La semana arranca con otro varapalo para Uber, Bolt y Cabify. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un nuevo decreto ley para blindar al sector del taxi y regular la actividad de las VTC. La propuesta llega pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la UE tumbase la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis, al considerar que dicho ratio estaba por encima de lo que establece la normativa europea. El Ejecutivo, con este movimiento, recupera la declaración del taxi como “servicio de interés público” y restringe la concesión de nuevos permisos para vehículos de transporte con conductor por motivos medioambientales.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido la encargada de anunciar las novedades del último paquete de medidas anticrisis. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la responsable económica del PSOE ha explicado cuál es la intención del Gobierno: adaptar el régimen jurídico del servicio de arrendamiento de VTC para cumplir con las leyes europeas.
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El texto, aprobado este martes, incluye cuatro grandes puntos, entre los que destaca la dotación de herramientas a las administraciones autonómicas y municipales para limitar nuevas autorizaciones de licencias VTC. Esta era una de las principales demandas del sector del taxi. La gestión de los permisos para la circulación de estos vehículos es competencia de las comunidades y ayuntamientos. Hace apenas dos semanas, la UE abría la puerta a restringir la concesión de permisos por motivos de contaminación o congestión del tráfico.
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La nueva norma pone el foco en la proporcionalidad
El Gobierno ha defendido que la nueva regulación está alineada con el marco legal europeo y toma como base la proporcionalidad. Del mismo modo, se tienen en cuenta factores como la competencia leal, las malas prácticas y la protección del interés general. El texto incluye disposiciones como que el titular de la licencia VTC tiene que disponer del vehículo en propiedad o arrendamiento durante más de tres meses. También se atienden las exigencias para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de CO2.
La autorización será denegada si, en el momento de la solicitud, se superan los límites anuales de contaminación en la comunidad autónoma en la se pretenda tramitar el alta. Este criterio también se debería aplicar para los taxis, pero con la declaración de “servicio público”, el Gobierno se reserva la posibilidad de establecer requisitos diferentes para cada uno de los negocios. Los cambios afectarán, por ahora, a los conductores que quieran empezar de cero en empresas como Uber, Bolt o Cabify. Sin embargo, aquellos que actualmente tienen un permiso activo deberán cumplir con la nueva norma antes de renovar sus licencias.
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El sector de las VTC se ha mostrado crítico con la “discriminación” que suponen estas medidas en beneficio de otros medios de transporte, por lo que pedirá a Bruselas que abra un expediente contra el Gobierno español. Los taxistas, por su parte, han desconvocado la manifestación que tenían programada para este jueves al considerar que, con las restricciones del Gobierno, “han ganado una batalla muy importante”. El Ejecutivo esquiva la polémica y dice buscar la “convivencia pacífica” entre ambos negocios.
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