El Gobierno retira del nuevo decreto anticrisis la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler

El Gobierno ha decidido no continuar con la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. Esta iniciativa no está incluida en el real decreto-ley de medidas aprobado este martes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, el séptimo paquete de medidas desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.

La norma aborda la prolongación de varias medidas, como la rebaja del IVA a los alimentos básicos, pero la “parte socialista” del Gobierno, como critica el socio minoritario, no ha incorporado una nueva prórroga para los contratos sin aumento de precio en caso de que el inquilino no alcance un acuerdo con el casero.

“La parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante 6 meses que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios. Una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler. Indignante es poco”, ha afeado la dirigente de Podemos y portavoz de Vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto.

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Esta medida, aprobada en el anterior paquete a finales de diciembre de 2022, acompañó al tope del 2% a la subida del alquiler durante el 2023. Sí se mantiene en este nuevo decreto-ley la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, según ha explicado este martes la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Si bien, se ha decidido excluir la congelación de los precios del alquiler a contratos renovados, que afecta a todos los inquilinos, al entender que en la nueva ley de vivienda, que entró en vigor a finales de mayo, contempla la extensión de la duración de los contratos durante un año, pero esta cláusula es solo para personas vulnerables.

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“Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego teniendo en cuenta que hemos mejorado el marco de protección de los inquilinos con una protección especial a colectivos vulnerables”, ha señalado Calviño, aunque después ha manifestado su “desconocimiento” sobre estas críticas.

La ministra de Economía ha explicado además que se han extendido “todas las medidas que complementan a la ley de vivienda” y cubrir así el “periodo transitorio” hasta que las comunidades autónomas, que en su mayoría han renovado los gobiernos tras el 28-M, lleven a cabo los mecanismos contemplados en la norma, como la mediación de la administración para impedir los desahucios sin alternativa habitacional.

En la tarde de este martes, Yolanda Díaz, cargó contra el “error” de no prorrogar seis meses los contratos de alquiler, ya que considera que es una “medida imprescindible” para “evitar subidas abusivas”. Previamente, los sindicatos de inquilinos han lamentado que no se haya renovado esta prórroga, algo que “desprotege a miles de hogares”. El colectivo prevé “una avalancha de desahucios invisibles y una subida generalizada de los alquileres”. También, desde EH Bildu han mostrado “su enfado por una decisión que no va en la línea de las medidas sociales aprobadas en la última legislatura”.

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Este nuevo paquete de medidas está incluido en un real decreto-ley ómnibus, que incluye, entre otras, la desgravación del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos; el derecho al olvido oncológico, una medida que no pudo incluirse en una de las normas que se tramitaban en la Cámara Baja por la convocatoria de elecciones; varios permisos de conciliación contemplados en la Ley de Familias, que también decayó con la disolución de las Cortes; herramientas a las comunidades para legislar sobre las licencias VTC, con nuevos criterios medioambientales y de gestión del tráfico; y el retraso de la obligación de cotizar de los becarios, contemplado en la segunda pata de la reforma de las pensiones para que entrara en vigor en octubre.

Este séptimo paquete de medidas anticrisis moviliza 3.800 millones de euros adicionales. Entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, el monto global alcanza los 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, según ha apuntado Calviño, se están movilizando más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra.

Se mantiene las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, huevos, frutas y verduras) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites. Estas rebajas tributarias permanecerán en vigor hasta finales de 2023, “siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%”, remachan desde el Ejecutivo.

El Gobierno extiende seis meses más las ayudas a las CCAA y entidades locales para cofinanciar los descuentos de al menos el 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público. Asimismo, las ayudas directas a trasportistas, agricultores y pescadores seguirán en pie con la bonificación de 10 céntimos por litro de carburante durante los tres primeros meses y de 5 céntimos, entre octubre y diciembre.

Además, se establece la imposibilidad de que las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley planteen el aumento de los costes energéticos como causa de despido. Y se amplía hasta finales del 2023 el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros, establecido en junio del año pasado.

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