Espionaje en el IBEX: penas de 131 años de prisión por la guerra de Repsol y Caixa contra Pemex y Sacyr

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 131 años de prisón para los principales implicados en una de las piezas (la número 21) del caso Villarejo que salpica a empresas importantes del IBEX-35: el supuesto espionaje contratado por altos directivos de Repsol y CaixaBank para encontrar trapos sucios del expresidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero, con el objetivo de evitar que este último se hiciera con el control de la petrolera española mediante un acuerdo con la mexicana Pemex.

En un escrito hecho público este miércoles, Anticorrupción solicita una pena de 40 años y seis meses de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por realizar esos trabajos de espionaje. El ministerio público no puede acusar directamente a Repsol y La Caixa (principal accionista de la anterior) porque el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, ya las exculpó, pero sí solicita prisión para sus respectivos responsables de seguridad, como son Rafael Araújo y Rafael Girona (Repsol) y Miguel Ángel Rancaño (Caixa). Para los tres pide 29, 11 y 21 años de cárcel, respetivamente. La Fiscalía también solicita más de 30 años para Rafael Redondo, socio de Villarejo.

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Toda esta historia comienza en agosto de 2011, cuando la petrolera estatal Pemex y la constructora española Sacyr Vallehermoso llegaron a un acuerdo para incrementar su presencia en Repsol. Pemex pasaría así de tener el 4,8 de las acciones al 9,8%. Sacyr ya tenía el 20%, “lo que implicaba que, sumando la participación de cada una de las mercantiles, Pemex y Sacyr llegarían a controlar sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) un 29,8% del capital de Repsol”, relata Anticorrupción.

“Dicha situación implicaba, de facto, la toma de control de Repsol por parte del Grupo Pemex y de Sacyr Vallehermoso, con las consecuencias que de ello se derivaban para los directivos de la compañía y para Caixabank en su condición de accionista de referencia”, describen los fiscales. Para intentar frustrar este acuerdo, los responsables de seguridad de Repsol y La Caixa contraron a finales de 2011 al Grupo Cenyt, matriz empresarial de Villarejo. Este estaba en activo como comisario de la Policía Nacional.

Araújo y Rancaño conocían de sobra a Villarejo. El primero había sido subdirector de la Policía con el Gobierno del PP; y Rancaño, en esos momentos comisario en excedencia, fue jefe superior de Policía de Madrid. En un primer momento, Villarejo se hizo con el tráfico de llamadas de Luis del Rivero. También fueron espiados la esposa de Del Rivero y el que fuera jefe de seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez.

Por estos trabajos, Villarejo recibió 389.400 euros (IVA incluido), “haciéndose cargo cada uno de los clientes -Repsol y Caixabank- de la mitad de dicho importe total, esto es, de 194.700 euros”. Finalmente elpacto entre Pemex y Sacyr Vallehermoso quedó desactivado a finales del año 2011 porque Luis del Rivero fue destituido como presidente de la constructora y Repsol adquirió el 10% de las acciones que Sacyr. A pesar de ello, los trabajos de espionaje continuaron.

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En la pieza también estuvieron imputados Repsol y Caixabank como personas jurídicas y sus consejeros delegados Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente. Pero el juez instructor consideró después que no era posible atribuirles la responsabilidad de los encargos a Villarejo por parte de sus jefes de seguridad y archivó la causa para ellos y sus compañías.

La Fiscalía solicita 40 años y medio para Villarejo por los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad documental. A los responsables de seguridad de las compañías les atribuye los mismos delitos, en su modalidad de activo en el caso del cohecho. Para Repsol y Caixabank solicita que se les imponga la responsabilidad civil subsidiaria.

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