Un año de la masacre de Melilla: ausencia de investigación, dudas respecto a lo ocurrido y una responsabilidad que no asume nadie

Eran casi las 7 de la mañana del día 24 de junio de 2022, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por parte de las autoridades marroquíes alertado sobre un intento masivo de asalto de la valla que separa Marruecos de Melilla. En concreto, cerca de 2.000 personas trataron de acceder a suelo español a través del paso fronterizo de Barrio Chino. Un intento de asalto que las fuerzas policiales de ambos lados de la frontera trataron de contener y que provocó que 37 personas perdieran la vida y 76 se encuentren aún, a día de hoy, en paradero desconocido. Un año después todavía no se ha puesto luz sobre oscuridad respecto a lo que realmente ocurrió. Un año después ni se ha abierto una investigación ni se la espera, así como tampoco nadie ha asumido su parte de responsabilidad por lo ocurrido.

La masacre que se produjo en Melilla todavía sigue siendo una incógnita. Ninguno de los dos gobiernos ha comparecido para rendir cuentas de lo que pasó hace un año. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha defendido que “los hechos se produjeron en suelo marroquí” y que no hubo que “lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional”. En esta línea es en la que se ha mantenido el ministro cada vez que ha subido a la palestra a hablar sobre estos hechos. “Se ha constatado de forma evidente que la tragedia sucedió principalmente en otro país”, aseguró en múltiples ocasiones, además consideró una “irresponsabilidad” afirmar que no se había atendido a los migrantes que lo necesitaron.

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Por su parte, el presidente del Gobierno mostró su respaldo a Marlaska, por su “eficacia” y “honestidad” tras ser cuestionada su gestión durante la tragedia de Melilla. “Tiene todo mi respaldo y mi reconocimiento, es un gran ministro del Interior”, aseguró. Pedro Sánchez destacó que el magistrado socialista había actuado con “estricto cumplimento de la legalidad” y desde una “perspectiva de derechos humanos”. “Tiene toda mi confianza”, concluyó.

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A este posicionamiento por parte del Gobierno, hay que añadir la decisión de la Fiscalía española de archivar la causa en diciembre de 2022. Lo que sí hicieron fue trasladar la recomendación al departamento del Interior de que abrieran un expediente administrativo contra algunos de los guardias civiles que arrojaron piedras a las personas migrantes y refugiadas, recuerda en un comunicado Amnistía Internacional. Esta organización también ha incidido en que no se ha abierto ninguna investigación “adecuada” sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera. “De alguna forma la Fiscalía ‘aprueba’ la respuesta de las fuerzas de seguridad y no entró a investigar la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español, que también es objeto de su jurisdicción”. Respecto a Marruecos, aseguran que tampoco han investigado la violencia empleada por sus fuerzas de seguridad.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha afirmado que “la impunidad en los colectivos se ha perpetuado. No hay ningún tipo de investigación por parte de España ni de Marruecos y parece que se han puesto de acuerdo en ocultar lo que realmente ocurrió aquel día”. A lo que ha añadido que “un año después ninguna víctima ni los familiares han recibido la verdad ni justicia de reparación por parte de ninguno de los dos Estados”.

Un total de 22 cuerpos se encuentran en la morgue de Marruecos, esperando a ser identificados. El problema, explica Amnistía Internacional, es que ni España ni Marruecos han facilitado una lista completa de los nombres de las víctimas, así como tampoco sobre las causas de su muerte. A ello se une el hecho de que al menos 76 personas se encuentran todavía en paradero desconocido. Esto se debe, explican a “la inacción y los obstáculos del propio gobierno marroquí”. Esta asociación explica que las familias sudanesas que creen que sus seres queridos se encuentran entre los fallecidos no pueden viajar a Marruecos debido a la denegación de visados y la imposibilidad de comprar un billete.

“Las familias han encontrado trabas para viajar a Marruecos y conocer las pruebas de ADN”, detalla Beltrán. A quienes tampoco han ofrecido ningún tipo de indemnización por parte de España ni del país marroquí, así como tampoco les han dando ninguna ayuda que les permita conocer el posible paradero de sus familiares. “Su situación es de absoluto desamparo”, consideran desde Amnistía Internacional.

“Hoy sigue siendo prácticamente imposible pedir asilo en Ceuta y Melilla, el propio ministro del Interior ha reconocido que desde julio de 2022 no hay ninguna petición de asilo nueva en estos territorios”, explica el director de Amnistía Internacional en España. En el documento difundido por la organización, explican que únicamente existe una oficina para realizar este trámite, por lo que “no hay manera real que permita que personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan pedir protección internacional”. Además, aseguran que los únicos datos disponibles al respecto son de entrada de manera irregular.

En este sentido, Esteban Beltrán ha afirmado que “la situación sigue siendo grave, se puede repetir y puede volver a haber nuevos muertos y una nueva masacre en la frontera, como ha ocurrido durante los últimos 25 años. La situación debe cambiar radicalmente”. Un año después esto es lo que se conoce, un elevado número de muertes, personas en paradero desconocido, gobiernos que miran al suelo cuando escuchan las palabras ‘investigación’ o ‘explicación’, unas fronteras donde es imposible pedir ayuda y unas familias que, un año más tarde, siguen buscan los cuerpos de sus seres queridos que aquel 24 de junio partieron y nadie a vuelto a saber de ellos.

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