley de Contratos del Sector Público para dar cabida a modelos colaborativos de contratación pública de coste objetivo y modelos de alianza.
Ampliar los PERTES
Sobre el programa Next Generation, Seopan ha reclamado poner en marcha la línea de préstamos financieros de la adenda del fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el BEI y dotado con 20.000 millones para promover infraestructuras hidráulicas (que representan 12.000 millones), y el transporte público con metro y tranvía (más de 8.000 millones).
También ve prioritario ampliar el ámbito del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) y del PERTE Naval. Para el primero, demanda una línea de financiación para la construcción y enganche a la red de una infraestructura de recarga pública interurbana en vías de gran capacidad (13.674 km) y convencionales (51.948 km) que incorporaría 10.710 puntos de recarga ultrarrápida en 1.585 electrolineras con una inversión de 3.766 millones.
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Para el naval ha pedido una línea de financiación pública de hasta 1.000 millones para la ordenación y acondicionamiento de la superficie portuaria y la creación de nuevas infraestructuras de abrigo en puertos para el desarrollo industrial de la prefabricación de cimentaciones flotantes asociadas a la energía eólica marina.
Asimismo, Núñez ha reclamado que los presupuestos de 2024 recuperen el presupuesto ordinario de inversión en infraestructuras hidráulicas al nivel medio de 2008-2015, que era de 2.000 millones, para garantizar así la ejecución de 7.724 millones de inversiones titularidad del Estado comprometidas en el ciclo hidrológico 2021-2027.
Información elaborada por la Europa Press
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